Las campañas de recolección y vendimia generan 350 contratos de temporeros búlgaros y rumanos

Sólo en la campaña de vendimia trabajaron el año pasado unos 250 jornaleros extranjeros; concretamente, búlgaros y rumanos, y se prevé que este año la cifra sea similar, aunque en esta ocasión la contratación de inmigrantes para tareas agrícolas de temporada se amplía a la recogida de patatas y cebollas, tal como se planteó en la comisión provincial de flujos migratorios laborales, constituida el pasado miércoles.

Se trata de un comité presidido por la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Elena Cordero, y de la que forman parte las organizaciones agrarias, sindicatos, representantes de la Federación de Municipios y Provincias, así como de la Inspección de Trabajo y el Gerente del Ecyl.

En esta primera sesión se analizaron las necesidades de mano de obra, así como las condiciones y procedimientos de contratación.

Aunque existen tres posibles procedimientos de contratación de temporeros inmigrantes -a través del servicio público de demandantes de empleo, tanto españoles como extranjeros; a través del contingente para trabajadores que están en su país, o mediante contrato a trabajadores búlgaros y rumanos residentes en España-, la fórmula elegida es esta última por ser la más fácil, puesto que son inmigrantes ya establecidos aquí. Ello simplifica la tramitación y, en general, evita al empleador la búsqueda de alojamiento, dado que suelen disponer de vivienda la localidad donde se les emplea o en municipios próximos, como puntualiza Manuel Martín, secretario técnico de COAG.

Búlgaros y rumanos están, además, entre los colectivos más numerosos de emigrantes en la provincia, junto con los portugueses y marroquíes. En concreto, en este momento los ciudadanos originarios de Bulgaria residentes en la provincia encabezan la lista de inmigrantes, con 745

Por el contrario, tal como explica la secretaria general de la Subdelegación, si se demandan trabajadores que están en su país y se hace una oferta nominativa, tienen que ser repetidores; es decir, que hayan estado el año anterior contratados para la misma campaña. En caso de oferta genérica, la dificultad que se plantea es encontrar candidatos interesados. No obstante, este tipo de oferta se hace en algunos casos, principalmente con países como Marruecos, Mali, Mauritania o Senegal.

Periodos

Puesto que este año se amplía la demanda a la cosecha de nuevos productos, también se anticipa el período de contratación, que empezará a finales de este mes con la recogida de patatas y cebollas, con una necesidad de mano de obra estimada de entre 50 y 100 temporeros, según datos de la Subdelegación. Un segundo período de contratos sería en septiembre-octubre, para la vendimia, con la demanda de contratación de otros 250 temporeros, aproximadamente.

En la pasada campaña de vendimia fueron alrededor de 40 los empleadores que demandaron mano de obra inmigrante, cifra que no se prevé que experimente grandes variaciones este año, puesto que en muchos casos son los mismos agricultores los que contrata para la cosecha de patatas y luego para la vendimia.

La ley establece que sólo se podrá contratar a inmigrantes autorizados para trabajar; es decir, los que estén inscritos en el registro central de extranjeros. Además, los empleadores deberán presentar con antelación en la Oficina de Extranjeros la solicitud y el número de trabajadores que precisan, así como los requisitos de su oferta y datos sobre alojamiento, y 20 días antes de la campaña tendrán que remitir una relación con los nombres concretos de los trabajadores búlgaros o rumanos que va a contratar, con indicación de su NIE (número de identificación de extranjeros, personal y exclusivo que otorga la Oficina de Extanjeros cuando éstos obtienen alguna autorización para residir en España). La resolución favorable, lógicamente, estará condicionada a la afiliación o alta en la seguridad social del trabajador.

Tal como se explicó esta semana en la primera reunión de la comisión, no se admitirán peticiones posteriores de trabajadores por parte de empresas que no estén en la relación de solicitantes que debe presentarse de antemano.

Aunque corresponde a la Inspección el control del cumplimiento de las normas de contratación, en la sesión se acordó que los empresarios y organizaciones colaborarán con la Administración en el control e identificación de las personas contratadas, una vez se haya incorporado al puesto de trabajo.

Suplantaciones

En concreto, tal como precisa Elena Cordero, en la reunión se apeló a la implicación que debe tener el empresario para evitar que a su centro de trabajo -la finca- acudan ciudadanos que no son los contratados y que carecen de autorización de trabajo, en lugar de los inmigrantes que realmente contrató el empleador. Para ello, el empresario o el encargado en el que delegue debe contar con una fotocopia del pasaporte, más concretamente, de la primera hoja en la que figura la fotografía, y comprobar que los empleados que acuden a trabajar cada día son los mismos que ha contratado y que cuentan con autorización para trabajar.

Y es que, este tipo de picaresca puede dar lugar a sanciones que recaen sobre el empleador, al igual que el contrato a algún trabajador que carezca de autorización de trabajo. Las multas por estas causas son elevadas, oscilan entre los 6.001 euros y los 12.000, al considerarse infracciones muy graves.

Para los sindicatos otro inconveniente es detectar incumplimientos en las condiciones laborales o salariales, puesto que muchos de los extranjeros no se deciden a denunciar y, como son campañas cortas, cuando se trata de verificar las sospechas, en muchos casos ya se ha terminado la campaña.