Los municipios vallisoletanos extreman la vigilancia sobre los pozos para garantizar su seguridad

Pozo señalizado por la Policía Municipal de Laguna tras la denuncia de un vecino. /R. Jiménez
Pozo señalizado por la Policía Municipal de Laguna tras la denuncia de un vecino. / R. Jiménez

Ayuntamientos como Laguna o Íscar han sellado o señalizado estos días algunas perforaciones tras las denuncias de vecinos

L. SANCHO

El trágico accidente del pequeño Julen en un pozo de la provincia de Málaga ha activado todas las alarmas entre vecinos y administraciones en la provincia de Valladolid para detectar y vigilar las perforaciones realizadas en el medio rural con el objetivo de dotarlas de seguridad. Hay ayuntamientos, como por ejemplo el de Íscar, que preparan de hecho la emisión de un bando para solicitar a los vecinos de la localidad su colaboración para que notifiquen la existencia de pozos que se encuentren «en circunstancias extrañas» con el fin de que «no haya ningún percance», señala el alcalde, Luis María Martín.

La decisión, matiza el regidor, llega después de que el pasado viernes el Ayuntamiento iscariense sellara varios sondeos municipales en un pinar del conocido como despoblado de Santibáñez, que en su día sirvieron para el abastecimiento de agua. Fue un vecino de la localidad quien, a través de las redes sociales, difundió un vídeo para denunciar la existencia de un pozo de similares características al que cayó Julen. De hecho, el autor del vídeo lanzaba una piedra para mostrar la gran profundidad del foso, abierto a la misma altura que el terreno del pinar donde se encuentra. Al respecto, el alcalde de Íscar aseguró que el pasado viernes se cerraron las puertas de esos sondeos y que ayer estaba previsto cerrarlos con nuevas piezas soldadas con el fin de que no se pudieran destapar.

El sellado de pozos se lleva así a acabo en los últimos días en varios puntos de la provincia ante lo ocurrido recientemente en Totalán (Málaga). Son los propios vecinos los que en varios casos están dando la voz de alarma a los ayuntamientos, quienes posteriormente se ponen en contacto con los propietarios de los terrenos donde se asientan para garantizar la seguridad de estas cavidades. En Laguna de Duero, agentes de la Policía Local señalizaban el pasado domingo un pozo de unos cinco metros de diámetro que se encontraba abierto en una parcela de la urbanización Tijuana tras la denuncia de un vecino de la zona, que se topó con el orificio mientras paseaba. El concejal de Urbanismo, Francisco Barbillo, avanzó que el Ayuntamiento se pondrá en contacto con el propietario del terreno para que proceda a dotarlo de la seguridad correspondiente. «Es necesario que todos nos concienciemos de lo importante que es evitar accidentes como lo ocurrido en Málaga», incidió el edil, tras comprobar la existencia de esta perforación.

Desde la propia Diputación de Valladolid barajan incluso enviar una circular a todos los ayuntamientos de la provincia para poner a su disposición las herramientas del área de Asesoramiento a Municipios con el fin de que resuelvan dudas con respecto al sellado de pozos. No en vano, desde el año 2017, y según los datos facilitados desde el área de Extinción de Incendios y Protección Civil, los bomberos de la provincia contabilizan tres intervenciones en pozos del medio rural vallisoletano. El más destacado ocurrió en el término de Olmedo, en diciembre de 2017, donde una mujer tuvo que ser rescatada tras tirarse en busca de su perro, que había caído dentro. Dos días después, hicieron lo propio en Medina del Campo para socorrer a un gato, mientras que en diciembre de 2018 intervinieron en la perforación de una escombrera para buscar un feto que, presuntamente, habría arrojado su madre después de interrumpir el embarazo. Además, los bomberos de Valladolid tuvieron que rescatar en mayo de 2018 a un hombre que cayó a un pozo de seis metros de profundidad en el Polígono de San Cristóbal.

No hay, de momento, una cifra oficial de pozos en la cuenca del Duero vallisoletana –la CHD recaba los datos desde hace unos días–, pero organizaciones agracias como COAG calculan que pueden ser «miles» las perforaciones en la provincia de Valladolid –tanto las autorizadas como las ejecutadas de forma ilegal–, especialmente, según estima Alberto Duque, coordinador de la alianza COAG-UPA en Valladolid, en zonas del Valle Esgueva o el páramo donde se asientan poblaciones como Campaspero. Aquí tradicionalmente han carecido de un plan de regadío para comarcas eminentemente agrícolas que ahora buscan la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas para aparcar los numerosos sondeos de las décadas de los 70 y 80 y optimizar el uso de agua.