La minuta de un abogado de Valladolid, en los tribunales por excesiva

Dicho importe tiene su origen en una liquidación de gananciales tras un divorcio efectuado en 2013, y podría ser considerado ajustado a las tablas fijadas por el Colegio de Abogados. Sin embargo, los letrados madrileños del cliente de Peñafiel no solo mantienen que la cuantía es excesiva, por cuanto el bien objeto del pleito civil está tasado por el catastro en unos 148.000 euros, sino porque cuestionan que el «querellado nunca concretó, ni habló de honorarios (...), ni mencionó los costes que las acciones podrían suponer» en los tribunales, uno de los principios deontológicos que marca el Consejo General de la Abogacía.

La intervención de la Audiencia de Valladolid se realiza tras el sobreseimiento libre dictado por el magistrado de Instrucción número 2, que tras analizar la documentación aportada no vio indicios de delito, tanto en el ejercicio profesional del letrado J. L. C. como del importe de la minuta.

El origen de esta reclamación económica arranca cuando el cliente, G. S. P. solicitó a su exmujer la liquidación de un inmueble, situado en la calle Pedraja 24 de Peñafiel, compuesto por tres plantas y un local (unos 400 metros cuadrados). Su expareja debería abonarle 175.000 euros como compensación de los excesos de la adjudicación, y de acuerdo con el reparto realizado por un contador oficial.

Pese a ello, su exmujer, que disfrutó de justicia gratuita, entabló un procedimiento para oponerse, y que fue analizado en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Valladolid. Tanto este órgano como la Audiencia Provincial, a la que recurrió el letrado de la mujer, finalmente desestimaron la demanda dando la razón a G. S. Los dos pleitos tramitados en el 2015, los llevó el abogado denunciado que los ganó, al igual que un cuarto procedimiento por 'distracción' del patrimonio que recayó en el Juzgado de Primera Instancia 11.

Según figura en la querella, que analiza la Audiencia, el letrado «instó en todo momento a (G. S.) a litigar contra su exesposa, sin darle importancia a los costes que tales acciones pudieran acarrearle. Nunca se le solicitó provisión de fondos (...) sin que en ningún momento se le hayan girado facturas», que por las distintas tasaciones de costas de los cuatro procedimientos llevó a término el abogado. Las mismas ascendieron a 172.727 euros.

Según la querella, el letrado «conocía sobradamente que los costes derivados de los procesos entablados nunca serían satisfechos por la parte contraria», es decir, su exmujer, puesto que era beneficiaria de justicia gratuita, circunstancia que exime del abono de las costas.

Pero, ¿de dónde surgían los importes para fijarlas? Según el despacho madrileño que defiende al vallisoletano, el letrado de la exmujer «estableció la cuantía del procedimiento en la cantidad de 1.360.487 euros (por la nulidad de partición 615.983 y por nulidad de escrituras 744.504 euros).

Estos importes son calificados como desproporcionados por cuanto la liquidación de gananciales del matrimonio era un merendero en la calle La Panera del Estudio 1, el inmueble de la calle Pedraja 24 de tres plantas (que aparece en la imagen), y un garaje en Peñafiel.

Pese ello, según la defensa de G. S., el abogado que le defendía no impugnó las valoraciones del letrado contrario, como tampoco fijó que el pleito civil debería tramitarse por cuantía indeterminada.

Con estas diferencias en cuanto a los importes de los honorarios profesionales, entre abogado y cliente, a finales del pasado año el letrado denunciado decidió presentar una Jura de Cuentas en los juzgados correspondientes. Se tratan éstos de sendos procedimientos para que G. S. le abone las minutas.

«Unos honorarios que en su conjunto superan el fruto de los pleitos por los que se interpusieron, es decir, que para que consiga el abono de 175.000 euros el demandante ha de abonar la suma de más de 172.000 euros en honorarios, siendo que además a día de hoy ninguna cantidad se ha recuperado por esta parte», dice la querella de G. S.

El abogado denunciado expresó su tranquilidad por la actuación en este caso, sobre el que dijo a su cliente que le cobraría cuando terminase todo. «Luego le di a este señor una solución a la baja de los honorarios, y como no estaba conforme me ha puesto una querella, que se ha archivado. Lo que ocurra en la Audiencia no lo sé». La propuesta pasaría por el abono de unos 100.000 euros, cantidad a la que el cliente se negó también por excesiva, y llegó a ofrecerle 50.000. «Le indiqué que pidiera un crédito hipotecario sobre el edificio y que me fuera pagando poco a poco. Y él me dijo que no pretendía ejecutar porque quería que quedase para sus hijos». Según J. L. C., la denuncia presentada contra él ha interrumpido cualquier solución del caso. Si la Audiencia confirma el archivo del juez instructor, serán los juzgados de Primera Instancia los que determinen (mantengan o reduzcan) el importe de los 172.727 euros.