Comienza el juicio contra Sacyl por los casos de ceguera del Ala Octa

Intervención de un desprendimiento de retina. :: EL NORTE/
Intervención de un desprendimiento de retina. :: EL NORTE

Los cinco afectados del Río Hortega reclaman una indemnización por haber perdido la vista de forma irreversible por un producto de cirugía de retina tóxico en 2014, dos de ellos ya pactaron una compensación

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Han pasado cinco años. Más de tres desde que la demanda llegara a los juzgados tras una reclamación patrimonial a la que la Consejería de Sanidad contestó con silencio administrativo en tres casos y pactó en otros dos una compensación de en torno a los 25.000 y 60.000 euros con un acuerdo administrativo, y el Tribunal Superior de Justicia la admitiera a trámite en octubre de 2016. Cinco fueron los presuntos afectados de ceguera irreversible en 2014 por el empleo del Ala Octa en el Río Hortega de Valladolid, por el uso en la cirugía de un producto tóxico, contaminado en su proceso de fabricación de una compañía alemana y que llegó no solo al hospital vallisoletano sino a otros muchos públicos y privados, fuera y dentro de España. Un producto que, según confirmó la investigación del IOBA de Valladolid, encargado de la misma, estaba contaminado.

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El mismo se usa hace más de 20 años en los quirófanos de medio mundo por su gran utilidad para los cirujanos al intervenir el desprendimiento de retina. Han sido miles de pacientes en los que se ha empleado este manipulador que permite aplastar la retina para intervenir con mejores resultados y mayores facilidades, con más garantías en definitiva, hasta que llegó el lote contaminado.

Cronología

4 de noviembre de 2015.
Sacyl detecta varios casos de ceguera asociados a operaciones realizadas en el Río Hortega, con tres oftalmólogos distintos.
6 de diciembre de 2015.
El IOBA lanza un primer informe en el que asegura que el producto Ala Octa, utilizado en ocho operaciones de desprendimiento de retina enValladolid, es tóxico.Se detectan trece casos en el País Vasco.
23 de enero de 2016.
El IOBA apunta a una modificación en la producción del perfluoroctano como el origen de la pérdida de visión de más de 60 personas en España. El instituto participa en un grupo europeo para analizar el caso.
1 de julio de 2016.
El Ministerio de Sanidad admite cinco casos de ceguera relacionados con el Ala Octa en Castilla y León. Varios pacientes optan por acudir a los tribunales para denunciar su caso.Sanidad contabiliza 75 en toda España.
1 de octubre de 2016.
El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite cinco denuncias por ceguera en operaciones de retina.Los demandantes vallisoletanos exigían unas indemnizaciones de alrededor de 1,5 millones de euros y su abogado lamentaba que nadie de Sacyl se había puesto en contacto con ellos.

El perfluoroctano de Ala Octa se relacionó en 2015 con cinco pacientes intervenidos el año anterior con ceguera y con un sexto en el que fue posible una reintervención quirúrgica. Todos en el Río Hortega, tal y como confirmó entonces la Consejería de Sanidad. El producto, destacó, solo fue utilizado en dicho hospital y lo emplearon cuatro oftalmólogos diferentes; aunque uno de ellos lo usó sin registrar incidente alguno.

El Ala Octa contaminado, según informó Sacyl entonces, llegó a algún otro hospital de la comunidad pero fue retirado tras la alerta remitida por la Agencia Española del Medicamento el día 26 de junio de 2015, en la que se ordenó el cese y retirada del mercado del mismo.

Ahora, el caso llega al banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid y arranca el día 12 con dos de los afectados y en contra de la Consejería de Sanidad, el fabricante alemán Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora Wm Bloss de Cataluña.

Es el primer juicio de Valladolid tras no haberse en algunos casos, pese a que la Junta lo anunció en su día, ofertado ni negociado indemnizaciones tal y como anunció entonces Sacyl públicamente tras reconocer su empleo, destacan algunos afectados.

Tras una docena de fallos favorables a los pacientes del sistema público de toda España, el pasado mes de junio el Juzgado de primera Instancia número 97 de Madrid dictó la primera condena a una clínica privada y condenó a la aseguradora alemana Allianz a indemnizar con 307.808 euros a un paciente que perdió la vista en el ojo izquierdo debido al uso de un producto sanitario defectuoso en una operación que tuvo lugar en un centro privado de Córdoba. Y antes, en diciembre de 2018, el Servicio Cántabro de Salud fue condenado a pagar 25.000 euros a una paciente que se quedó ciega por esta causa tras dos operaciones de desprendimiento de retina en el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

La distancia de las cuantías son incomprensibles para los afectados. Según explica Amaya Gil, con ceguera total e irreversible del ojo derecho –el izquierdo lo salvó, aunque suma ocho dioptrías, porque fue intervenido con láser–, «son cantidades ridículas, de 28.000 euros o como mucho 34.000 porque han equiparado el daño con las tablas de accidentes de tráfico e incomprensible la distancia con la de Córdoba cuando la única diferencia es si son públicos o privados los centros» y recuerda que su vida ha cambiado a raíz de la cirugía: «Tuve que dejar de trabajar como administrativo, nada de ordenadores». También critica, al igual que otros afectados «la falta de trazabilidad del producto utilizado en el Río Hortega. Al parecer casualmente –dice con ironía– la etiqueta de qué producto se había empleado justo en las cirugías de personas afectadas, se perdió».

Los cinco pacientes de Valladolid reclamaban inicialmente una indemnización de millón y medio de euros, en torno a los 200.000 por caso; variable en función de las secuelas. El despacho vasco Gómez Menchaca lleva su demanda y la de otros afectados del país.

Según explica Amaya Gil, la Agencia Española del Medicamento no tiene registrados los casos de Valladolid porque no se remitieron desde el hospital y, por ello, no están reconocidos como afectados. Sin embargo, al reclamar y conseguir, hace apenas unos días, un informe médico del oftalmólogo en el que se reconoce el uso del producto Ala Octa, la agencia ha vuelto a reclamar al Río Hortega que remita sus casos. Otro de los afectados logró también similar documentación del servicio hospitalario; pero «es que además el propio consejero de Sanidad (entonces Antonio María Sáez Aguado) salió en los medios reconociendo el uso y anunciando indemnizaciones».

La necesidad de mejorarlas garantías de seguridad

No es el único caso , «ojalá lo fuera», aunque sí forma parte del Informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre «las carencias de los controles y la seguridad de muchos productos médicos. Las normas ISO cuyos requisitos debe superar un producto para llegar al mercado y conseguir su certificado no son nada exigentes, están muy lejos de las de EEUU y permite a los laboratorios poner en circulación productos sin suficientes garantías». La UE «ha tardado en reaccionar a las diferentes evidencias a este respecto pero se ha fijado el día 31 de mayo de 2020 como fecha para poner en marcha unos controles más estrictos, exigir más estudios y un seguimiento posterior a la salida al mercado», explica el especialista en Oftalmología José Carlos Pastor, que fue además el responsable de la investigación del IOBA sobre el Ala Octa. Explica además este experto que ni un solo oftalmólogo participó en su diseño y que, por su organización, finalmente «son las empresas las que imponen sus reglas y bajo sus intereses». Ahora se trabaja en «una versión definitiva que esperamos que salga a delante de una forma garantista y mejore la seguridad».