Borrar
Policarpo Sánchez, con una copia del manifiesto de apoyo al Ministerio.
Cultura reconoce que no hay registro de los papeles entregados a Cataluña

Cultura reconoce que no hay registro de los papeles entregados a Cataluña

El Gobierno no puede explicar cuántos papeles exactamente salieron de San Ambrosio y en qué pruebas se apoyó para su envío a la Generalitat

FRANCISCO GÓMEZ

Martes, 5 de enero 2016, 12:04

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Ministerio de Cultura no cuenta con un registro pormenorizado e individual de los papeles del antiguo Archivo General de la Guerra Civil que desde el año 2006 fue entregando a la Generalitat de Cataluña en aplicación de la Ley de Restitución Documental. Es la respuesta que el propio Estado aduce ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras el auto que le obligaba a entregar al investigador y presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, copia de la relación detallada de todos y cada uno de los fondos entregados a Cataluña a fin de que éste pudiera demostrar si existieron o no envíos fuera del marco fijado por la ley.

Según el investigador, dejando de lado las primeras 507 cajas enviadas a Barcelona y que correspondían a documentación incautada por las tropas franquistas a la propia Generalitat y a sus organismos dependientes (con la única controversia sobre las Milicias Antifascitas, que fue resuelta por la Audiencia Nacional a favor de la entrega a la Generalitat), en el resto de salidas de papeles del Colegio de San Ambrosio se habrían producido distintas irregularidades al vulnerarse los propios requisitos que marcaba la ley en torno a la entrega de documentación de otras entidades, instituciones y particulares catalanes.

En estos años, Policarpo Sánchez ha localizado «de manera aleatoria» numerosas evidencias de papeles que no corresponden a particulares catalanes, de documentación entregada a la Generalitat y que no fue incautada en Cataluña o de papeles entregados al Archivo Nacional de Cataluña de los que no se dejó copia completa en Salamanca.

Con el fin de analizar exactamente cuántos de estos casos se han producido, solicitaba en su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia que el juez exigiera al Ministerio de Cultura que se le hiciera entrega de un registro en el que constaran de manera detallada todos y cada uno de los papeles enviados a Barcelona, de manera que fuera posible estudiar caso por caso si la entrega cumplía todos los requisitos fijados legalmente.

Pues bien, ante el oficio emitido por el TSJ el 25 de octubre de 2015, el Ministerio de Cultura ha enviado a través del subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández, una voluminosa documentación en la que sin embargo no aparece la reclamada relación. En su escrito, el representante del Ministerio reconoce que ese inventario no existe y que el Estado no tiene capacidad de hacerlo ante el plazo fijado por el tribunal (30 días hábiles) al tratarse de más de un millón de documentos.

El investigador ha mostrado su sorpresa por esta respuesta que a su juicio supone «el peor escenario posible para el Ministerio de Cultura, ya que reconoce que no se actuó con rigor en la entrega de documentos y que ni siquiera se sabe qué se envió». Sánchez afirma que «no estoy dando una opinión personal, estoy dando una evidencia que concuerda además con la que se ha oído en el Congreso por miembros del propio Partido Popular esta legislatura». Es el caso de Rocío López, portavoz del PP en la Comisión de Cultura del Congreso, quien afirmaba el 27 de febrero de 2013 que «ha faltado transparencia, se ha vulnerado la ley porque no ha habido una relación detallada ni una catalogación ni un control en la identificación de cada documento a transferir, y se ha constatado una deficiente o incompleta digitalización de los documentos. Y si no existe esto, ¿cómo se sabe lo que uno entrega y cómo se sabe lo que uno recibe?».

A tenor de estas palabras, ni existía relación en el momento del envío, ni se redactó en 2013, ni tampoco con posterioridad. Sin embargo, el Ministerio de Cultura considera que cumple el mandato del TSJ al remitir a Policarpo Sánchez en su lugar el conjunto de órdenes ministeriales que desde 2006 han ido regulando la entrega de papeles a la Generalitat. El problema de estas órdenes es que son extremadamente laxas y en una gran cantidad de casos se limitan a señalar que la carpeta de la signatura señalada que se entrega a la Generalitat de Cataluña contiene «documentos».

En la demanda interpuesta, Policarpo Sánchez muestra al tribunal dos ejemplos «a efectos meramente ilustrativos». El primero, la página 313 del anexo a la Orden Ministerial de 24 de Noviembre de 2010 donde la larga relación de documentos entregados simplemente se identifican como Expedientes (l) papel (Varios tamaños). El segundo, la página 12 del anexo de la Orden Ministerial de 19 de Julio de 2011, del apartado correspondiente al PS BARCELONA se puede leer la entrega de «1 Caja(s) en octavo papel conteniendo fichas de afiliados de diversos grupos». Es decir, según denuncia Sánchez «tanto como definirlo como una caja que contiene papeles».

Fue precisamente esta situación por lo que el investigador solicitó la relación detallada de papeles, con el fin de establecer cuáles de esos documentos correspondían efectivamente a un particular catalán, cuáles fueron incautados en Cataluña o cuáles fueron correctamente digitalizados.

A estas preguntas, el Ministerio de Cultura responde enviando el libro de registros efectuados por las tropas franquistas en Barcelona para la incautación de documentos y los inventarios del archivo creado en 1940 por el nuevo estado surgido del golpe militar. De nuevo, Sánchez insiste en que «hay no hay ninguna prueba concreta, es imposible determinar cuáles de los papeles incautados que corresponden a un determinado registro».

Así, el investigador subraya que «tanto las órdenes ministeriales, como la falta de pruebas concretas para demostrar si un papel debía enviarse o no a Cataluña, demuestran que no se siguió un método técnico que estudiara caso por caso cada papel reclamado por la Generalitat, sino que se siguió la directriz política de darle todo lo que pidiera».

Teóricamente, el mecanismo de control para evitar envíos fuera de la ley lo establecía la comisión mixta Ministerio de Cultura-Generalitat. Un organismo con dos representantes de cada administración que acordaba el total de papeles que se incluía en cada envío, elaborando las listas que luego eran aprobadas por el Patronato del Centro de la Memoria.

Sin actas en las reuniones

Sánchez señala que la respuesta dada a su demanda por el Ministerio pone de manifiesto que «las comisiones mixtas no efectuaban debate alguno, de hecho según la documentación entregada, entre 2006 y 2009 la comisión mixta se reunión en cuatro ocasiones y de ellas en tres no se realizó ni siquiera acta de sus acuerdos, y en la cuarta simplemente se autorizó el trabajo de los técnicos contratados por la Generalitat para identificar los papeles para un traslado posterior».

«No había debate en la comisión mixta ni tampoco lo había en el Patronato, donde los expertos votaban a ciegas listas y listas de signaturas que se les entregaba en el momento», afirma el investigador, que además subraya que la respuesta entregada por Cultura también reconoce que no se cumplió con el requisito previo legal de dejar copia completa en Salamanca de los papeles que iban a salir. «Se me dice que ahora se está haciendo un segundo visionado porque se han detectado errores».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios