Valladolid estrena una casa para escapar de la violencia contra la comunidad LGTBI en el extranjero

Diego recaló en España, junto a su pareja, el 30 de diciembre de 2023 en busca de un espacio seguro, «libre de prejuicios», donde pasear por la calle, «sin temor y en libertad», de la mano de su chico. Aquí, en Valladolid, ha estrenado un nuevo recurso, coordinado por la ONG Procomar-Valladolid Acoge (con la colaboración de la Fundación La Caixa), que ofrece una vivienda para personas migrantes, en situación de vulnerabilidad, con una situación económica y laboral precaria y en el que se proriza a personas del colectivo LGTBI (que la semana pasada celebró el día del orgullo). «Hemos detectado en los últimos meses que una de las situaciones en aumento por las que algunas personas abandonan su país es porque allí no se respeta la diversidad sexual, se vulneran sus derechos», indica Marta Terán, coordinadora de alojamiento temporal en Procomar.

Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre los «alarmantes niveles de violencia experimentados por las personas LGBTIQ+ en la región», que en muchos casos quedan bajo la «invisibilidad estadística». El Ministerio del Interior de España recuerda que la condición de refugiado se reconoce, en la ley de 2009, para personas que han salido de su país «debido a fundados temores a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual».

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subraya que hay 70 países que penalizan por ley a las personas del colectivo LGTBI, entre los cuales, once hasta con la pena de muerte. En América, una media de nueve personas por semana son asesinadas por su orientación sexual. La ONG Accem ha recogido el testimonio de varios migrantes que han sufrido discriminación, violencia o persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género en sus países de origen. «En El Salvador, si matas a un homosexual puedes ganar puntos extra o mayor rango dentro de su pandilla», dice una chica lesbiana que ha recibido ayuda de Accem. En Colombia, 145 personas del colectivo fueron asesinadas en 2022 (49 de ellas, transexuales), según un informe de la Corporación Caribe Afirmativo. En República Dominicana, hubo esa ola de asesinatos de la que Diego escapó.

El proceso migratorio de Diego comenzó en diciembre de 2016. No había cumplido siquiera los 20 años cuando abandonó su país «por cuestiones políticas y económicas». El hijo pequeño de una familia de cuatro hermanos dejó su hogar y viajó a Ecuador acompañado de un amigo de la infancia. «No estaba a favor del Gobierno de mi país y eso hizo que me empezaran a perseguir por estar en la oposición», explica Diego, quien fuera de su hogar encontró también un respiro personal. «Mi familia no aceptaba mi condición sexual. Fuera era algo más libre, pero en casa estaba en el 'closet' (el armario)», dice Diego, quien durante meses trabajó en el campo, «con el banano que luego llega a Europa». Su objetivo también era cruzar el Atlántico y llegar aquí. «Ecuador al principio tenía una situación mucho mejor que Venezuela, pero luego también llegó una crisis económica y política que lo complicó todo».

En 2021, por mediación de una prima lejana de su madre, recaló en la República Dominicana. «Es un país que, por el turismo, es más abierto». Allí trabajó como camarero. Conoció a la que hoy es su pareja (y con la que vive en Valladolid). Pero esa ola de asesinatos de personas LGTBI hizo que no se sintiera seguro en el que entonces era su país. «Ni siquiera podíamos pasear cogidos de la mano, por miedo», cuenta Diego, quien después de ahorrar para el pasaje puso rumbo a España, vía Madrid. Después de dos experiencias complicadas en Madrid y Cáceres (con compatriotas que se aprovechaban de ellos con precios abusivos del alquiler), llegaron a Valladolid. En tren. El 9 de marzo.

Durante cerca de un mes estuvieron alojados en el albergue municipal, hasta que accedieron a este recurso pionero de Procomar, con un piso de cinco plazas que presta servicio, de forma prioritaria, a solicitantes de protección internacional por su condición sexual. «Se trata de un recurso temporal, en un principio por un tiempo de cuatro meses (que se puede ampliar), hasta que se inicia la tramitación de esa solicitud», cuenta Terán, quien recuerda que el servicio de alojamiento se presta junto a otros recursos vinculados con el área de empleo, formación, asistencia jurídica, psicológica o de homologación de titulaciones.

En la actualidad, Diego y su pareja han dejado ya este piso de Procomar y ahora siguen de la mano de Accem su camino hacia la obtención de la condición de refugiado. «En España hemos encontrado un país organizado, donde los derechos humanos funcionan, donde el dinero te puede alcanzar para vivir», dice Diego, quien celebra especialmente la «libertad» que encuentra para pasear con su chico por la calle, de la mano. En la actualidad, ambos estudian un curso intensivo de cocina, con prácticas laborales. Su intención es, cuando obtengan en noviembre el permiso de trabajo, encontrar algo con lo que ganarse la vida aquí, en este país en el que, aseguran, pueden vivir sin miedo su amor en pareja.