Clemente: «No hay otro sector con tanto impulso público para incorporar a los jóvenes como el agrario»

Pendientes de recibir el visto bueno por parte de la Comisión Europea, la Consejería de Agricultura ha dedicado gran parte de sus esfuerzos durante los últimos meses a elaborar el nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) que se aplicará entre 2014 y 2020. «Es la herramienta más importante para aplicar las políticas agrarias regionales» y, por tanto, la que regirá el futuro del sector, según la máxima responsable del departamento, y está además muy trabajado con los afectados. Silvia Clemente se felicita por la incorporación del algunas de la 580 alegaciones que recibieron y confía en que este documento pueda cambiar la realidad del medio rural. Y no esconde, además, su convencimiento, aunque reconozca que esta labor no venga cargada de retos. El de la incorporación de jóvenes es el principal, pero no le asusta. Dice que ya han sumado 4.000 y está dispuesta a continuar.

¿Garantiza este documento que los jóvenes se van a querer quedar a vivir en el campo?

Yo creo que el conjunto de medidas que vamos a establecer en Castilla y León a través del PDR, de la Ley Agraria, de la Estrategia de Apoyo a la Industria Agroalimentaria, del Plan de Acción para el Cooperativismo y a través de Agrohorizonte, creo que los jóvenes van a ver el campo lo suficientemente atractivo como para fijar su futuro laboral en él.

Sabe usted que es un gran reto

Sí, pero tenemos muchas herramientas en este momento. La Ley Agraria prevé un fondo de tierras disponibles que da prioridad a los jóvenes. En el aprovechamiento de recursos pastables les damos prioridad; en la incorporación a la actividad, se obtiene el doble que hasta ahora de apoyos directos; en la estrategia de industria agroalimentaria, los jóvenes tienen acceso preferente a las ayudas directas y reenvonsables; hemos creado una figura para el cooperativismo que son las entidades prioritarias de interés regional; en el nuevo PDR, hemos incorporado una nueva medida que es el apoyo a jóvenes empresarios emprendedores, dotada con ocho millones, que va a permitir que un joven que realice otra actividad pueda emprender una actividad empresarial en el mundo rural de forma parcial. Y esto da buenos resultados porque hay quien prefiere probar primero y después se quedan. En definitiva, un joven que elija cualquiera de estos soportes para poner en marcha su actividad y además se beneficie de las ayudas directas, no creo que encuentre ningún sector donde el impulso público vaya a ser tan importante para que un joven se incorpore como en el sector agrario. Yo tengo mucha confianza en que va a dar muy buen resultado.

Prioridades

Entremos entonces a detallar el plan. ¿Cuáles son las prioridades del nuevo PDR?

obre todo hay una apuesta por la competitividad de las explotaciones agrarias, pero el apartado más importante de este programa va a ser la incorporación de jóvenes. La dotación presupuestaria para ello se incrementa el 60%. Es un porcentaje extraordinario. Pasamos de 78,5 millones de euros, que es el presupuesto que hemos tenido en el último PDR, a 125 millones. Esto es así porque entendemos que el futuro del sector agrario está directamente vinculado a la regeneración del capital humano.

No es una tarea sencilla

No, pero nosotros hemos tenido muy buenos resultados en Castilla y León en la incorporación de jóvenes con las posibilidades que nos habían brindado hasta ahora las políticas europeas. Hemos sido la comunidad autónoma que más jóvenes ha incorporado en España, con más de 4.000 en estos últimos siete años, y ahora lo que hacemos es incrementar el número de líneas de ayuda y las hemos diseñado como una prioridad en nuestro programa de desarrollo.

¿Qué más se persigue con ese plan?

Vamos a apostar también por un desarrollo equilibrado, por infraestructuras nuevas, sobre todo modernización y nuevos regadíos. De hecho, se van invertir 437 millones. Respecto a los nuevos regadíos, la previsión es poner en marcha, en el periodo 2014-2020, 20.844 hectáreas de nuevos regadíos y en esta cifra se incluyen obras relevantes para la comunidad como Payuelos (León) o La Armuña (Salamanca). Y también hay una apuesta por el uso eficiente de los recursos naturales y por la innovación, esta última ligada a la estrategia de I+D+i que ha hecho Castilla y León en el marco de Europa. Pero la novedad de este nuevo marco es que hemos ligado las medidas del PDR a un proyecto de desarrollo integral de la comunidad eligiendo siete sectores estratégicos sobre los que las medidas horizontales del PDR van a incidir.

¿Qué significa eso?

Pues que un joven que se incorpore, además de tener más ayudas para este periodo, van a encontrarlas potenciadas cuando se incorpore a uno de estos siete sectores: la remolacha, el vacuno de leche, el ovino, el ibérico, las hortalizas y la patata, los cultivos herbáceos de alto valor y el vino. Lo que pretendemos es conseguir un desarrollo fuerte de este sector, haciendo valer todo el esfuerzo que ya hemos hecho en el pasado.

¿Por ejemplo?

En remolacha hemos hecho un gran esfuerzo en modernización regadíos que permite una mayor competitividad. Ahora se trata de cerrar el círculo y hacer ya todo el esfuerzo que permita un despegue absoluto de los sectores.

¿Qué medida considera más importante de las 17 con las que cuenta el plan y de las 36 submedidas que lo sustentan?

La de la modernización de explotaciones que dispone globalmente de 816 millones de euros para todo el periodo y que se divide en varias submedidas. En ella se incluyen los 200 millones para la modernización propiamente dicha; 179 millones para el apoyo a industrias agrarias, etc. Es la medida más importante porque es en la que se sustenta todo el apoyo a la competitividad. Pero hay otras medidas, ligadas a los sectores que le acabo de citar como, por ejemplo, el vacuno de leche o la remolacha, porque van a desaparecer las cuotas y por eso necesitan más fortaleza y apoyo desde el sector público.

¿En qué consisten?

En el caso del vacuno de leche pondremos en marcha un seguro de rentas para los ganaderos. Est sector tiene un problema latente y es que los precios de venta no cubren los costes de producción. Por eso hemos incorporado un seguro para que los ganaderos que se acojan a él tengan garantizada una renta y es una forma de dar estabilidad al sector. Es una medida pionera en España; somos la única comunidad que lo ha recogido y creemos que es importante ante la supresión de las cuotas.

¿Cree que se acogerán al seguro?

Creo que sí. Además, esto es fruto del trabajo que se ha realizado en las mesas previas y contamos con el beneplácito de los representantes del sector, que han aplaudido la medida. Tenga en cuenta que va a ser una medida subvencionada, vamos a compartir el coste de este seguro para incentivarlo. Probablemente, si no fuera así, sería muy difícil que existiera o que lo creara una aseguradora privada. Mantenemos contacto con algunas y sabemos que les interesa.

Remolacha

¿Y en la remolacha?

Lo que vamos a hacer es introducir una medida agroambiental nueva porque es un cultivo que tiene efectos muy positivos. Desde ese punto de vista, y sujetándolo a determinadas consideraciones, podrá ofrecer mayor respaldo económico a los cultivadores de remolacha. Es una ayuda económica que todavía no hemos fijado pero que equivale a un contrato a cinco años para el agricultor que se comprometa a determinadas prácticas medioambientales y a cambio recibirá una subvención.

¿Cuáles son esas condiciones?

Pues, por ejemplo, mantener un cuaderno agroambiental, ampliar la rotación a cuatro hojas, respetando un mínimo de tres años; gestionar la explotación con el asesoramiento técnico que se le facilite, realizar análisis del suelo para que tenga un programa de abonado adecuado al cultivo; incorporar al suelo las hojas y restos de la remolacha como una acción de captura de CO2.

¿Por qué no han fijado todavía esa cuantía?

Porque es muy importante que en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) del Azúcar la industria se comprometa a fijar un precio. Es la condición para establecerla porque entendemos que tiene que hacer el mayor esfuerzo posible para pagar la remolacha y no lo puede ligar a la cuantía de ayudas públicas.

Pero usted es consciente de que Azucarera, que es la única industria que está en el AMI, no va a fijar un precio porque entiende que no se lo exige la Comisión Europea

Pues le tiene que fijar. Ya les hemos dicho que para fijar la cuantía de esta medida tienen que poner antes ellos la aportación económica. Que la Comisión no fija la obligación, bueno, pues la fija la Junta de Castilla y León.

¿Cuál sería ese precio mínimo a su juicio?

No sabría decirle porque de lo que se trata es de que los precios tengan cada año relación con los del resto de cultivos. No se trata de poner una cantidad absoluta, sino de que el precio de la remolacha se fije teniendo en cuenta también lo que se paga por el azúcar. Son dos cuestiones que se tienen en cuenta en otros países y entendemos que aquí es necesario hacerlo también. Y tiene que ser un compromiso obligatorio que solo se obtiene en las interprofesionales que es donde se genera el carácter vinculante para los distintos actores.

Acor, que no está en el AMI, ya ha fijado un mínimo de 42 euros por tonelada de remolacha, ¿le parece suficiente?

Yo creo que Acor viene en los últimos años fijando los precios que paga de forma muy razonable y justa y creo que ha dado muestra de que está totalmente comprometido con la continuidad del cultivo. Creo que es Azucarera quien tiene que sentarse en el AMI. Piense que Acor, al ser una cooperativa, fija sus compromisos garantizando el mantenimiento de sus socios, y eso le da un plus.

Hablando de dinero, ¿cómo se financiará el nuevo PDR?

El presupuesto total asciende para todo el periodo a 1.822,8 millones de euros. El 53,1% procede del fondo europeo (969 millones); el 38,2% de la Junta (696,5 millones) y el 8,6% del Ministerio (157,3 millones).

Esta última cantidad parece muy escasa respecto a las demás, ¿no?

Sí. Es el resultado de poner el 30% en la cofinanciación. Cada medida tiene una financiación establecida por Europa, algunas llegan al 80% y otras al 53%, y el Estado ha dicho que solo financia el 30% de la cofinanciacion de Europa teniendo en cuenta el máximo. Eso ha provocado que nosotros, por mantener algunas líneas que consideramos fundamentales, tengamos que poner más.

De aquí a final de año usted anunció una inversión de 100 millones de euros en el campo procedente de fondos rurales, ¿lo mantiene?

Cada anualidad de ejecución del programa tenemos una previsión de pagos que va ligada a que los expedientes estén completamente certificados y en segundo lugar a garantizar que se aplican los fondos europeos con las reglas que impone Europa. Esto marca los pagos. Esa regla siempre la hemos cumplido y, de hecho, somos la comunidad que mejor ejecución de PDR ha hecho teniendo en cuenta el montante el programa. Estamos en el 82% de gasto del actual programa. Se han pagado ya más de 1.500 millones de euros en Castilla y León. Lo que resta, de aquí a final de año, son 96 millones los que estamos en disposición de pagar. En la conferencia sectorial de julio el Ministerio puso de manifiesto, y además está escrito, que faltaban en ese momento 117 millones de euros si no recuerdo mal, para poder cumplir con todas las comunidades. Y estamos esperando a que esto suceda y espero que se produzca la transferencia. Estamos en octubre, espero que se lleve a cabo.

Creo que los cálculos del Ministerio se elevan hasta los 46 millones, ¿coincide con sus previsiones?

Si, en esa cifra podemos estar de acuerdo, pero lo importante es que llegue la transferencia, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos riesgo de perder fondos. Ya hemos pagado 2012 y estamos pagando 2013. Somos una comunidad muy cumplidora, y es verdad que somos muy exigentes con estos pagos porque nos ha dado muy buenos resultados. Que Castilla y León duplique la renta agraria es porque nuestro sector es muy competitivo. El año pasado obtuvimos 2.800 millones de renta agraria que supuso un crecimiento del 17%, el doble de la media nacional. Por lo tanto nuestro PDR ha dado magníficos resultados.

Las cooperativas

Cambiemos de asunto y hablemos de las cooperativas, ¿por qué es necesaria esa medida que ha anunciado y que se recoge en la Ley Agraria, que es la creación de las entidades prioritarias de interés regional? ¿No etán satisfechos con la ley nacional de cooperativas?

No da respuesta el planteamiento nacional porque está pensada para las cooperativas de segundo grado y porque son de carácter supraautonómico. En Castilla y León la inmensa mayoría son de primer grado y no operan a ese nivel porque es una comunidad muy grande y estas sociedades actúan en distintas provincias. Por eso, ese criterio, por nuestra extensión, no reconoce la realidad de esta comunidad y hemos decido darles el carácter de interés regional para que tengan acceso a las líneas de apoyo de nuestro PDR.

¿Cómo lo van a hacer?

Hemos incluido medidas que van a apoyar que se hagan más grandes, que tengan más capacidad de gestión, y vamos a apoyar a los socios que acepten esa situación. Eso va a dar pie a que las cooperativas concentren su actividad, que es lo que se persigue porque les va a dar más poder a la hora de obtener mejores precios.

Con un reto importante que es el de implicar a los socios

Sí, pero vamos a hacer algo que va a permitir que los socios quieran esa condición y es que vamos a dar más ayuda a los que estén en entidades prioritarias de interés regional. Ellos mismos lo van a pedir porque también individualmente se van a poder beneficiar de esa condición. Pretendemos que sea un proceso de petición que vaya de abajo a arriba, que no tenga que imponerse por las juntas directivas de las cooperativas sino que sean los socios los que acudan a planteárselo.

Una circular de la Comisión de Mercados y Competencia, fechada en julio, recoge novedades respecto al pago de las tarifas eléctricas para los regantes. ¿Se cumplen sus expectativas?

En realidad esa circular recoge algunas de nuestras peticiones, que también formuló Ferduero desde Castilla y León. Nosotros pedimos que el año se dividiera en dos épocas: otoño y verano, y eso se ha conseguido. Queríamos que los regantes pudieran contratar en la época del año que realmente consumen, que es el verano, y en esta circular también se recoge así y además, esto ya existe en Francia, por ejemplo, lo que supone un ahorro del 40% en el coste energético. Y también se recoge otra cosa que nosotros pedíamos y que es que los contratos pudieran ser inferiores a un año, pero se contempla con una penalización desde el 35 hasta el 135% cuando haces el contrato en menos tiempo. Por supuesto, esto último nosotros no lo pedíamos.

¿Cuándo entrará en vigor?

El efecto de esta circular no se conocerá hasta enero porque será cuando se publiquen las tarifas eléctricas, el coste real de cada tramo y el mes. Pero hay algo muy importante, que es un avance, y es que antes junio y julio recogían peajes altos durante el día que ahora han desaparecido, y eso es una buena noticia. Lo que hacemos nosotros desde el Itacyl es asesorar a las comunidades de regantes para que elijan la mejor opción teniendo en cuenta sus horas de riego y los costes.

Los topillos

¿Ha habido plaga de topillos?

No, no ha habido plaga de topillos. Lo que hay es una población más abundante de lo normal en Tierra de Campos, en las provincias de Valladolid, Palencia y Zamora. Hemos mantenido, y por eso puedo decirlo con seguridad, un control y una vigilancia durante el último año porque estamos ante un año completo de vigilancia extrema, donde hemos multiplicado por diez todos los controles. Y esas medidas han dado resultado porque en primavera había exceso de población en Salamanca y Ávila, y en esos lugares ya no lo hay.

Sin embargo, Asaja Palencia les quiere llevar a los tribunales por mala gestión.

Creo que no se ha medido la situación y, además, esta denuncia que han advertido y no sé si han materializado, no tiene ningún fundamento. Ya en el pasado estas denuncias fueron desestimadas al entender que la responsabilidad es directa de los agricultores cuando no hay declaración de plaga.

¿Tendrán que votar otra vez los agricultores cuando entre en vigor la nueva ley de representatividad del campo?

Pues no lo sabemos. No sabemos cómo se va a aplicar el proceso y no le puedo decir, pero según está planteada la ley, a priori tendrían que volver a votar porque es un sistema que no ha contemplado el proceso de elección tal y como se ha hecho aquí; no es el mismo censo y, por lo tanto, no hay equiparación. Supongo que tendrían que volver a votar.

¿Qué futuro les espera a las cámaras agrarias?

El que las organizaciones profesionales que las dirigen elijan. Hemos definido un marco en el que garantizando que las funciones públicas las presta la Consejería de Agricultura, permite a las cámaras agrarias que creen una cartera de servicios y asesoramiento a las juntas agropecuarias que les garantice viabilidad.Si son capaces de definirla, pues podrán optar a su continuidad.