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Arrancan los interrogatorios judiciales sobre la operación urbanística del edificio de Arroyo

El magistrado instructor de la querella por malversación, César Gil Margareto, toma hoy declaración al gerente del estudio de arquitectos autor del proyecto del inmueble que es sede de ADE y la Consejería de Economía

M. J. Pascual

Miércoles, 17 de junio 2015, 08:14

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El magistrado César Gil Margareto, titular del Juzgado de Instrucción número dos, toma esta mañana declaración a un testigo clave en la operación urbanística de compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, sede de la Consejería de Economía y de ADE: el gerente del Estudio de Arquitectos Lamela, Francisco López de Blas. Los informes realizados por el Grupo de Delincuencia Económica sobre el inmueble ponen en evidencia que el 14 de septiembre de 2005, la empresa Urban Proyecta PM3 SL abonó 31.320 euros en concepto de honorarios al Estudio Lamela por la fase de concurso 'Proyecto ADE-Valladolid'. Un detalle que los investigadores consideran «especialmente relevante» para probar el 'pelotazo urbanístico', porque el consejo de administración de la empresa pública ADE (entonces Gesturcal) no acordó iniciar el expediente para convocar el concurso público para alquilar un edificio con opción de compra hasta tres meses más tarde, el 26 de diciembre de 2005.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 30 de diciembre de ese año. El Estudio Lamela certificó cinco años más tarde el importe total de las obras del proyecto completo, 33,8 millones de euros. El testigo podrá arrojar luz sobre algunos interrogantes que se plantean los investigadores, como el hecho de que «antes de ser público el expediente administrativo por el que se iniciaba el concurso, Urban Proyecta ya trabajaba contractualmente en un solar que aún no era suyo (el titular de esos terrenos era todavía el grupo inmobiliario Mahía, que se los vendió el 11 de enero de 2006) y encargaba el proyecto 'ADE-Valladolid', al estudio de arquitectos que ya en septiembre de 2005 le estaba facturando por ese concepto».

Una veintena de investigados

Desde mañana empezarán a pasar por el juzgado los investigados: una veintena de cargos y excargos de la Consejería de Economía de la Junta, funcionarios y empresarios quienes, según la acusación pública, podrían haber orquestado un pelotazo urbanístico en torno al edificio conocido como 'la perla negra' y en la compra venta de terrenos en el término municipal de Portillo para la construcción de un parque industrial que no se ha llevado a término.

En el procedimiento abreviado abierto por malversación contra Parque Empresarial de Portillo SL y ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León pesan como importantes pruebas de cargo de la Fiscalía los informes de la Intervención General del Estado y los de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) sobre el papel jugado por la Agencia de Desarrollo (ADE) en Portillo, pero también las declaraciones de los miembros de los consejos de administración de la ahora extinta Gesturcal en los que se acordó, después de resolverse el contrato con Urban Proyecta PM3, alquilar a esta misma sociedad un edificio situado en Arroyo de la Encomienda y ampliaron, en otro consejo de administración posterior, el alquiler de otro edificio colindante, vinculando ambos contratos. También suscribieron un tercer contrato posterior en el que se aprobó la compra del inmueble.

Entre los 16 miembros de los consejos de administración que pasarán por el despacho del juez, desde mañana 18 de junio hasta el 5 de octubre, y lo harán con abogado para respetar sus garantías procesales, está el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa. Además ha sido llamado a declarar el que fuera director de División de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) entre marzo de 2005 y febrero de 2006, Alberto Esgueva Gutiérrez, que en la actualidad reside en Polonia, así como Rafael Delgado Núñez, quien fuera viceconsejero de la Consejería de Economía y Empleo, secretario general, presidente de Gesturcal y consejero delegado de esa sociedad y de ADE Parques, resultado de la fusión rm 2008 de la citada Gestión Urbanística de Castilla y León, SA (Gesturcal) y la empresa Parques Tecnológicos de Castilla y León. Según figura en el auto del magistrado, Delgado Núñez «ha participado en todas las fases de alquiler y compra del edificio de Arroyo y autorizado pagos de facturas a Urban Proyecta, tanto de obras como de suministros, y en la firma del convenio y contratos de compra de terrenos en Portillo en representación de la empresa pública».

También han sido llamados a declarar José Manuel Jiménez (director general de Calidad y Sostenibilidad); Carlos Martín Tobalina (director general de Industria e Innovación Tecnológica) y José Armando Baeta Canales (director general de Presupuestos y Estadística), así como dos personas por su intervención en el pago de facturas a Urban Proyecta PM3 y Parqueolid por obras y suministros «sin expediente alguno y sin que conste la realidad de los mismos».

Pasarán por el despacho del magistrado, asimismo, los cuatro socios de la empresa Urban «en cuanto beneficiados por el alquiler y posterior venta del edificio de Arroyo de la Encomienda y por su intervención en la compra y venta de terrenos en Portillo», así como los representantes de la sociedad Parque Empresarial de Portillo SL.

Al parecer, la empresa pública ADE compró terrenos de suelo rústico en la localidad vallisoletana por 30 millones de euros, y se pagó a más de 20 euros el metro cuadrado, «un precio bastante más elevado que si se hubieran expropiado», indican los informes policiales y de la intervención.

El edificio de Arroyo de la Encomienda está bajo la sospecha de pelotazo urbanístico desde el primer acuerdo de alquiler. El inmueble, cuando estaba en proyecto, fue valorado en 24 millones de euros y la empresa pública lo adquirió por 60 millones, aunque primero se acordó que fuera alquilado y así se firmó en un primer contrato: un arrendamiento por 70 millones en un plazo de 15 años. Finalmente ese acuerdo de alquiler no se llevó a término y ADE compró 'la perla negra' para ubicar la sede de la Consejería de Economía y Empleo y a más de medio millar de funcionarios.

Las diligencias previas de este procedimiento abreviado, que arrancaron en 2013, se prevén largas y complejas. Por el momento, las investigaciones realizadas bajo el liderazgo de la Fiscalía de Valladolid suman ya tres tomos, varios cedés y memorias USB, a los que habrá que añadir estas declaraciones de los más de veinte investigados y los nuevos informes de la intervención general.

En esta fase de las diligencias, todavía en fase preliminar, no hay auto de imputación contra personas físicas sino que la querella se dirige, al menos por el momento, contra dos sociedades: la empresa Parque Empresarial de Portillo y la sociedad pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León.

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