El macrojuicio por estafa se zanja en un día por el pacto de 57 encausados con el fiscal

Acusados y sus letrados esperan para pasar el arco de seguridad de acceso a la sala./Ramón Gómez
Acusados y sus letrados esperan para pasar el arco de seguridad de acceso a la sala. / Ramón Gómez

El único acusado de receptación viajará desde Bélgica para firmar el acuerdo el 29 de octubre

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

Habría parecido una jornada de puertas abiertas dominical en la Feria de Muestras por la afluencia de personal, familias enteras con bebés en los carritos haciendo cola para entrar desde las diez de la mañana, si no hubiera sido por el despliegue de Policía Nacional dentro y fuera del recinto, con y sin uniforme. Antes de terminar de pasar la lista de los 61 acusados presentes y mientras los 50 letrados se iban poniendo las togas e incorporando a sus respectivos sitios, un agente y un perro adiestrado hacían su trabajo para garantizar la seguridad en la insólita sala de vistas, habilitada un piso más arriba.

No fue hasta una hora más tarde cuando el público empezó a pasar por el arco de acceso, que iba pitando a intervalos casi regulares. Todo este proceso duró más que lo que tardaron los 57 –la acusación retiró los cargos contra otros tres encausados presentes en la sala, y otros cuatro permanecen en rebeldía y están en busca y captura– en pasar uno por uno ante el estrado para confirmar al tribunal que se conformaban con las penas pactadas por sus letrados con el representante del ministerio fiscal. Pactos (algunos, minutos antes de la vista) con los que también se mostraron de acuerdo las otras cinco acusaciones, «de forma que la sentencia se dictará en ese sentido, pues ustedes han confirmado que no van a plantear recursos», les indicó el magistrado presidente, Feliciano Trebolle, antes de levantar la sesión.

Julio J. J., considerado por el fiscal el cerebro del grupo criminal, está en rebeldía y tiene pendiente de cumplir una condena anterior

Así que la histórica macrocausa, la más multitudinaria de la historia de la Audiencia de Valladolid, que en principio iba a durar por lo menos dos semanas dado el número de encausados, defensas, acusaciones y testigos, se zanjó en una sola jornada. Solo queda, antes de dictar sentencia, la firma de conformidad de la única persona encausada por receptación en este proceso, Aitor S. S., que reside en Bélgica y que estará en Valladolid el próximo lunes, 29 de octubre, para sellar el acuerdo. Según la acusación, él se ocupaba de dar salida a productos comprados o financiados por otros acusados (desde mercedes y móviles hasta muebles de cocina) con el aval de las nóminas falsas de empresas inexistentes o vacías de actividad proporcionadas por Miguel Ángel M. D. y en cuyas plantillas fantasma trabajaban.

La llave de la Tesorería

En la cúspide de esta macroestafa piramidal, según el escrito de acusación, M. D. realizaba labores de consultoría, gestión y asesoramiento en una fundación ubicada en una oficina del Pasaje Gutiérrez y era el «autorizado en red» por la Tesorería General de la Seguridad Social para inscribir telemáticamente a trabajadores en las cuentas de cotización de las empresas en las que actuaba como gestor. Era la 'llave' para entrar en el sistema de la Tesorería. Cuando se dicte la sentencia, le caerá la pena más elevada, también pactada: seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal; dos años y seis meses de prisión y multa de 11 meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil; y dos años de prisión y multa de 60.000 euros, con privación de libertad en caso de impago, por un delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.

Esta es la condena más alta. A la mayoría, la parte baja de la pirámide, integrada por personas de escasos recursos económicos captadas en mercadillos, le caerán penas de seis meses y un día de prisión, con multa de seis meses por el cobro indebido de prestaciones de desempleo. Por el contrario, a quienes se atribuye, además, falsedad en documento y estafa continuada, las penas acordadas pueden subir a dos y tres años de prisión.

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Pero otras cuatro personas no se sentaron este martes en el banquillo y por tanto no pudieron ser juzgadas porque están en rebeldía aunque, según fuentes policiales, alguno de ellos seguiría residiendo en Valladolid y dedicándose a la estafa. En busca y captura está Julio J. J., quien el fiscal tiene por el verdadero cerebro de este grupo criminal que, al menos desde 2012 y en varias provincias de Castilla y León, operaba «de modo permanente, estable y jerarquizado, actuando a través del reparto de funciones entre sus miembros» y estaba orientado «al fraude de prestaciones de desempleo de la Seguridad Social y a la defraudación de empresas de suministros, bienes y servicios y a sus entidades de financiación para la adquisición de los mismos mediante compras financiadas a través de la utilización de nóminas falsas», relata el escrito de la acusación pública. J. J. es «quien trataba las altas y bajas en las empresas, la creación de empresas ficticias, el reclutamiento de testaferros y de personas para el grupo en mercadillos y otros lugares», además de «hacer las veces de gestor de los contratos laborales ficticios» y de «liderar la red de compra fraudulenta de artículos». También están en rebeldía procesal Yordan D. M., Hicham Ch. y Rober G. S. Si finalmente son detenidos se enfrentarían a penas que van de un año y nueve meses de prisión y nueve de multa a nueve años de prisión y multas de 120.000 euros.

«Difícil que vuelva a repetirse»

El magistrado presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, calificó este martes de «hito judicial» la vista celebrada en el recinto ferial. «Por la complejidad de los delitos, con penas importantes, por el gran número de acusados, que además todos ellos se han conformado con las penas acordadas por el fiscal y las defensas hasta minutos antes del juicio... Es un hito que no volverá a producirse en Valladolid y me atrevo a decir que nunca se volverá a producir en España». Para el presidente de la Audiencia, es un hecho completamente insólito que 61 acusados «hayan comparecido y todos hayan expresado su conformidad», motivo por el que elogió la labor realizada por el fiscal experto en delitos económicos y representante del ministerio público en esta macrocausa, Manuel Javato Martín, y los cincuenta letrados de las defensas, «que han acercado posiciones y los distintos intereses que han permitido llegar a una sentencia de conformidad; esto es un hecho irrepetible y excepcional», subrayó el magistrado presidente.

Respecto de las críticas suscitadas por el coste de la organización del macrojuicio fuera de la Audiencia de Valladolid, Trebolle subrayó que «la duración se sabe hoy, a toro pasado. Cuando hubo que señalar el juicio en el calendario de la Audiencia no se sabía lo que iba a ocurrir; por sus dimensiones, y aunque hubieran sido la mitad de los acusados era necesario buscar un espacio adecuado, porque en la sala de vistas de la Audiencia el espacio es completamente insuficiente para albergar a tantos encausados y sus letrados», indicó. Además, recordó que «paralelamente estaba programado en la sede judicial la vista por las alteraciones del PGOU de Valladolid, por parte de la Sección Cuarta». Insistió en que «ha sido totalmente necesario» , aunque se ha puesto en contacto con la Gerencia para que, dado que solo ha sido preciso utilizar la nave por un día (sin contar las semanas de preparativos tecnológicos), pueda negociarse con la Feria de Muestras «la rebaja de la cuantía».

La Gerencia de Justicia cifró inicialmente en 18.000 euros el coste organizativo del macrojuicio por estafa. De esta cantidad, 15.000 euros corresponderían al alquiler de la nave durante un mes.

Claves del juicio

Penas.
Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre el año de prisión y nueve meses de multa a más de cuatro años de prisión, según los casos de las estafas, y de seis meses y un día hasta dos años, en los fraudes a la Seguridad Social.
Estructura piramidad.
El cabecilla, un 'gestor' que tenía su sede social en el Pasaje Gutiérrez, se servía de cuatro lugartenientes y seis testaferros para captar a personas insolventes en mercadillos y les realizaban contratos falsos para defraudar a la Seguridad Social. Lo hacían mediante el cobro del paro o nóminas falsas emitidas por 15 sociedades fantasma que presentaban en bancos para adquirir créditos o financiar la compra de bienes. Una vez en su poder estos bienes, los revendían y se repartían las ganancias.

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