Operación Ignis

Quién era Justo Martín, el exempleado hallado muerto que destapó el supuesto fraude de ataúdes

Pero antes de todo eso, Justo Martín, que trabajó en las instalaciones del horno crematorio del cementerio de Santovenia desde abril de 1995 hasta su jubilación el 27 de febrero de 2015, chantajeó a Ignacio Morchón padre (investigado en esta causa, que falleció en 2022) con hacer pública esta práctica de «sustituciones sistemáticas de féretros» con fotos comprometedoras de los difuntos en las cajas si no se avenía a «mejorarle» la pensión y a contratar a su hijo.

El funerario no cedió, su hijo y actual gerente de la empresa le denunció y el juzgado condenó al extorsionador a una multa. Pero lo que contó y el contenido de las cartas extorsionadoras dieron pie a la Policía Nacional para abrir una pormenorizada investigación que denominó operación Ignis, que culminó el 31 de enero de 2019 con los registros y las detenciones del cabeza de familia y dos de sus hijos.

Finalmente, Justo Martín fue detenido el 3 de agosto de 2017 y ese mismo día se le intervino una tercera carta de chantaje dirigida a Ignacio Morchón Alonso: «Esta es la última vez que te aviso... Si el día 15 de agosto no no te has puesto en contacto conmigo echaré al correo una carta con una nota explicando todo el proceso y el engaño al que tienes sometidos a todos...Tengo ahora reveladas unas ciento cincuenta fotos y quedan trece carretes por revelar». Se refería, supuestamente, a fotos de cadáveres sobre tapas de féretros o cajas con carteles manuscritos con la fecha de la «sustitución» de sus respectivos féretros y sus partes de defunción.

Ese mismo día, la UDEV de la brigada provincial de la policía judicial de Valladolid registró su domicilio. Los agentes encontraron en la bodega del sótano una bolsa de deporte de color azul y verde que contenía tres ficheros con 746 partes de defunción y esquelas de 2013, 2014 y 2015 y 26 libretas manuscritas ordenadas cronológicamente desde 1995 hasta 2015, además de sobres y fotos de difuntos. En esas libretas hay 5.308 anotaciones con la indicación «C.SI», que los investigadores interpretan que hace referencia a los cambios de féretros realizados.

Dentro del frigorífico, tenía una bolsa de plástico con 14 carretes que contenían 450 fotografías y, en el dormitorio, sobre un armario ropero, se localizó una cartera de piel negra y marrón que contenía tres pendrives con 207 fotos, 44 vídeos y un documento que detalla el modus operandi seguido para la sustracción y apropiación de los féretros. El escrito, de tres páginas, termina con la expresión: «Dedicado a la familia Morchón Vaquero». En un mueble bar del salón de la vivienda, Justo guardaba en su funda la cámara de fotos Olympus con la que realizó los reportajes.

Asimismo, el auto judicial indicaba que el extrabajador hizo el primer asiento de un 'cambiazo' de ataúdes el 29 de octubre de 1995 y la primera fotografía en 2004. «Muy probablemente», sostiene la magistrada instructora, «para demostrar de forma más contundente los cambios y apropiaciones de féretros». Pero en sede judicial, donde compareció el 2 de febrero de 2019, Justo afirmó que «no sabía» por qué lo hizo, «tal vez por la soledad». En esa misma declaración, Justo Martín aseguró ante las preguntas del fiscal que «todos lo sabían». «No es que fuéramos o no de confianza, es que estábamos acojonados, siempre estaba con la amenaza de que nos iba a despedir. Nosotros le teníamos miedo a él porque siempre nos amenazaba con el despido», dijo el extrabajador, al tiempo que concluyó, a preguntas de su letrada, que ninguno de ellos «había recibido nada» por realizar estas prácticas.

Progresivamente, según la magistrada, Justo fue afinando más en la descripción de lo que estaba ocurriendo. «Además del cuidado por los detalles y el esmero con el que se recogen los datos en las libretas y las fotos a los difuntos antes y después del cambio de féretro, colocaba sobre el cadáver un cartel con el nombre del finado y la fecha de la incineración». Esas fotos, subrayó la jueza, «con cadáveres en féretros en desuso, en tapas de féretros, en cajas de restos», donde se apreciaban las instalaciones del cementerio de Santovenia de Pisuerga sin ninguna duda «por el suelo con baldosas blancas y negras», reflejaban «una gran falta del respeto debido a los difuntos, al observar la posición de los cadáveres».

El caso está a la espera de que se fije la fecha de juicio. La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de condenas que, globalmente, se elevan a un total de 206 años de cárcel para las veinticuatro personas que se encuentran investigadas en la operación Ignis.

En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública imputaba un rosario de casi una decena de cargos, como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicitaba para la mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V. L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.