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Planta en la avenida de Santander donde se han depositado los escombros. R.Gómez

«El administrador concursal autorizó toda la operación», afirma el empresario

El constructor sostiene que la denuncia es fruto de «una disputa comercial»

Viernes, 5 de julio 2019, 07:18

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La empresa Amo Sánchez es una de las sociedades del sector de la construcción con más de 40 años de trayectoria. Al igual que otras de Valladolid, la 'burbuja del ladrillo' la arrastró a un proceso de quiebra que cinco años después está a punto de concluirse en el Juzgado de lo Mercantil número 1.

«Hace tres años me denunciaron por algo similar cuando se hizo la demolición de la Torre Mergelina de la Universidad, y aquello fue desestimado, al igual que va quedar ésto. A día de hoy, la autorización de gestión de residuos está en vigor, y en la propia página de la Junta se específica qué escombros puedo coger y cuales no», explicó Juan Antonio Amo.

Este directivo de la firma indica que «el administrador concursal ha estado al tanto de toda esta operación, ha emitido el certificado de los residuos y la factura para cobrarlos por la recepción». Se trata del letrado Miguel Mambrilla, que ayer señaló que «la sociedad puede operar perfectamente aunque esté intervenida por el Juzgado. El hecho de que esté en liquidación no implica que pierda los permisos. Este trabajo del instituto se ha hecho porque dejará ingresos para pagar en el futuro a los acreedores».

Lo depositado en las instalaciones de la avenida de Santander es, principalmente, hormigón, unas 8.000 toneladas, y otras 400 toneladas más de ladrillo. Según la empresa vallisoletana, se ha hecho una demolición selectiva, retirando el amianto, las persianas, la chatarra y las maderas. La Consejería de Educación, adjudicataria de la obra, estimó en 6.700 metros cúbicos los escombros (1.700 de hormigón limpio y 5.000 de escombros mezclados.

«Cuando quedó el hormigón limpio, se ha trasladado el mismo a la planta de la avenida de Santander, que tiene la licencia en vigor», insistió el empresario, que atribuye las denuncias a «una disputa comercial» por una demanda que Amo Sánchez presentó la semana pasada en el juzgado contra el presidente de la patronal AGERDCYL, por importe de 89.000 euros.

A la vista de lo sucedido esta semana, la Consejería de Educación ha comunicado a Amo Sánchez que «por el momento, hasta que se aclare toda esta cuestión administrativa, no se pagarán más trabajos».

Subasta de bienes

El pasado mayo, la empresa barcelonesa Essential Transition S. L. presentó en Juzgado una oferta para quedarse con parte del patrimonio de Amo Sánchez, entre el que se incluían cuatro fincas en Valoria la Buena, dos inmuebles en Valladolid, dos en Palencia, maquinaria y vehículos (entre ellos retroexcavadoras, un desacador de arenas, palas cargadoras, martillos hidráulicos, bulldozer Liebherr, tractores, más de 10 camiones y cisternas).

La puja, que comprendía además motosierras, compresores, herramientas, casetas de obra, una báscula y una central de fabricación de mortero con sus silos, entre otros equipos, se le adjudicó provisionalmente por 475.000 euros tras concursar con otras dos empresas más.

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