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22 de los 57 expedientes auditados por el Consejo de Cuentas llegan a los juzgados

TRIBUNALES

22 de los 57 expedientes auditados por el Consejo de Cuentas llegan a los juzgados

Las fiscalías de León y Valladolid investigan el «fraccionamiento prohibido» en contratos menores de la Junta

06.02.14 - 12:04 -
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La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una investigación penal en Valladolid y León sobre contratos bajo sospecha de prevaricación por un «fraccionamiento prohibido» que ha sido advertido por el Consejo de Cuentas durante la fiscalización que ha realizado en una muestra de 57 expedientes de contratos menores de la Consejería de Economía y Empleo con una cuantía superior a los 6.000 euros, correspondientes al ejercicio de 2010. Estos expedientes auditados suman un importe superior al millón de euros.

En 22 de los 57 expedientes, según el informe del órgano fiscalizador, «se han eludido los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de adjudicación correspondientes». En ellos «hay coincidencia en el objeto de las contrataciones» y su importe supera los umbrales establecidos en el artículo 122.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se trata de contratos de obra y 18.000, el resto. Estos 22 contratos supuestamente irregulares suponen 404.405,60 euros y son los que están siendo investigados en estos momentos en la vía judicial.

Según el órgano de control, la Consejería de Economía y Empleo debería haber realizado, por cada servicio requerido, un solo contrato, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 de la Ley, con la división de los lotes que hubieran sido necesarios y con la garantía de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia que se recogen en el artículo 1.1 de la misma norma.

Sin embargo, estos principios han sido vulnerados, según el Consejo. Habría ocurrido, por ejemplo, en los contratos para la organización de la Pasarela de Castilla y León, que se celebró en Burgos del 9 al 11 de marzo de 2010. Este expediente tiene dos contratos por cuantías, respectivamente, de 16.560,41 y 6.960 euros, IVA incluido, que se remiten a una misma propuesta y aprobación del gasto por importe de 34.000 euros. Según el expediente, se realizó un gasto total de 30.965,59 para alquilar los espacios del desfile, el alojamiento y manutención de los participantes, la línea de datos, la atención a los diseñadores invitados y el regalo institucional.

Un segundo expediente bajo sospecha y que está siendo investigado por la Fiscalía es el de la 76 Feria Internacional de Muestras de Valladolid. Se trata de tres contratos que, con una cuantía acumulada de 39.993,28 euros, son para la «coordinación de servicios y azafatas en el pabellón de la Junta» (15.821 euros); derechos de inscripción (13.922,28 euros) y a servicios de seguridad «y varios» de dicho pabellón, por importe de 10.150 euros.

De los 22 expedientes, cuatro se investigan en León y 18, que en realidad corresponden a siete servicios, en Valladolid. Entre ellos, hay dos de 18.002 y 17.826 que tienen cada uno de ellos un informe de necesidad y una propuesta de gasto independiente, pero que coinciden en el objeto final: el asesoramiento legal en materia de cajas de ahorro. Las facturas han sido expedidas por la misma empresa para períodos distintos de ese mismo año.

La campaña electoral a las Cámaras de Comercio de Castilla y León tiene dos contratos menores, que se acompañan de la misma propuesta de gasto, por importe de 31.786,65 euros, con el IVA sin desglosar. La primera factura es para la campaña informativa en publicaciones, y la segunda para los trabajos técnicos de promoción de la campaña. La suma de ambas facturas asciende a 31.576,65, IVA incluido.

Cuestiones de forma, según la Consejería

Desde la Consejería de Economía y Empleo se indicó ayer que «no hay constancia» de la investigación judicial, aunque sí del resultado de la fiscalización de los expertos del Consejo de Cuentas sobre estos contratos menores. A este respecto, se indicó que «se han verificado y han sido revisados por los servicios de Intervención, de lo contrario no se les habría dado salida». Las mismas fuentes indicaron que esta partición de contratos obedece a una cuestión «formal» y no de contenido, y que el asunto se está solventando con el órgano fiscalizador. La Ley de Constratos del Sector Público, en su artículo 74.2, establece que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

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