La escalada de precios deja desiertas cerca de 1.000 obras públicas

El sector de la construcción de obra pública «arrastraba ya problemas gordos que vienen de lejos», explica Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, en referencia a la debacle que se produjo tras el pinchazo inmobiliario de 2008. De las más de 14.000 empresas constructoras activas en la comunidad antes de esa fecha se pasó a unos 9.000 doce años después. En sentido similar, un sector que llegó a contar con 106.000 trabajadores ocupados sufrió una caída hasta el entorno de los 65.000. «Ahora, la guerra de Ucrania no vemos que esté afectando a nuestra actividad, pero la tremenda crisis energética y de suministro de materias primas que estamos sufriendo desde hace meses sí está haciendo mella y mucha», argumenta.

En concreto, todo lo que tiene que ver con la escasez de ciertos materiales y, por ello, su encarecimiento les está «machacando». «Se ha producido una rotura de la cadena logística como no habíamos conocido», continúa Pascual. La madera ha duplicado su precio, la piedra ha subido por encima del 50% y el coste del cobre se ha entre triplicado y cuadruplicado, además de que apenas se encuentra. Los retrasos en el aprovisionamiento son generalizados. A ello hay que añadir la falta total de arlita, el nombre con el que se conoce a la arcilla expandida, un árido muy utilizado para construcción e infraestructura por su ligereza, estabilidad, resistencia y características aislantes. «Arlita no hay y acero, con las siderurgias del norte paradas al no poder fabricar con los precios que ha alcanzado la electricidad, tampoco. Una obra sin vigas de acero sencillamente no es factible».

Las obras, con todos estos condicionantes, se van interrumpiendo una detrás de otra. El sector, además, lleva meses advirtiendo de que existe una alarmante falta de mano de obra especializada. A finales del año pasado, cuando aún reinaba el optimismo, las empresas esperaban ilusionadas la llegada de los fondos UE Next Gen y hablaban de «absorber sin ningún problema hasta 35.000 trabajadores durante los próximos años». Ahora nadie se atreve a hacer previsiones. «Los concursos están quedando desiertos: en el último trimestre del año pasado ya empezamos a sufrir este problema con 500 obras sin nadie que pudiera plantearse asumirlas y calculamos que, en lo que llevamos de 2022, se habrán alcanzado las 1.000», señala Pascual.

Desde 2017, mediante la Ley de Desindexación, el Gobierno estableció que los valores monetarios públicos como rentas, precios o tasas dejaron de estar vinculados al IPC y solo se revisarían cuando variasen sus costes específicos. Se pretendía evitar la llamada inflación de segunda ronda, es decir, la que introduce un alza automática en los precios aunque los costes específicos de un servicio concreto no se hubieran visto alterados. Ahora, denuncia el presidente de los contratistas, «con los costes disparados, las revisiones de precios, que recaen en el criterio del órgano de contratación, no se está mostrando sensibilidad con el sector».

Según explica, tras la demanda de las empresas de que se hagan revisiones de forma extraordinaria, «solo se ha aceptado para las obras de 2021 y solo se ha aplicado un resarcimiento parcial de los sobrecostes, ya que han aceptado incluir los de los materiales pero no los de la energía». Además, solo por parte de la administración central, no la autonómica. «Calculamos que si lo hiciese al menos se compensaría el 40% de lo perdido», afirma.

El sector de la edificación y obra civil promovida por las administraciones públicas actuó en 2021 como uno de los motores del crecimiento y los 1.400 millones licitados en la comunidad se situaron como la mayor cifra desde 2011. En 2022, según la estadística de los contratistas, las mayores dificultades se concentran en las obras que promueve la administración central, que hace que el agregado con las demás entre en terreno negativo. Durante los dos primeros meses de 2022, el sector público ha invertido 168 millones de euros en Castilla y León, el 9,6% menos que en el mismo periodo de 2021. El Gobierno ha abierto obras por valor de 27 millones, con una variación interanual negativa del 76%. Con 92 millones licitados, la Junta sí mantiene el tipo con un incremento del 145%, al igual que los ayuntamientos y diputaciones, que alcanzan los 49 millones y un aumento del 42%.

Todo esto lo venían sufriendo sin que hubiera hecho acto de presencia el paro de los transportistas. Un nuevo contratiempo que se traduce en retrasos en la llegada de materiales. «Claro que estamos notando la huelga. En las obras se trabaja con suministros diarios, aquí no se hacen acopios. Y si las fábricas paran la producción, ¿cómo va a haber abastecimiento?». Alerta de que «la situación empieza a dar miedo» mientras «en Castilla y León estamos a otras cosas, entre ellas, sin gobierno».

Pero las obras no pueden pararse porque para hacerlo es precisa la autorización administrativa. «El interés público -añade Pascual- impide que una empresa pueda parar una obra, de modo que las tensiones son insoportables. ¿Qué haces si no hay con qué trabajar? Pues no queda más remedio que ralentizarlas, o trabajar un día sí y otro no, o ir acometiendo labores por fases, de manera parcial con lo que se va pudiendo avanzar». Porque una cosa sí parece incontestable: «Con los costes triplicados y sin materiales, sencillamente las empresas no tenemos medios para hacer las obras. No se puede ir contra las leyes de la física».

Por si faltasen problemas que vienen desde el pasado reciente y se multiplican en el presente, Pascual no se olvida de los futuros. «Ahora llegan los vencimientos de los créditos contraídos con el ICO durante lo peor de la pandemia. Así que nos toca devolver con las cuentas muy tocadas. Y con los fondos europeos Next Gen llegando con cuentagotas».