Vicente Guilarte: «La sola mención de Rajoy impide la necesaria reforma del Registro»

Si entre los ocho «juristas de reconocido prestigio» resultado del pacto parlamentario para escoger a los ocho vocales no jueces del nuevo Consejo General del Poder Judicial hay alguno que realmente lo cumple, ese es Vicente Guilarte Gutiérrez. Para comprobarlo no hay más que hacer un par de llamadas y un barrido por el extenso catálogo de publicaciones especializadas que firma desde los años noventa del pasado siglo.

Socarrón como un abogado de pueblo y cáustico como un profesor inglés en realidad, el único partido en el que reconoce militar con fervor de tuno es «su» Universidad, la UVA Vicente Guilarte Gutiérrez tendrá desde diciembre, en cuanto el Rey formalice los nombramientos, una tercera ocupación: formar parte del órgano de gobierno de los jueces.

Nacido en Bilbao hace sesenta años («sí, en Bilbao», apostilla, «porque los de Valladolid nacemos donde nos da la gana»), está vinculado estrechamente desde 2002 al cuerpo de registradores, lo que le ha llevado a compartir, más de una y dos veces, trayecto y café en el AVE hacia Madrid con otros habituales: los diputados vallisoletanos Soraya Rodríguez y Mario Bedera, su amigo Emilio Alvarez o la también senadora Ana Torme. Así que desarrolla su carrera profesional entre Madrid y Valladolid, lo que le hace huir de localismos y otros ismos en relación a la Justicia pues considera, que ahora más que nunca, tiene que ser universal. Su pretensión en los cinco años que tiene por delante, es contribuir a que el Poder Judicial «aborde la necesaria reorganización de funciones, en coordinación con la que también debe realizarse en relación con resto de las profesiones jurídicas».

Un colega suyo me dijo al conocer su nombramiento que ya era hora de que llegara algo de sentido del humor al CGPJ.

Más que sentido del humor yo diría que es escepticismo. Pero sí, si hablamos de humor, la gran ventaja para mí es que desde el martes pasado no he pagado un café en la ciudad.

Usted compatibiliza la abogacía y la docencia. Pero ¿cree que ser vocal en el CGPJ es compatible con otras actividades profesionales? A partir de ahora, serán solo seis los vocales los que tendrán dedicación exclusiva en la comisión permanente.

Yo, ni puedo ni quiero estar en la comisión permanente, porque mi actividad principal es otra. Todo depende del plan de organización del trabajo que se adopte. El funcionamiento del nuevo Consejo es un futurible y aún no puedo tener criterio. Por otra parte, ante la gratuidad del cargo, tampoco se puede exigir una dedicación intensa sin compensación..., salvo a los muy ricos o a los desocupados. De cualquier forma, el sistema está diseñado así, y yo no soy responsable de ese diseño global. Pero hay que quedarse con el jamón y con el tocino. No soy quien para planificar lo que se hace en el Consejo.

¿Como abogado, cree que dicho recurso de inconstitucionalidad puede prosperar?

No puedo contestar a eso, porque ni siquiera conozco en profundidad el contenido de dicho recurso.

Seguramente que en el momento en el que estamos hablando ya esté pactado entre Rajoy y Rubalcaba el nombre del presidente del CGPJ, a pesar de ser una atribución que constitucionalmente corresponde a los vocales. ¿Qué perfil a su juicio tendría que tener el nuevo presidente?

Tiene que ser una persona que esté prestigiada en la carrera. El colectivo judicial aprecia la profesionalidad, y su natural secuela de independencia, como principal virtud.

La lista

Las malas lenguas dicen que el nombre del presidente de los procuradores de Madrid se cayó de la lista de vocales y se quedó en suplente porque usted tiene hilo directo con Mariano Rajoy.

Si ha sido eso, tenían razón las malas lenguas en su queja, porque es más representativo que yo. Intentaré dar con ese hilo directo del que hablan para ver si aún es posible reorganizar la lista. Sí quiero comentar, ahora más en serio, que una de las cantinelas de las que usted llama malas lenguas es que en cuanto sale algo con la palabra Registro sobrevuela fatalmente la mano de Mariano Rajoy, a quien no tengo el gusto de conocer pero cuya ajeneidad al oficio registral, me consta, es absoluta. Y la mención es obviamente mal intencionada; se utiliza como argumento apriorístico que degrada la eficiencia y objetividad de cualquier reforma vinculada con el medio registral. Lo decía mi gran amigo y registrador no hace mucho fallecido, Jorge Requejo: ojalá el presidente del Gobierno hubiera sido bombero.

¿Cree que el nuevo Consejo, por su polarización, lo va a tener peor que antes para salvaguardar la independencia judicial, principalmente, en casos de corrupción?

Creo que cada juez y tribunal actúa con independencia, y si no lo hace es un problema individual de quien así obra. Respecto de la polarización del Consejo, existe ahora como existía antes de la reforma. ¿O es que las asociaciones de jueces no están más cerca de unos partidos que de otros? En lo que a mi respecta, percibo que algunos, quizás con mala conciencia porque han tirado de adscritos, proclaman mi adscripción al PP. Siento defraudar con los burdos esterotipos, pues de momento ni juego al golf ni al pádel, ni me he comprado el libro de Aznar. Lo más oscuro de mi pasado es que he oído en casa que mi abuelo, gobernador en la República, se apuntó a Falange el 19 de julio: espero que no me lo reprochen. ¡A ver si a partir de ahora no me van a hablar ni Soraya Rodríguez ni mi compañero de aulas Mario Bedera, a quien aprecio profundamente!

El mapa judicial

-Usted no es nada localista pero, ¿le gustaría ser el vocal territorial del CGPJ en Castilla y León?

No necesariamente. La visión de la Justicia tiene que ser más panorámica y despegarse del lugar de nacimiento, que es puro accidente. Yo de donde me siento es de Valladolid, de sus cosas, como El Norte de Castilla tan querido por mi padre y cuyo apego me insertó genéticamente, de mi casa, de los míos y de mis amigos. Y mi apego profesional es, sobre todo, por mi Universidad. Pero hay que superar la visión localista en un mundo globalizado, también en Justicia.

¿Qué opina del borrador de la Ley de Planta que contempla la eliminación de partidos judiciales?

Hay que reorganizar el mapa judicial y buscar la eficiencia. Estamos en un mundo digital. Lo que mediatiza esto son los intereses muy particulares que hay que atreverse a superar, que son legítimos, y por eso, cualquier reordenación territorial es muy contestada. Pero hay que tener visión de futuro y lo que hay que procurar es que los medios tecnológicos lleguen a todos los pueblos y permitan la especialización judicial.

-Usted ha trabajado durante años mano a mano con el cuerpo de registradores. ¿Cree que es buena idea que el Registro Civil se privatice y sea asumido finalmente por este colectivo?

Es un tema delicado opinar de ello por mi pasada vinculación con el colectivo de registradores, pero la gran distorsión viene ya del punto de partida: no se trata de privatizar el Registro Civil, sino de atender mas eficientemente unos intereses públicos a través de un colectivo servido por funcionarios públicos. Estoy convencido, y rescato a Jorge Requejo, de que si Mariano Rajoy no hubiese sido registrador, el camino natural del Registro Civil habría sido ese y sería lo mejor para el interés público. Me limito a apuntar que aproximadamente el 85% de las certificaciones que hoy se requieren al ciudadano, y que exigen de al menos dos actos presenciales, tieen por destinatarias otras Administraciones. El nuevo diseño elimina todo esto en favor del ciudadano.Y ni tan siquiera hay que hablar de gratuidad, sino de que ya la presencia del ciudadano sería innecesaria pues serían las Administraciones las que se dirigirían al Registro Civil para obtener certificados. Todo esto no se ha debatido porque todo de lo que se hablaba es que Rajoy y sus amigos querían repartirse la quimérica tarta: es la manera de desviar y eludir el debate. Pero hay que analizar qué ventajas tiene y cómo se puede sufragar, porque lo cierto es que se ahorrarían millones de engorrosos actos presenciales: no me pida usted, Ministerio, lo que ya tiene.

Pero fueron los propios registradores los que dieron un paso atrás.

En el colectivo registral se generó gran reticencia por pensar que asumir el Registro Civil iba a llevar aparejado un coste desmesurado, pues el actual diseño de la nueva Ley del Registro Civil exige un costo inviable de sufragar por el Estado. Por eso hay que buscar estructuras que lo puedan asumir sin consumir recursos del Estado y sin despreciar el sobrecosto de la tarea para que pueda ser sostenible. Es lo que ha ocurrido con los 450.000 expedientes de nacionalidad que se han resuelto en un plazo exiguo por los notarios, que han tenido coste cero para el Estado. Y esa descongestión se ha realizado a partir de unos programas pioneros en el mundo. El Estado tiene que utilizar sus recursos y sus medios, y los notarios y registradores son funcionarios públicos.

¿Cuál quiere que sea su aportación desde el órgano de gobierno de los jueces?

Para aliviar la sobrecarga judicial tiene que plantearse desde fuera la reorganización de las competencias de todas las profesiones jurídicas, sacarlas del siglo XX y reordenar todo ello desde el punto de vista del interés público. Desde el CGPJ hay que analizar qué funciones se pueden sacar del Poder Judicial, siempre con plenas garantías para todo el mundo. Hay muchos procedimientos que gastan muchos recursos jurisdiccionales cuando es absolutamente innecesaria la actividad jurisdiccional: es la vía ya iniciada por la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. Por cierto, la carrera judicial se ha reconvertido más que otras profesiones jurídicas. El de los jueces es un colectivo excepcional, y lo digo por experiencia profesional y convivencial.

Una curiosidad, para concluir. ¿Qué les dice a sus alumnos al principio de curso?

Que si hablan en clase me voy yo, cosa que algunas veces consigo.