La Guardia Civil investiga la legalidad del traslado de residuos del IES Santa Teresa de Valladolid

Sin embargo, la polémica ha surgido por las denuncias interpuestas por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla yLeón (AGERDCYL), la patronal que agrupa a una docena de empresas de la región encargadas de dar salida mediante el reciclaje de este tipo de residuos no peligrosos (hormigón, tierras, maderas, o metales de viejos edificios). Se trataría de cerca de 8.000 toneladas procedentes del viejo edificio. El derribo ha sido realizada por la constructora madrileña Demoliciones Arribas Gozalo (AG), fundada en 1988.

Las denuncias se han presentado además en el Servicio de Medio Ambiente de la delegación Territorial de la Junta (el pasado 14 de junio), así como en el Ayuntamiento de Valladolid (17 de junio), aportando en ambos casos material fotográfico con los camiones y excavadoras que se han empleado.

Según las mismas, la constructora que procedió a la demolición trasladó los escombros a las instalaciones que la empresa Amo Sánchez S. A. tiene en la avenida de Santander, junto al cementerio municipal. Esta sociedad se encuentra en concurso de acreedores desde el año 2014, e intervenida por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valladolid, que designó en 2018 a un administrador.

La patronal sostiene que esta empresa «no está autorizada para realizar este tipo de gestión de residuos no peligrosos, al tratarse de material mezclado de construcción y demolición (LER 170904), que no resultan comprendidos en la única autorización con la que Amo Sánchez contó, que en este caso era para la valorización de tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 170503».

Sostiene también en su denuncia el colectivo empresarial AGERDCYL que, si bien la empresa vallisoletana recibió en 2008 de la Dirección General de Infraestructuras autorización como gestora y transportista de residuos no peligrosos, «estableció para la misma una vigencia de cinco años, que habría finalizado el 25 de junio de 2013, sin que exista constancia de que se haya solicitado la prórroga de dicha autorización». Para la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos, el hecho de que la mercantil esté en concurso ha conllevado que «se haya autorizado la venta de sus activos a la sociedad Essential Transition S. L. empresa que no cuenta con autorización para realizar esta actividad».

En este sentido, fuentes jurídicas de AGERDCYL sostienen que, al estar en concurso Amo Sánchez, este permiso «quedaría sin efecto», sin que la empresa que la pueda absorber pueda solicitar la transmisión de la titularidad para continuar con la gestión de los residuos. El pasado marzo, la Junta de Castilla y León remitió al administrador concursal un escrito advirtiendo de que la gestión «puede ser prorrogada si se solicita».

La situación de los escombros del viejo instituto es considerada por la asociación denunciante como «contraria a la normativa que regula los residuos», al tiempo que han advertido a la Consejería de Educación de que el contrato de derribo que se ha ejecutado incumple la ley de residuos y suelos contaminados.

Esta semana, agentes de la Guardia Civil han visitado las instalaciones de Amo Sánchez y comprobado los escombros. Fuentes del Seprona indican que «se está elaborando un informe por posible falta administrativa», que será trasladado luego a la Consejería de Medio Ambiente.

Aunque hace más de dos semanas que la patronal comunicó los hechos a las administraciones, los trabajos continuaron a cargo de la empresa Metalco S. A. y la transportista Ruiper. En su denuncia, se pide al Ayuntamiento de Valladolid que tramite los oportunos expedientes sancionadores, a la vez que se ha solicitado a la Inspección de Trabajo que intervenga por «el grave riesgo para los trabajadores».

Estos últimos días, agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios de la Junta se han puesto en contacto con el dueño de la planta para conocer qué tipo de material es el que se ha sacado del instituto de Secundaria para llevarlo a la planta.

Las obras en el IES tienen un coste de unos 6.405.934 euros, y su plazo de ejecución está previsto que sea de 18 meses, por lo que finalizarían en julio de 2021. La inversión total del nuevo edificio de la Escuela de Arte de Valladolid ascendería a ocho millones.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid concedió a finales de febrero la concesión del permiso de obras a la Consejería de Educación, que en mes de noviembre aprobó 380.000 euros para la redacción del proyecto básico y la ejecución de obras de demolición en el antiguo IES.

El Consistorio de la capital exige a los promotores de este tipo de proyectos de demolición que constituyan una fianza con la que se asegura la «correcta gestión de los residuos». El traslado de los mismos tiene que constar en un contrato de tratamiento con el gestor final, y la identificación de cada traslado, mediante un documento del promotor, constructor, transportista, la planta de gestión y el tipo de residuos.