La comisión de la trama eólica tropieza con más plazos y trabas de acceso a expedientes

Las Cortes de Castilla y León han acogido una reunión más de la la comisión de investigación que aborda el presunto pago de comisiones millonarias en la concesión y transmisión de parques de aerogeneradores, lo que se conoce ya como la trama eólica, en la que se ha puesto de manifiesto la ralentización de la tarea que tienen por delante los procuradores que la integran.

Al varapalo de la negativa de la Agencia Tributaria (por segunda vez) y la Fiscalía Anticorrupción de facilitar el informe de los inspectores del organismo de recaudación de impuestos que apunta a un posible cobro de comisiones ilegales de hasta 110 millones de euros en el que estarían involucrados exaltos cargos de la antigua Consejería de Economía y Empleo, se ha sumado la apertura de un nuevo plazo para solicitar documentación sobre los dos asuntos que se han incorporado a la investigación parlamentaria: la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y la de los terrenos de polígono frustrado de Portillo, ambos en Valladolid y proyectos que se ejecutaron siendo consejero Tomás Villanueva.

Los integrantes tendrán hasta el 18 de enero para solicitar esa documentación, la comisión volverá a reunirse el 20 para valorar la solicitudes y la Junta tendrá dos meses de plazo para remitirla a las Cortes. Javier Izquierdo, del PSOE, ha lamentado que no se haya dado trámite a las solicitudes que ellos llevaban preparadas y que el PP se haya opuesto a la comparecencia inmediata de los exconsejeros Tomás Villanueva y Carlos Fernández Carriedo (hoy portavoz del PP en las Cortes) para esclarecer cómo unos expedientes que iban «sorprendentemente despacio» se resolvían en días al cambiar los titulares. «En las resoluciones del Bocyl hay información suficiente como para hacer preguntas concretas a Villanueva y Carriedo».

Todos los grupos de la oposición han reiterado, además, la dificultad que entraña tener que consultar los expedientes solicitados en cada una de las nueve delegaciones territoriales de la Junta y lamentaron que el Ejecutivo no haya dado más facilidades. «El PP hace de 'stoper' y defensa leñero de la Junta», ha censurado Izquierdo, que ha acusado a Herrera de «connivencia» para que el ritmo de la comisión sea «muy lento». «No hay una instrucción política clara del presidente de la Junta para que se agilicen los trabajos de esta comisión», ha zanjado el procurador del PSOE.

El voto en la comisión es ponderado y el del PP equivale al 50% frente al otro 50% que suman el resto de formaciones. Si hay empate, no sale adelante la propuesta que se vota, que es lo que está pasando con todas las de la oposición.

Raúl de la Hoz, parlamentario del PP, ha reclamado a los socialistas «rigor, seriedad, prudencia y sensatez» y ha añadido que «la Fiscalía lleva más de un año investigando el asunto y nosotros poco más de dos meses». Se aprobó a finales de septiembre y arrancó el 14 de octubre.

De la Hoz ha defendido que los plazos para solicitar información deben ser «igual para todos» y reiterado que primero hay que estudiar la documentación y luego pedir las comparencias. Una tarea que hay que hacer, a juicio de los populares, «sin prisas, adelantar tiempos es imprudente».

Pablo Fernández, portavoz del Podemos, ha criticado la «ralentización y demora de la documentación»; José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, «la indolencia de que todo se retrase más cada día» y el leonesista Luis Mariano Santos, representante del grupo mixto, ha reconocido que los procuradores de la oposición están «desalentados, que se demuestra, como en otros ámbitos, que Hacienda no somos todos» y que la negativa de la Agencia Tributaria y la Fiscalía a facilitar el informe que sacó a la luz el asunto y la actitud de la propia Junta de no facilitar el acceso a la información le pueden llevar a «abandonar la comisión en un futuro. Si no va a ser posible investigar, no estamos aquí para perder el tiempo».