Los muertos en accidente laboral en Valladolid hasta julio ya son tantos como en todo 2024
UGT anuncia movilizaciones ante unas cifras «escalofriantes» y apunta a la precariedad y el incumplimiento de la ley como principales causas
«No podemos normalizar que no se vuelva del centro de trabajo a casa». La frase es de Gorka López, el secretario de Acción Sindical ... y Coordinación Sectorial de la Federación de Industria, Construcción y Afines (FICA) de UGT Castilla y León, y viene a cuento del aumento de la siniestralidad laboral este año. Los datos oficiales hasta julio son descorazonadores: 26 muertos en accidente y otros cinco in itinere, es decir, cuando iban de camino a su puesto o viceversa. En total 31 fallecidos en la comunidad, casi el 20% más que en el mismo periodo de 2024.
En el caso de Valladolid la estadística es aún peor. Siete trabajadores perdieron la vida en la provincia entre enero y julio, uno de ellos mientras se desplazaba al tajo, frente a los cuatro registrados el año pasado en idénticas fechas. En términos relativos supone que se han disparado el 75%. Es más, los decesos en estos primeros siete meses ya son tantos como los contabilizados durante todo 2024, lo que da idea de lo negro que es el balance a tenor de las últimas magnitudes disponibles.
Son cifras que la secretaria general de UGT FICA en la región, Sandra Vega, no ha dudado en calificar de «escalofriantes». No en vano le tocan muy de cerca, porque buena parte de los siniestros afectan a los sectores en los que está centrada su federación. De ahí que haya anunciado «una gran movilización en Madrid el 16 de octubre para reclamar que no puede haber ni una muerte más», que se llevará a cabo en unidad de acción con CCOO y a la que podrían seguir posteriormente más en las autonomías. «La mayor parte de los accidentes de trabajo se pueden evitar», ha asegurado la dirigente sindical, que en este contexto ha puesto de relieve que «hay causas que no podemos ignorar».
Para empezar «la precariedad laboral», porque según ha dicho aquellos que se encuentran en esta tesitura tienen «menos formación, menos derechos y más riesgos», y «en muchos casos esa temporalidad y la falta de formación al acceder a su puesto de trabajo matan». Junto a esto, Sandra Vega ha citado «el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, muchas empresas siguen viendo la seguridad como un gasto y no como una inversión»; la actitud de «las mutuas, que cada vez endurecen más las condiciones para conceder las bajas»; la escasez de recursos de la Inspección, y la existencia de «muchas patologías vinculadas a condiciones laborales insostenibles» que implican «riesgos psicosociales que la normativa no contempla». Al hilo de esto, ha aprovechado la ocasión para afear el voto en contra de «Junts, PP y Vox» a las 37,5 horas semanales: «Para mí son cómplices de los accidentes de trabajo que puedan estar relacionados con el estrés y el agotamiento por excesos de jornada, porque se producen y se seguirán produciendo».
El grueso ocurre en las pymes
Un análisis que, lamenta la central de representación, se confirma a la vista de las características que tienen las víctimas. «El perfil de los trabajadores accidentados es el de peones (categoría laboral básica) y operadores de máquina con menos de un año de experiencia y, esto en realidad es el nudo gordiano de la situación, que pertenecen a empresas de menos de 50 trabajadores. En la pequeña y mediana empresa es donde se produce una mayor accidentabilidad y mortalidad», ha señalado Gorka López, que ha recordado que las compañías con una plantilla inferior a seis personas «no tienen la obligación de tener representatividad». De ahí que haya demandado la implantación de «la figura del delegado sectorial de prevención, que tenga capacidad de actuación en este tipo de empresas».
No es lo único que propone la Unión General de Trabajadores. La secretaria general de FICA apuesta además por «implicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o incluso a la propia Policía Local», de modo que «puedan actuar e incluso sancionar cuando vean cualquier irregularidad o incumplimiento», en particular en las obras. No es para menos, teniendo en cuenta que la construcción tiene más de 67.000 afiliados a la Seguridad Social y que más de la mitad de los accidentes en este sector «los han sufrido personas de la franja de edad entre los 50 y los 64 años, y lo que es más grave«, apostilla el responsable de Acción Sindical, «el número de los que eran mayores de 60 años se ha incrementado en los últimos cinco años más de un 65%».
En este sentido, ha reiterado la necesidad de aplicar «coeficientes reductores» que permitan que este colectivo pueda acceder antes a la jubilación, porque «no es de recibo que las personas mayores de 65 años tengan que trabajar subiéndose a un andamio, utilizando maquinaria pesada o a la intemperie». Sandra Vega ha abogado asimismo por aplicar con todas las consecuencias la legislación. «Si en la investigación de los accidentes de trabajo mortales se demuestra que han existido negligencias por parte de los empresarios, a nadie debería de temblarle el pulso a la hora de que cumplan pena de cárcel», ha manifestado rotunda, porque «así lo contempla el artículo 316 del Código Penal».
Construcción y transporte concentran más de la mitad de los fallecidos
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta examina en detalle la siniestralidad laboral, y eso permite conocer a qué sectores pertenecían los seis trabajadores que perdieron la vida entre enero y julio mientras estaban desarrollando su profesión (el séptimo falleció in itinere). Dos de ellos eran operarios de la construcción especializada, dos se dedicaban al transporte, uno pertenecía a la industria alimentaria y otro tenía una ocupación relacionada con la seguridad y la investigación. Cinco de esos seis fallecidos eran asalariados, frente a un único autónomo. La estadística cuantifica en 3.412 los accidentes laborales con baja durante la jornada en los siete primeros meses del año en la provincia, el 2,31% más que en 2024, que en su mayoría fueron leves (3.377) y en menor medida graves (29), a los que hay que añadir los mortales. A estos hay que sumar los 520 ocurridos durante los traslados, de los que uno terminó en defunción.
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