Valladolid

El consumo «habitual» de drogas en el Zambrana, detrás del incremento de agresiones a educadores

En un primer altercado resultaron heridos dos educadores, cuando uno de los internos más violentos, que ha protagonizado ya varios incidentes y dirigido amenazas de muerte hacia el grupo de trabajadores veteranos, según las mismas fuentes, propinó un empujón a una educadora tras negarse a seguir una medida educativa y un segundo golpe en la cara a un compañero, al tratar de interceder. Ese mismo día, en una unidad diferente, otro de los usuarios propinó un mordisco a un vigilante de seguridad, que requirió puntos de sutura.

Incidentes como estos forman parte del paisaje habitual del centro, según denuncian desde el comité, que desde enero ha contabilizado unos 12 partes de lesiones por agresiones físicas que van desde las más leves, como puede ser un escupitajo, a «puñetazos o agresiones con el palo de una fregona». Todas ellas se han saldado con unas cuatro bajas médicas y cuatro denuncias ante la Fiscalía de Menores, según cifra el comité. Un número, este último, significativamente pequeño ante la «falta de respaldo» judicial por parte de la adjudicataria y la dirección del centro.

«El problema viene cuando tienen que acatar algún tipo de orden con la que no están de acuerdo, cuando les pones límites», explican desde el comité, que advierten de una «animadversión» hacia el grupo de educadores con más antigüedad en el centro, cada vez más mermado. Amenazas como «me voy a llevar a un veterano por delante» han sido puestas en conocimiento de la empresa, a la que piden que tome medidas ante el riesgo existente de que «al final pase algo grave».

Una de las causas que subyacen a esta situación es el consumo de drogas en el centro y la «impunidad» de la que gozan los menores con este tipo de conductas, tal y como denunciaron el pasado mes de julio ante la Fiscalía de Menores. En un escrito fechado el 18 de julio, trasladaron la existencia de una situación «grave y preocupante» derivada del consumo de sustancias y tabaco «de manera habitual y a diario» que, aseguran, viene produciéndose «desde hace más de un año» en el centro de menores. Sin que «desde su dirección y desde la empresa adjudicataria» estén «tomando medidas efectivas» para ponerle coto.

«Se está propiciando y favoreciendo que menores comiencen a consumir o aumenten sus consumos hasta límites muy peligrosos para su salud, que entorpecen su reeducación integral», advertían, apuntando además al «peligro constante» que supone para los trabajadores intervenir y, en el caso de los menores, convivir, «con internos con graves problemas de conducta o de salud mental que se ven intensificados y agravados por estos consumos». Lo que ha resultado en «comportamientos extremadamente violentos» que han puesto en «grave riesgo a toda persona que se encuentra a su alrededor». Este periódico se ha puesto en contacto con la adjudicataria para recabar su versión de los hechos, sin que haya recibido respuesta a fecha de publicación de esta información.

Ejemplo de ello son algunos episodios relatados en este mismo escrito sobre «agresiones graves entre internos y al personal educativo» en los que había mediado el consumo de sustancias. El día cuatro de ese mismo mes de julio, un educador fue «agredido con una silla por un interno con síntomas evidentes de consumo». Diez días después, el 14 de julio, tuvieron que llamar al 112 para requerir «atención médica urgente» para un numeroso grupo de internos que también manifestaba síntomas de consumo «que había derivado en agresiones entre ellos», llegando a tener que ser trasladados al hospital varios de ellos, uno por las lesiones sufridas y «otro buen número de internos» debido al estado que presentaban.

«Es tal el nivel de consumo que se está viviendo en el centro que el personal educativo viene sufriendo en numerosas ocasiones mareos y dolores de cabeza por la inhalación del humo generado», sostienen. Y piden que se impongan las sanciones disciplinarias recogidas en el reglamento del centro «que tampoco se está aplicando». En materia preventiva, califican de «insuficientes» los cacheos y registros pertinentes, ya que los internos suelen introducir las sustancias en zonas donde estos «no son permitidos». «En los casos en los que se encuentran objetos o sustancias o hay síntomas evidentes de consumo o positivos en las analíticas, las consecuencias son tan leves e irrelevantes para los internos que no consiguen disuadir de dichas conductas», aseguran.

Por todo ello, solicitaron a la Fiscalía de Menores que investigase las «circunstancias que permiten el consumo», a fin de determinar responsabilidades e instar al centro a adoptar «medidas efectivas» con las que ponerle freno. Si bien se decretó el archivo del expediente al no apreciarse «incumplimientos por parte del centro», que había dado traslado de los «correspondientes partes de incidencias y expedientes sancionadores» que incluían «medidas cautelares y los medios de contención empleados».