Los macrojuicios se comen la agenda de la Audiencia de Valladolid de dos años

Sala de vistas de la Audiencia de Valladolid. /R. Gómez
Sala de vistas de la Audiencia de Valladolid. / R. Gómez

La actividad en el tribunal provincial estará condicionada por la compleja organización y la celebración de cuatro grandes vistas mediáticas

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El magistrado Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, tiene siempre muy presente, como un hito de su larga trayectoria profesional, el juicio del clan de los Monchines. Él presidió el tribunal en el juicio, que se celebró durante varios meses de 2007 entre fuertes medidas de seguridad por la alta peligrosidad de los acusados y de sus familias. Fue un reto en su día, recuerda, organizar tan compleja vista oral, con traslados desde prisión, familiares exaltados y testigos y periodistas amenazados, en un Palacio de Justicia de distribución anticuada y con una sala de juicios pequeña y apenas provista de medios tecnológicos. El macrojuicio de los reyes de la droga de Valladolid, presume Trebolle, se superó con sobresaliente e incluso sirvió de modelo para futuras vistas complejas en las anticuadas sedes de las audiencias provinciales de Castilla y León, donde hasta no hace mucho tiempo no existían ni equipos de megafonía. Al magistrado Trebolle, aquella experiencia le servirá, once años después, para enfrentarse, junto con su equipo, a la organización de cuatro macrocausas, estas enmarcadas en la (difícil) digitalización de los juzgados.

Tres de estos procedimientos abreviados son por supuesta corrupción política en los tiempos de Gobierno municipal del Partido Popular y prometen ser unas vistas multitudinarias, mediáticas y apoyadas en mucha tecnología, aunque sea de alquiler. El primer efecto de estos señalamientos es que la actividad ordinaria de las dos secciones penales de la Audiencia –donde entran 2.200 asuntos nuevos de media al año, más casi un centenar de promedio que se arrastran de ejercicios anteriores– se verá completamente desbordada hasta 2020.

Por el momento, lo que ya se ha establecido es la «reserva» semanal de los lunes y los viernes para poder celebrar los juicios ‘ordinarios’ de su competencia, como los de tráfico de drogas, delitos contra las personas y otros que llevan aparejadas las penas más elevadas. Además de estas vistas, la Audiencia alberga los juicios con jurado y, fuera de Sala, los magistrados también se ocupan de resolver las apelaciones a resoluciones judiciales. La sobrecarga, reconoce Trebolle, está garantizada.

Todavía no está decidido si tendrá que celebrarse alguna de estas macrocausas en la Feria de Muestras o en algún teatro con capacidad suficiente, pero ya ha comenzado la cuenta atrás, pues el primero de los señalamientos está fijado para los días 25, 26 y 27 de abril: el caso de la ‘comfort-letter’ contra el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva y los ya exediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. El primero de los días del juicio por el aval del soterramiento estará reservado al interrogatorio de los acusados, mientras que el segundo estará dedicado a las testificales y el último para la exposición de las conclusiones. Se ocupa de esta causa la Sección Segunda de la Audiencia.

León de la Riva se enfrenta a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SCAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento. Al exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, la acusación pública solicita 24 años de inhabilitación en su condición de integrantes, entonces, del Consejo de Administración de la SVAV. Los tres están acusados por la Fiscalía de prevaricación. El Ayuntamiento, que se persona como acusación particular, solicita para De la Riva tres años de cárcel y nueve de inhabilitación y, para los dos exconcejales, siete de inhabilitación. Las acusaciones sostienen que obviaron de forma deliberada los trámites y no realizaron comunicación alguna de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento.

Otoño, completo

Los martes, miércoles y jueves de los meses de septiembre, octubre y noviembre ya están comprometidos para celebrar otra macrocausa relacionada con la gestión del Partido Popular en el Consistorio de la capital: la supuesta manipulación del PGOU por parte de funcionarios de la Concejalía de Urbanismo para favorecer a determinados propietarios de suelo y de edificios de la ciudad. El juicio, a cargo de los magistrados de la Sección Cuarta, arrancará el 18 de septiembre y durará tres meses. En la primera semana se presentarán las cuestiones previas por parte de los abogados de las defensas, que basarán su estrategia para abrir brecha hacia el Tribunal Constitucional y reclamar la anulación por prescripción de delitos y dilaciones indebidas. A los acusados se les atribuyen delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias. El exconcejal de Urbanismo, Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, se enfrentan, respectivamente, a penas de cuatro años de prisión y multas de 37.800 euros.

Además de la cúpula de este departamento municipal se sentarán en el banquillo el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino y María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbados, por distintas operaciones inmobiliarias, así como José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid. A todos ellos se les imputa tráfico de influencias y se les piden penas, por parte de la Fiscal que van de dos años y medio a ocho meses de prisión. Las acusaciones particulares solicitan para los principales encausados condenas de hasta seis años de prisión.

El conocido como caso Samaniego, se señalará para finales de diciembre o primeros de 2019. En manos de la Sección Segunda de la Audiencia, juzgará a Luis Alberto Samaniego, el exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de la capital que, según la Fiscalía, se benefició de su cargo entre los años 2000 y 2014 para adjudicarse, a él y a su familia, contratos menores, a través de un entramado de 13 sociedades gestionadas por él y los otros tres acusados: su hijo Luis Javier, un primo, Antonio Bernardo, y su contable, Miguel Ángel Rodríguez. Se les atribuye haberse adjudicado contratos municipales valorados en 9,3 millones de euros. La acusación pública solicita para todos ellos penas de cárcel que suman 35 años, diez menos de la petición que formula el Ayuntamiento, personado como acusación particular en la causa.

Pero mucho antes tendrá que celebrarse un juicio que, en palabras del magistrado Trebolle, será histórico en la Audiencia de Valladolid, no tanto por el volumen de la esfafa ni las cuantías estafadas, sino porque son 65 los acusados de fraude a la Seguridad Social y a 60 establecimientos comerciales, bancos y sociedades de crédito ‘on line’ cuyo cerebro operaba desde un despacho en el céntrico Pasaje Gutiérrez, al menos desde 2012. A no ser que la Fiscalía logre que los ‘peces pequeños’ de este grupo criminal se conformen con determinadas penas antes del juicio, la Audiencia tendrá que buscar un auditorio para poder celebrarlo: 65 acusados con otros tantos abogados defensores, las acusaciones particulares y aseguradoras de los comercios perjudicados, los periodistas y el público en general literalmente no caben en la sala de vistas del Palacio de Justicia.

Tampoco cabrían los 27 investigados del caso Perla Negra y otros tantos de la trama eólica, los dos grandes casos de supuesta corrupción que afectan a la Junta de Castilla y León, si es que terminan en procesamiento. Ambos casos, de especial complejidad y larguísimas diligencias, todavía se encuentran en fase de instrucción en los Juzgados 2 y 4, respectivamente. Si finalmente llegan a la Audiencia de Valladolid para ser juzgados, no lo harán antes de 2020, calculan fuentes del caso, que descartan que vayan a resolverse antes de que concluya el año electoral de 2019.

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