Registro de ADN para cazar a los dueños que no recogen los excrementos de sus perros

El Ayuntamiento estudia iniciar este año el registro de ADN de los perros de la ciudad para poder identificar sus excrementos si los dueños los dejan en la vía pública. Todos deberán pasar por el veterinario para someterse a análisis de sangre, obtener su huella genética e incorporarla a una base de datos que permitirá combatir una conducta incívica tan vieja y frecuente como difícil de sancionar, dada la necesidad de sorprender in fraganti al infractor.

«Vamos a ver si podemos poner en marcha esta medida en los primeros 100 días del nuevo mandato, dependerá un poco del presupuesto que calculemos que sea necesario, pero es un proyecto que está incluido en nuestro programa y lo haremos», avanza la alcaldesa en funciones, Clara Luquero, en declaraciones a Ical. La novedosa iniciativa está lejos de ser una de las más importantes del programa electoral del PSOE, pero destaca como la más llamativa.

«Es la única manera de controlar las actitudes de los dueños de los perros que no se preocupan de retirar los excrementos de la vía pública», subraya. «Suele suceder que cuando un ciudadano avisa a la Policía Municipal, que debe acudir para obligar a cumplir la ordenanza o multar en caso de incumplimiento, el agente llega al lugar y tanto el dueño como el perro han desaparecido, y si no, cuando el dueño ve al agente lo limpia». De hecho, en todo el año pasado solo se inició un expediente sancionador por esta causa, tal y como precisan desde la Delegación Territorial de la Junta, ya que la competencia final es autonómica.

No hace muchos años que una prueba de ADN costaba en torno a 150 euros, pero hoy en día sale por apenas 15, según apunta Rafael Sayago, director de la emergente línea de negocio de biotecnología canina del grupo NBT, con sede en Sevilla. Ése es el precio de tomar una muestra del excremento para su posterior cotejo en la base de datos, mientras que el análisis de sangre al perro, la incorporación del resultado al registro y la emisión de la chapa identificativa cuesta «menos de 30 euros».

«Somos el único laboratorio que ofrece un programa integral de gestión del censo canino», asegura Sayago, cuya empresa, ADN Perros, ya trabaja con varios ayuntamientos dispuestos a adoptar esta solución que NBT ya aplicaba en caballos para garantizar la raza.

Efecto disuasorio

El municipio valenciano de Xátiva fue el primero en poner en marcha el censo canino a finales del año pasado, y su Ayuntamiento asegura que la recogida de excrementos de la vía pública se ha reducido un 80%, por lo que el efecto es más disuasorio que recaudatorio. No en vano, el infractor se expone en esa localidad a multas de 200 euros, y si no ha identificado al perro con la preceptiva prueba de ADN para su incorporación al registro, puede ser sancionado con 300.

Y a Xátiva se van a sumar numerosos pueblos de Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Mallorca o Ibiza en los próximos meses, y capitales como Huelva, Málaga, Mérida o Zaragoza. De momento no hay ninguna de Castilla y León, salvo Segovia en un futuro próximo, aunque UPyD Ávila lo llevaba en su programa de las pasadas elecciones.

En la capital aragonesa, por ejemplo, la iniciativa surgió el pasado mes de febrero a propuesta de su Consejo Sectorial de Protección Animal como solución al problema de limpieza de los excrementos, pero también para combatir el maltrato y abandono de mascotas, dado que el ADN, a diferencia del clásico chip identificativo, evidentemente no se puede arrancar. En este caso su Ayuntamiento prevé firmar un convenio con la Universidad de Zaragoza para los análisis de las heces y cuenta con empezar en 2016.

El proceso lleva su tiempo, «unos seis meses» baraja el Consistorio aragonés. En primer lugar requiere tramitar la modificación de la ordenanza correspondiente para establecer como obligatorio que el dueño lleve al perro a hacerse el análisis para su posterior incorporación a la base de datos que se cree. Y después se da un plazo para pasar por el veterinario a la extracción.

¿Quién paga el análisis?

La primera cuestión es quién paga ese primer análisis (válido para toda la vida de la mascota), la Administración o el ciudadano. El Ayuntamiento de Xátiva optó por costear el gasto inicial durante los primeros meses para incentivar que los dueños cumplieran sin dilación y así tener lista la base de datos cuanto antes.

«Otros ayuntamientos van a pagar sólo una parte, o cobrarán una tasa, dejarán que el dueño lo abone íntegro hay de todo», añade Sayago. Eso sí, el coste de la extracción de ADN del excremento que quede en la vía pública recae sobre el infractor a través de la sanción.

En el caso del Ayuntamiento de Segovia no hay nada definido más allá de la intención general de adoptar esta medida, ni cómo ni con quién. «Tendremos que ver presupuesto que requiere y cómo se articula», matiza la alcaldesa. Pero su puesta en marcha, eso sí, es cuestión de tiempo y no se quiere tardar demasiado.