UPA-Coag denuncia que solo el 18% de los ganaderos de leche optará a las ayudas del Ministerio
La Alianza calcula que 69 profesionales recibirán los 300 euros por vaca y otros 190, los 110 euros por animal
el norte
Lunes, 19 de octubre 2015, 20:13
La Alianza UPA-Coag denuncia que solo el 18 por ciento de los ganaderos de leche de Castilla y León podrá acogerse a las ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Las organizaciones agrarias señalan que, a pesar del incremento de los umbrales para optar a estas ayudas, apenas 69 profesionales podrán acceder a los 300 euros por vaca y otros 190 percibirán los 110 euros por animal.
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A la vista de estos datos, UPA-Coag apunta que se confirman los «peores temores» que la organización anunció en septiembre, tras la conocer la orden ministerial, sobre las «escasísimas probabilidades» que los ganaderos de Castilla y León tendrían para acceder a las ayudas del Magrama.
Precisamente, la Alianza denuncia que Castilla y León será una de las regiones más castigadas pese a ser una de las regiones más productoras de leche. Frente a los 259 ganaderos de la Comunidad que recibirán ayudas están los 5.756 productores gallegos beneficiarios.
Unas cifras que, según un comunicado de la Alianza, «pone en entredicho» a la ministra de Agricultura que ha insistido que todos los ganaderos de leche de Castilla y León en situación complicada se verían beneficiados por las ayudas nacionales que se recogieron en el `pacto lácteo, firmado el pasado 10 de septiembre.
La ayuda ministerial del primer umbral beneficiará a los ganaderos que durante los meses de abril, mayo, junio y julio hayan percibido un precio de leche inferior a 0,259 euros/litro, mientras que si fue inferior a 0,285 euros/litro accederán al segundo tramo de ayuda.
«Tomadura de pelo»
Estos datos confirman, según UPA-Coag, la «tomadura de pelo» que supone la ayuda nacional, «vendida a bombo y platillo» por parte del Gobierno y de los firmantes del pacto lácteo (Industria, Distribución, Asaja y Cooperativas). En su opinión, ha sido una «maniobra propagandista y electoral» por parte del Ministerio de Agricultura, secundada por la patronal láctea, las grandes superficies y una organización agraria.
