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El reciente y mediático caso de desahucio de Verónica Hernández, la joven madre de tres niños pequeños que vive desde hace seis años en el ... Barrio España hizo que al menos medio centenar de personas, convocadas por el Sindicato de la Vivienda de Valladolid, se manifestaran para presionar e impedir que finalmente la familia quedara en la calle. Consiguieron entonces una moratoria de diez días (hasta el viernes 13 de diciembre) para que la mujer obtenga un informe que acredite su vulnerabilidad, condición que paralizaría el proceso de desahucio, al menos, hasta el 31 de diciembre.
El caso de Verónica generó expectación y se hizo un llamamiento en redes sociales para evitarlo aunque la mayoría de los desahucios se ejecutan de forma más discreta y terminan finalmente con la desposesión material del inmueble. Los últimos datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este año arrojan una cifra de 108 desahucios ejecutados durante los seis primeros meses de 2024, una media de 18 al mes en Valladolid, donde entre el primer y el segundo trimestre se ha notado un aumento de los casos (43 de enero a marzo frente a 65 de abril a junio).
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Durante todo 2023 se llevaron a cabo un total de 170 en Valladolid, lo que pone en evidencia el aumento de casos de seguir la tendencia actual; un aumento que se extrapola al territorio regional, en el que el primer trimestre se ejecutaron un total de 317 lanzamientos y durante el segundo, veinte más, 337.
De toda Castilla y León, Valladolid es la segunda ciudad donde tienen lugar más desahucios, la primera en el ránking que ofrecen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es León, donde se han detectado 180 casos en los seis primeros meses. Y si se mira el descenso de lanzamientos conforme avanza el año solo se pueden nombrar Burgos (con 72 casos en el primer trimestre y 49 en el segundo) y Zamora (con 14 y 7, respectivamente).
Para poner en contexto las cifras, cabe explicar que el Gobierno aprobó durante la pandemia la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, aunque la norma se ha ido ampliando periódicamente hasta finales de año. «En consecuencia muchos de los procedimientos están paralizados desde entonces, porque si antes llevábamos unos 15 de media, ahora tenemos activos seis», puntualiza Víctor González desde el despacho de abogados Arlazón. El cauce legal se demora de media unos seis meses «siempre y cuando no haya oposición de los moradores», pero si la hay y llegar a celebrarse un juicio el proceso se prolongaría hasta el año. «Lo que vemos es que hay casos en los que incluso se perdona la renta que se debe con tal de acelerar el proceso, cifras cercanas a los 6.000 euros», añade el letrado.
La mayoría de los desahucios llegan a término por el impago de la cuota de alquiler al propietario del inmueble y, por tanto, incurren en incumplimiento del mismo y los que menos son los casos en los que las familias no pueden hacer frente al pago de las letras de una hipoteca. De hecho, de los 108 lanzamientos que muestran las estadísticas del CGPJ, 85 correspondían a la negativa o imposibilidad de pagar el alquiler y solo 23 al impago de cuotas de hipoteca a entidades bancarias.
«El 95% de los casos que hemos llevado durante años se han debido a impago de alquiler, apenas unos cuantos por impago de hipoteca y una cifra residual por ocupación ilegal como tal, Valladolid es una ciudad tranquila en ese sentido», finaliza el abogado.
De momento, habrá que esperar al próximo 13 de diciembre -fecha en la que finaliza la moratoria de desahucio de Verónica- para comprobar si su caso se suma o no a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial donde se reflejan estos procedimientos.
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