Los bancos reclaman 7,5 millones para aplazar el primer pago del soterramiento

Rafael Guerra, Manuel Saravia, Óscar Puente, Rafael Salgado, Valentín Merino y Antonio Gato durante la reunión sobre el crédito del soterramiento.
Rafael Guerra, Manuel Saravia, Óscar Puente, Rafael Salgado, Valentín Merino y Antonio Gato durante la reunión sobre el crédito del soterramiento. / R. GÓMEZ
  • El Ayuntamiento rechaza aportar garantías por valor de 1,9 millones en sus presupuestos para obtener la prórroga

La situación se complica. El oscuro túnel, ahora, es el económico. El sindicato bancario que financia la operación del soterramiento ya ha comunicado a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, aún de manera oficiosa, su intención de reclamarle 7,5 millones en concepto de intereses como condición para autorizar un aplazamiento del pago de la primera amortización del crédito de 400 que se concedió para las obras, que este organismo tiene que abonar el próximo 1 de enero y que asciende a 125 millones de euros.

Según confirmó el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, las entidades financieras estarían dispuestas a aceptar una prórroga de un año para saldar esa deuda, tal y como solicitó la sociedad, siempre y cuando los tres miembros de ésta –Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid– aportasen garantías en sus respectivos presupuestos para hacer frente a los intereses que generaría ese retraso y que serían del 6% sobre los 125 millones de euros pendientes.

La cúpula municipal, con el alcalde a la cabeza, mantuvo ayer una larga reunión para analizar esta situación y establecer una estrategia de negociación, que tendrá que consensuarse con los socios de manera urgente, teniendo en cuenta que este asunto se tiene que resolver en apenas dos meses. En el encuentro participaron, además de Antonio Gato, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia; el letrado jefe, Rafael Guerra Posadas, el interventor, Rafael Salgado y el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino. El asunto es de calado.

En principio, el Ayuntamiento no estaría dispuesto a asumir esa parte de los intereses que le corresponderían –1,9 millones, al tener una participación del 25% en Alta Velocidad– y sostiene que la principal garantía para el pago está en los propios terrenos.

Gato recordó que cuando se solicitó el aplazamiento se hizo con la intención de que «no variasen las condiciones», pero lógicamente, como negocio que es, los prestamistas –BBVA, Banco Santander, La Caixa, Bankia, EspañaDuero y el Instituto de Crédito Oficial– no están dispuestos a que esa deuda le salga gratis a las administraciones. De esos 7,5 millones, al Ministerio de Fomento le corresponderían 3,75 al participar en un 50% en la Sociedad Alta Velocidad y a la Junta de Castilla y León otros 1,9. Ese dinero valdría únicamente para tomar oxígeno durante un año, porque la amortización de 125 millones seguiría pendiente para 2017 y sumaría nuevas exigencias de abono.

De esta manera, la teoría de que los bancos se cobren en suelo podría tomar cada vez más fuerza si finalmente no se llega a un acuerdo. El concejal de Hacienda recuerda que con el traslado de los talleres quedarán liberados los terrenos de Farnesio, es decir que ya habría ‘especie’ para hacer frente a una parte del crédito. «Si prácticamente no vamos a poder incluir inversión voluntaria en los presupuestos del Ayuntamiento de 2016, no podemos asumir esas garantías en las cuentas del año que viene», subraya el máximo responsable de la gestión económica municipal, partidario ahora de abrir una negociación entre las tres administraciones para acordar un planteamiento de manera conjunta.

Según los datos aportados, las previsiones de Tinsa, empresa que tasó las cien hectáreas liberadas, estimaban que entre 2103 y 2015 se habrían vendido suelos por valor de 310 millones de euros. Pues bien, a día de hoy no se ha enajenado un metro cuadrado de terreno con el agravante de que el valor de las parcelas ha caído a la mitad, de 818 a 397 millones de euros en un lustro debido a la profunda crisis inmobiliaria.

Reunión urgente

El problema, pues, ya no pasa por si hacer el túnel más largo o más corto, sino en cómo afrontar una deuda que no deja de crecer. El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, avanzó su intención de pedir una reunión urgente del consejo de administración de la Sociedad Alta Velocidad para analizar una situación que calificó de «complicadísima». Cabe recordar que el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en sus últimas declaraciones sobre el soterramiento en la capital vallisoletana el pasado 30 de septiembre ya expresó que estas «obras faraónicas» corresponden a otros tiempos, lo que deja claro que el interés del Ejecutivo autonómico sobre la sutura urbana no es, ni mucho menos, el que era.

El máximo responsable de Urbanismo se reunirá esta misma semana con los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en Madrid para analizar un posible replanteamiento de la operación. «No vamos a tirar la toalla», señaló ayer Saravia, quien reconoce, eso sí, este gran proyecto se está poniendo cuesta arriba.

Compromiso con el túnel

En los próximos encuentros de Alta Velocidad el Consistorio quiere aclarar también hasta qué punto sus otros dos socios están dispuestos a apoyar la operación del túnel urbano, la principal aspiración de la capital. Y es que hasta ahora, las obras en las que se ha agotado el crédito son importantes, pero no satisfacen los intereses municipales. Así, se ha invertido en la construcción de un nuevo complejo de reparación de trenes y en los túneles del Pinar. Alta Velocidad estima que serían necesarios otros 330 millones de euros para acometer la obra que los vallisoletanos esperan desde hace muchos años. Si el compromiso del Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León se agota con lo realizado hasta ahora, el propio alcalde ya anunciado su intención de no asumir el coste de lo hecho hasta el momento. ¿Cómo lograr el dinero para continuar con las obras? En el Ayuntamiento dudan mucho de que este sindicato bancario u otras entidades estén dispuestas a formalizar un crédito de tal volumen si no tienen clara la viabilidad inmobiliaria de la operación.