El Grupo El Salvador firma un ERE para 25 empleados en Valladolid por la crisis de los ataúdes

Según confirmó ayer Ignacio Morchón hijo, actual gerente del emporio funerario vallisoletano, son ya 16 de esos 25 los trabajadores que están fuera de la empresa temporalmente, «aunque la pretensión es que puedan irse incorporando en sustituciones y vacaciones y que en el mes de diciembre estén todos dentro otra vez». Puntualizó que buena parte de ellos son trabajadores de la construcción que realizaban tareas polivalentes tanto en las propiedades inmobiliarias de la familia como en el complejo funerario.

Algunos de ellos, indicaron fuentes próximas a la empresa, habían pasado días atrás por el Juzgado de Instrucción 6 para declarar como testigos voluntarios a favor de la empresa en las diligencias que se siguen para determinar si el fraude existió, como se pone de manifiesto en las libretas y otra documentación gráfica recopilada por el extrabajador jubilado Justo Martín, que fue condenado por intentar chantajear a Ignacio Morchón padre.

En los juzgados de Angustias, ayer culminaba la última tanda de declaraciones de esos testigos. Uno de los cuatro que comparecieron, administrativo de la funeraria, aseguró que en los 38 años que lleva en la empresa solo ha vendido un 'arcón' de 3.000 euros, como se denominan en el argot del sector de las pompas fúnebres los modelos de ataúdes más lujosos.

Una declaración, como la del resto de los veinte testigos voluntarios que ya han pasado por el juzgado, que persigue socavar las afirmaciones de una testigo principal de la acusación, una empleada que fue despedida y que sostiene que vio llegar de vuelta del crematorio, hasta en tres ocasiones, «un féretro espectacular, como los americanos, de dos puertas», valorado en 12.000 euros.

«Llevo en la empresa desde 1981 y solo vendí uno de esos arcones, de 3.000 euros, a unos señores de Tudela de Duero, hará unos 15 años», insistió, por el contrario, este empleado, quien realiza tareas de 'tramitador' desde que empezó a trabajar para Morchón padre en las oficinas de Angustias, muy cerca de la propia sede judicial.

Tanto el administrativo como los otros tres trabajadores que declararon ayer insistieron en que, aunque el veterano empresario está jubilado, sigue siendo el jefe y ejerciendo como tal, incluso después de saltar la Operación Ignis y tras pasar dos meses en prisión provisional hasta que la Audiencia de Valladolid le concedió la libertad bajo una fianza hipotecaria valorada en 800.000 euros.

«Tal es así», comentó el abogado de la defensa, Guillermo Ruiz Blay, «que el mismo día en el que salió de la cárcel y después de darse una ducha, se fue al cementerio». Junto con sus hijos Ignacio y Laura, que también están en libertad bajo fianza, tras poner a disposición del Juzgado varias propiedades inmobiliarias valoradas en 800.000 y 200.000 euros, los Morchón está siendo investigados en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Los empleados, también en la línea de la defensa, han coincidido en manifestar que siempre se indica a los clientes que pueden ver las incineraciones (aunque algunos perjudicados lo hayan negado) y que «todo el mundo» tiene acceso a todas las dependencias, e incluso a la documentación personal de los clientes, tanto la informatizada como la histórica de los servicios desde 1995, que se guarda en dos armarios en la oficina del cementerio de Santovenia, donde estaba solo Justo Martín. «En las tres horas que dura la incineración se puede hacer cualquier cosa con el horno, la caja o la documentación», señaló. La última en entrar a trabajar en la firma, que se ocupa del servicio de incineración, insistió en que una persona sola (ella misma, a pesar de su pequeña estatura y poca corpulencia) puede manejar el féretro y trasladar un cuerpo a otra caja.

Ninguno de los empleados ha visto u oído «nada parecido a lo descrito por Justo» y tampoco les extrañó que Ignacio Morchón tuviera en su casa, en el momento de su detención, casi un millón de euros en metálico. En ese sentido, la empleada de recepción en el turno de noche explicó que desde hace 35 años los servicios funerarios en los tanatorios de fuera de Valladolid se cobraban en efectivo contra factura y ese dinero se le entregaba a Ignacio padre en sus oficinas o en su casa.

En total, 25 personas fueron detenidas a finales del pasado mes de enero por su supuesta participación en el 'cambiazo' de unos 6.000 ataúdes destinados a la cremación entre los años 1995 y 2015, según la documentación que se le incautó a Justo Martín, extrabajador jubilado del cementerio privado de Santovenia. Con fotos de los finados y fichas de las supuestas sustituciones, intentó chantajear a Ignacio Morchón y fue condenado por ello. La Policía sigue estudiando las libretas de Justo Martín cuando se van a cumplir los dos años, el próximo agosto, desde que se iniciara la investigación. La jueza denegó la prueba caligráfica de los cuadernos solicitada por el letrado Guillermo Ruiz para datar cuándo se realizaron los apuntes.