Daniel de Santiago lleva a un pasajero en la bicicleta de carga. El Norte

Valladolid

Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga

La Asamblea Ciclista de Valladolid reclama la anulación de las sanciones y señala que estas medidas contradicen tanto a la DGT como a los compromisos europeos de movilidad sostenible

Lucía San José

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11

«En países como Dinamarca o Bélgica se ríen cuando cuento lo que pasa en Valladolid. Allí hay atascos de bicicletas de carga a la ... salida de los colegios y aquí, en cambio, las multan», lamenta el usuario Daniel de Santiago, que ha recibido dos sanciones de 80 euros cada una en apenas tres meses por transportar a sus hijos «en condiciones distintas a las reglamentarias», según especifica las denuncias. A través de la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA), asegura recibir «injustamente» penalizaciones por transportar a sus hijos en este vehículo, «diseñado y legalmente autorizado para ese uso».

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El ciclista defiende que las sanciones carecen de fundamento jurídico, contradicen los criterios de la Dirección General de Tráfico (DGT) y reflejan, además, un retroceso en las políticas locales de movilidad sostenible, en lugar de un impulso para cumplir con los compromisos europeos de neutralidad climática que la ciudad ha asumido para 2030.

La primera sanción se produjo en noviembre de 2024 en la céntrica calle de Cervantes y la segunda en febrero de 2025 cerca de la plaza del Colegio de Santa Cruz. Ambas tuvieron un importe de 80 euros y se fundamentaron en la infracción del artículo 12.1.1 del Reglamento General de Circulación, que regula el transporte de personas en bicicleta. Sin embargo, el ciclista insiste en que su vehículo cumple con lo establecido en la normativa y con lo que aclaró la propia DGT en noviembre de 2022, cuando precisó que las bicicletas de carga pueden llevar tantos pasajeros como autorice su manual de usuario siempre que se garantice la seguridad.

El afectado asegura que, además de esa acusación, en las multas se incluyó la alegación de que no llevaba casco, un aspecto que «no es obligatorio» en su caso. En el momento de los hechos, transportaba a sus dos hijos, de cinco y un año, en un vehículo capaz de trasladar hasta a cuatro personas y de soportar una carga de cien kilos. Por su lado, la Policía Municipal apunta que este tipo de sanciones se ponen cuando se han «detectado una irregularidad y el agente, por tanto, lo considera oportuno», sin especificar más datos sobre este caso en concreto.

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ASCIVA denuncia también la existencia de lo que califican como una «grave irregularidad administrativa». Según el colectivo, el afectado no fue notificado correctamente en ninguno de los dos casos y se encontró con ambas sanciones ya en fase de apremio, lo que le impidió presentar alegaciones o ejercer su derecho a la defensa. Para el colectivo, este hecho «vulnera derechos fundamentales del ciudadano y constituye un agravio comparativo hacia quienes optan por formas de movilidad más sostenibles».

Bicicleta de carga del afectado. El Norte

La asociación ciclista recuerda además «este tipo de actuaciones van en contra de la tendencia europea en cuanto a la movilidad sostenible». En octubre de 2023, la Comisión Europea aprobó la 'European Declaration on Cycling', un documento que reconoce a la bicicleta como medio de transporte convencional y estratégico para el futuro urbano y que insta a las administraciones públicas a fomentar su uso en todas sus formas: las bicicletas tradicionales, las de carga y las eléctricas.

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«Sinceramente, no sabemos cómo va a hacer el Ayuntamiento para cumplir el compromiso que tiene. Valladolid pertenece a un grupo de 100 ciudades europeas que se han comprometido a ser climáticamente neutras en 2030», afirma de Santiago. Además, destaca que la capital solo retrocede en este proceso: «Estamos viendo que vamos más bien al revés, con carriles bici cada vez en peor estado, como es el caso de Isabel la Católica».

ASCIVA exige al Ayuntamiento la anulación inmediata de las sanciones impuestas a su miembro y reclama además una revisión profunda de los protocolos de actuación en relación con las bicicletas de carga. «Las administraciones públicas deben garantizar el respeto y la protección de aquellos que apuestan por una movilidad respetuosa con el entorno y con las personas», señala la asociación.

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