Presentes y ausentes en el desfile de la comisión de la 'trama eólica'

La investigación parlamentaria sobre el posible cobro de 110 millones de euros en comisiones ilegales (según un informe de la Agencia Tributaria) deja el terreno de las consultas de expedientes y documentos, del papel, y se adentra en la preparación de las comparecencias de personas que pueden aportar luz sobre si existía o no una trama de concesión de licencias de parques eólicos y sobre si hubo o no sobrecostes, mordidas y perjuicio a los contribuyentes por mal uso de dinero público en la compra del edificio que la Junta adquirió en Arroyo de la Encomienda y los terrenos para montar un polígono industrial en Portillo que hoy son un barbecho.

La comisión ha aprobado la citación en las Cortes de 43 personas. con cuatro consejeros de distintos gobiernos de Juan Vicente Herrera a la cabeza: Tomás Villanueva, Pilar del Olmo, Carlos Fernández Carriedo y María Jesús Ruiz. Y los dos presuntos comisionistas, Rafael Delgado y Alberto Esgueva. El primero, alto cargo durante años en la Consejería de Economía y Empleo con Tomás Villanueva. El segundo, directivo de la empresa pública Excal, que dependía de esa consejería.

En ese listado de 43 comparecientes hay empresarios, tasadores y también el inspector de la Agencia Tributaria que elaboró el informe que ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. En principio están obligados a acudir a las Cortes. Otra cosa es contestar a las preguntas que les hagan los procuradores de la comisión de investigación.

Pero la polémica del listado de comparecientes no está tanto en quién va a recibir la citación, sino en las ausencias. El PSOE, por ejemplo, habían puesto sobre la mesa 116 nombres. El PP ha cerrado la puerta a la comparecencia, entre otros, de Georgina de la Lastra, actual delegada autonómica de la Agencia Tributaria y mano derecha durante años de Pilar del Olmo como secretaria general de la Consejería de Hacienda. O de Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid; o del hermano del anterior, el exdiputado, exministro y embajador en Londres, Federico Trillo; o de los exparlamentarios del PP Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme. Los tres últimos en su calidad de asesores de la empresa Collosa. O del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Es la noticia de una semana en la que ha quedado patente que la reforma del Estatuto de Autonomía es un asunto complejo en contenido y plazos, marcado por los tiempos que impriman los diferentes actores desde Castilla y León y por la situación de las Cortes generales (necesita un consenso amplio en ambos escenarios), han vuelto a salir a relucir los coches oficiales de las Cortes y la crónica de tribunales deja en el juicio que se sigue por el asesinato de Isabel Carrasco la constatación de que tanto el calzado como la ropa de Triana Martínez, hija de la autora confesa de los disparos que acabaron la vida de la todopoderosa dirigente del PP de León, contenían residuos de disparos. Eso implicaría que habría participado en 'ensayos' de tiro y echaría por tierra la versión de que era ajena a un posible complot.