El Consejo de Cuentas plantea más control de los avales de la Junta y los impagos de Sacyl
Encabo propone, en la línea del Tribunal de Cuentas y organismos similares autonómicos, que se les adelanten los datos sobre el cierre presupuestario para agilizar las auditorías
S. E.
Viernes, 20 de febrero 2015, 13:55
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ha defendido en las Cortes el informe elaborado por este organismo de control sobre la cuenta general de la Junta del año 2012.
La auditoría refleja, entre otros asuntos, que el crédito del Plan de Pago a Proveedores permitió a la Gerencia de Salud abonar facturas atrasadas por valor de 989,45 millones de euros, pero que ese capítulos de impagos no quedó a cero, puesto que el Consejo de Cuentas refleja que, a 31 de diciembre de 2012, había pagos pendientes en Sacyl por valor de 199 millones de euros. «Siguen existiendo obligaciones pendientes de satisfacer que generan gastos de demora», ha reconocido Encabo.
El presidente del Consejo de Cuentas recomienda a la Junta reforzar el control de la tramitación de los avales que da a las empresas estableciendo «criterios objetivos» para acreditar la viabilidad técnica, económica y financiera de las firmas avaladas. Insta a las consejerías competentes a «prestar especial atención a los controles para verificar el mantenimiento de la solvencia de las entidades avaladas».
La comparecencia de Jesús Encabo para analizar los resultados del informe sobre la cuenta general de la comunidad recoge, una vez más, idénticas recomendaciones a las que el organismo ha hecho en años anteriores para atajar las «deficiencias» encontradas, lo que significa que la Junta, año tras año, no considera necesarias esas modificaciones y no las toma en cuenta.
Jesús Encabo ha trasladado a los procuradores una consideración que pusieron de manifiesto hace unos días responsables del Tribunal de Cuentas estatal y de organismos similares autonómicos. Plantea que la Junta adelante al 30 de junio del año siguiente la información sobre el cierre del presupuesto del ejercicio anterior para poder agilizar la fiscalización de los datos. De esta forma, toda la documentación sobre el cierre presupuestario de 2014, por ejemplo, estaría sobre la mesa de los auditores en junio de 2015 y no en 31 de octubre como ocurre ahora.
