Renfe y Adif quieren denunciar al Ayuntamiento por anular el aval del soterramiento de Javier León

Nuevos talleres del Páramo de San Isidro.
Nuevos talleres del Páramo de San Isidro. / F. J.
  • Las empresas del Grupo Fomento rechazan de forma tajante asumir el pago del crédito pendiente como propone el Consistorio

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El asunto se pone feísimo. Los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de Renfe anunciaron ayer a los concejales de Hacienda (Antonio Gato) y Urbanismo (Manuel Saravia) su intención de proponer en el próximo consejo de administración de Valladolid Alta Velocidad que esta sociedad lleve a los tribunales al Ayuntamiento de Valladolid por haber anulado el aval al crédito del soterramiento, que en 2011 firmó el exalcalde Javier León de la Riva y que obligaba al Consistorio a hacerse cargo del 25% del préstamo de 400 millones de euros –100– en el caso de que se incumpliera el contrato.

Según explicó Gato, ambas entidades, pertenecientes al Grupo del Ministerio de Fomento (con el 50% de participación en la sociedad) quieren incluir este punto en el orden del día ante los graves perjuicios que la decisión municipal puede conllevar para integrantes de este ente.

El anuncio no augura nada bueno, más cuando tanto Renfe como Adif rechazaron de plano ayer asumir el pago de los 334,5 millones de euros que se deben del préstamo y cobrarse ese dinero más tarde, una vez que arranque la venta de los terrenos. Esa era la propuesta que el equipo de gobierno municipal les puso sobre la mesa, a 18 días para que venza la prórroga otorgada por los bancos. El día 30 de septiembre el ‘pool’ financiero quiere tener un plan de pagos de la deuda claro y otro de viabilidad para conocer cómo se afrontará la operación.

El equipo de gobierno, liderado por Óscar Puente, considera que las obras realizadas hasta ahora –nuevos talleres en el Páramo de San Isidro y diversas actuaciones en la red ferroviaria– benefician únicamente a Adif y Renfe. Estas, por su parte, sostienen que las intervenciones eran fundamentales para abordar el túnel urbano. Además, se agarran al convenio firmado en 2002 que establecía una participación concreta –Ministerio de Fomento (Renfe y Adif) el 50%, Junta (25%) y Ayuntamiento (25%)– que obliga a sumir las deudas en ese porcentaje. Será fundamental saber qué postura tomará la Junta en este nuevo contencioso entre Renfe y Adif y el Ayuntamiento.

Con este panorama, ahora todo apunta a una posible disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y a una judicialización tanto entre los socios como con las entidades bancarias que han prestado los 400 millones de euros. De momento, el consejo de administración, que se iba a convocar para el próximo jueves, se aplaza sin fecha concreta. El concejal de Hacienda, Antonio Gato, reconoció ayer que la situación es «muy complicada». Saravia remachó que en la reunión de se constató que hay «muy poco feeling» entre los socios. Las expectativas son nefastas.