Un empleado de la funeraria de Morchón asegura que en 38 años solo ha vendido un 'arcón' de 3.000 euros

Modelos de ataúdes expuestos en una sala del tanatorio del Grupo Parque El Salvador. /A. Mingueza
Modelos de ataúdes expuestos en una sala del tanatorio del Grupo Parque El Salvador. / A. Mingueza

Concluyen las testificales voluntarias de veinte trabajadores de Parque El Salvador ante la jueza, que sigue sin contar con el refuerzo solicitado para el caso, de especial complejidad

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Uno de los cuatro trabajadores de la funeraria de Ignacio Morchón que ha testificado este viernes ha asegurado que en los 38 años que lleva en la empresa solo ha vendido un 'arcón' de 3.000 euros, como se denominan en el argot del sector de las pompas fúnebres los modelos de ataúdes más lujosos. Una declaración, como la del resto de los veinte testigos voluntarios que ya han pasado por el juzgado, que persigue socavar las afirmaciones de una testigo principal de la acusación, que sostiene que vio llegar de vuelta del crematorio «un féretro espectacular, como los americanos, de dos puertas», valorado en 12.000 euros.

«Llevo en la empresa desde 1981 y solo vendí uno de esos arcones, de 3.000 euros, a unos señores de Tudela de Duero, hará unos 15 años», ha insistido, por el contrario, este empleado, quien realiza tareas administrativas desde que empezó a trabajar para Morchón padre en las oficinas de Angustias.

Tanto el administrativo como los otros tres trabajadores que han declarado esta mañana han puntualizado además que, aunque el veterano empresario está jubilado, sigue siendo el jefe y ejerciendo como tal, incluso después de saltar la Operación Ignis y tras pasar dos meses en prisión provisional hasta que la Audiencia de Valladolid le concedió la libertad bajo una fianza hipotecaria valorada en 800.000 euros.

«Tal es así», han señalado desde la defensa, «que el mismo día en el que salió de la cárcel y después de darse una ducha, se fue al cementerio». Junto con sus hijos Ignacio y Laura, que también están en libertad bajo fianza, tras poner a disposición del Juzgado varias propiedades inmobiliarias valoradas en 800.000 y 200.000 euros, los Morchón está siendo investigados en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Los empleados, también en la línea de la defensa, han coincidido en manifestar que siempre se indica a los clientes que pueden ver las incineraciones (aunque algunos perjudicados lo hayan negado) y que «todo el mundo» tiene acceso a todas las dependencias, e incluso a la documentación personal de los clientes, tanto la informatizada como la que se guarda en dos armarios en la oficina del cementerio de Santovenia, donde estaba solo Justo Martín «y en las tres horas que dura la incineración se puede hacer cualquier cosa». La última en entrar a trabajar en la empresa ha insistido que una persona sola (ella misma, a pesar de su baja estatura y poca corpulencia) puede manejar el féretro y trasladar el cuerpo a otra caja.

En total, 25 personas fueron detenidas a finales del pasado mes de enero por su supuesta participación en el 'cambiazo' de unos 6.000 ataúdes destinados a la cremación entre los años 1995 y 2015, según la documentación que se le incautó a Justo Martín, extrabajador jubilado del cementerio privado de Santovenia. Con fotos de los finados y fichas de las supuestas sustituciones, intentó chantajear a Ignacio Morchón y fue condenado por ello. Una documentación que sigue estudiando la Policía cuando se van a cumplir los dos años, el próximo agosto, desde que se iniciara la investigación.

La sala de vistas 4 ha acogido las últimas declaraciones programadas antes de las vacaciones veraniegas en el caso de los ataúdes. Por el juzgado seguirán pasando los perjudicados 'oficiales', familiares de los fallecidos afectados por el supuesto cambiazo. Solo los del listado aportado por la Policía Nacional son 915 y, junto con los de las plataformas y acusaciones particulares, podrían sumar algo más del millar. A pesar de que la jueza ha solicitado refuerzos al tratarse de una causa de especial complejidad, todavía no se le han concedido.

Están pendientes de llegar los informes solicitados a la Agencia Tributaria y otro complementario de la Policía Nacional, que sigue estudiando la documentación requisada al exempleado. Después del verano se solicitará, por parte de la defensa, que comparezcan los 'acompañantes' de las compañías aseguradoras que trabajan con el grupo funerario vallisoletano.

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