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Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo, lo tiene claro. Las entidades metropolitanas como una fórmula de gestión conjunta entre una gran ciudad y las localidades de su entorno «son el futuro». Comparten «sentimiento de pertenencia» a un territorio, favorecen las «sinergias», evitan duplicidades en la prestación de los servicios y conllevan ahorros. «Todo son ventajas», defendió este entusiasta de la figura administrativa que, en el caso de esta área de la provincia de Pontevedra, se encuentra suspendida judicialmente por un recurso de la Xunta. Lucha política, vino a justificar Caballero.
El regidor y presidente de la FEMP expuso ayer ante los alcaldes y concejales de la Comunidad Urbana de Valladolid (CUVA) el modelo implantado entre su ciudad y trece pueblos de su cinturón en una jornada que supone el inicio del camino para que Valladolid apueste también por esta fórmula. Lo adelantaba el primer edil de la capital, Óscar Puente, para quien «mientras unos quieren trazar líneas divisorias (en referencia a Cataluña), otros apuestan por eliminar barreras» y trabajar codo con codo para mejorar la vida de unos vecinos –más de 400.000 en el caso de Valladolid– que hacen su vida en un mismo entorno.Cuidado, porque el camino es largo y puede ser tortuoso. En juego están intereses políticos de unos y de otros. De hecho solo hay dos áreas de este tipo –Barcelona y Vigo– y la última sigue en el aire. Además, esta figura la tendría que crear por ley la Junta de Castilla y León y someterla a debate en las Cortes. Desde una policía municipal común hasta un servicio de Bomberos compartido a un planeamiento urbanístico consensuado o una gestión de las basuras acordada. Eso es una entidad metropolitana, donde se cede parte de la soberanía de cada Ayuntamiento por el bien común. Su diferencia con la CUVA radica en que los acuerdos en la entidad metropolitana son de obligado cumplimiento.
Y aquí es donde Caballero acotó algunos aspectos. En la entidad metropolitana hay que evitar, primero, la politización. Se trata de «favorecer la confianza» entre los miembros y «nadie debe abusar de nadie». Según explicó el regidor gallego, en su caso la «dirección fáctica» reside en la ciudad de Vigo, con el 62% de una población de 475.000 personas, que es también la que más aporta económicamente. Sin embargo, «no tiene poder de imposición», ya que tiene un voto ponderado del 45% y todas las decisiones requieren un apoyo mínimo de cuatro consistorios, lo que obliga a llegar a acuerdos. «No somos contrapoderes, sino órganos de gestión», recalcó Caballero.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, defendió también que la CUVA dé un paso más allá. Tras subrayar que desde 2015 se ha avanzado bajo los principios de «consenso, liderazgo compartido y cooperación de todos los municipios que forman parte de la asociación» –«sin ordeno y mando», afirmó–, recordó aspectos como el transporte metropolitano ya en marcha, la futura área de prestación conjunta del taxi (Arroyo podría sumarse, avanzó) o el anillo verde que se ha planteado entre los 23 municipios para conectarlos en una ruta de ocio y naturaleza. A su juicio, hay que ir avanzando, «de facto», hacia un área metropolitana, «lo cual quizá siente las bases para el reconocimiento político y jurídico a nivel autonómico, que nos dote de herramientas y recursos más adecuados que la mera voluntad de cooperación entre municipios». «Creemos que la relevancia demográfica, económica y social de Valladolid y su entorno justifican un especial tratamiento», apuntó Sánchez.
En esta mesa política, le tocó a Ángel Marinero, director general de Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Fomento, la representación de la Junta de Castilla y León. Marinero no quiso comprometerse demasiado con ninguna postura al considerarse «minoría étnica» entre los municipalistas, aunque subrayó que «las administraciones locales tienen una fuerza que no siempre ejercen», al tiempo que destacó que muchos cambios se producen «de abajo a arriba». El representante del ejecutivo restó importancia a cómo llamar a la nueva entidad –«lo importante es el fondo»– y recordó que en la región ya existe una figura que es la mancomunidad de interés general, que se podría asimilar a la de la entidad metropolitana.
Abel Caballero no se olvidó de subrayar que las entidades metropolitanas deben asumir competencias con su correspondiente dotación económica y en este punto matizó que las diputaciones deberían retirarse de dar servicio de esas zonas y los gobiernos autonómicos, también, eso sí dejando en manos de los municipios agrupados el dinero que destinaban a materias como servicios sociales, turismo o medio ambiente, entre otras competencias. Aquí también aclaró que en el área metropolitana de Vigo han acordado que los municipios son soberanos para decidir en qué materia participan y en cuál no, aunque, de momento, no se ha producido ninguna deserción.
Durante el debate, algún alcalde vallisoletano puso peros a la creación de la nueva figura de gestión. Concretamente, el regidor de Renedo, Luis Fernández, se mostró partidario de seguir avanzando en la línea de los acuerdos que se van consiguiendo en la CUVA , donde se logran resultados satisfactorios sin necesidad de mayores obligaciones o costes añadidos. Por su parte, la alcaldesa de Mucientes, Emiliana Centeno, dejó clara su postura a favor de esta figura, por dos razones. La primera, la eficiencia y el ahorro de costes en la prestación de los diferentes servicios. La segunda, en la necesidad de mantener la población en estas áreas. Se pueden garantizar servicios de la misma calidad para el conjunto. José Manuel Barrio, alcalde de Arroyo, abogó por seguir el camino marcado ayer. «Puede ser muy positivo para todos; es el momento de seguir avanzando paso a paso», sostuvo.
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