Asumen cárcel tres de los acusados por tratar de introducir droga con drones en la prisión de Villanubla

En concreto, la acusación publica ha modificado el escrito de calificación para F. H. M., H. A. A. y M. A. S. Para los dos primeros solicitaba inicialmente dos años y dos meses, que se han visto rebajados, en el caso del primero, a un año de prisión, con el atenuante de haber abonado con anterioridad a la vista los 2.600 euros de multa que solicitaba la Fiscalía. Mientras que H. A. A. se ha conformado con 16 meses de prisión y la misma pena económica.

En el caso de M. A. S., que se enfrentaba una pena de tres años de cárcel al concurrir en su caso el agravante de reincidencia por tráfico de drogas en Ceuta, asume finalmente dos años de cárcel, la misma sanción de 2.600 euros y 150 horas de trabajos en beneficios de la comunidad. Por el momento todos ellos eludirán la prisión, después que se haya pactado la suspensión de las penas privativas, condicionada a que no vuelvan a cometer nuevos delitos en el pazo de dos años en el caso de F. H. M. y H. A. A., mientras que para M. A. S. será de cinco.

La vista ha quedado igualmente suspendida por incomparecencia para M. L. H., después de que el abogado haya explicado que la ausencia, que ha obligado a retrasar el comienzo de la vista cerca de media hora, debía de deberse a algún tipo de indisposición. Asegurando que en este mismo martes había accedido a firmar también la conformidad que suponía una rebaja de la pena privativa hasta los 16 meses, frente a los dos años y dos meses que le solicitaban. El magistrado, presuponiendo buena fe, ha acordado fijar la vista para en una nueva fecha dentro de este mismo mes, advirtiendo que de darse una nueva ausencia, decaería la posibilidad de acuerdo y se adoptarían medidas cautelares. El quinto acusado, M. B. M. A., que se enfrenta a la misma pena de dos años y dos meses, se encuentra en búsqueda y captura.

Los hechos juzgados se remontan a la madrugada del 23 de agosto de 2023, cuando los cinco hombres pertenecientes a una misma organización criminal que actuaba de forma itinerante, se acercaron en coche hasta las inmediaciones de la cárcel de Valladolid con la intención de introducir resina de cannabis y diferentes aparatos de telefonía con un dron. En ese intento fueron sorprendidos por los agentes de la Guardia Civil encargados de la vigilancia del centro penitenciaron, que detectaron la presencia de un vehículo en el perimetro del penal con las luces apagadas.

En su interior se encontraban los tres condenados junto a los otros dos aún acusados, que portaban en el vehículo un dron con el número de serie borrado y manipulado para no emitir destellos luminosos, dotado de un sistema consistente en una cuerda y un sedal transparente atados a una carcasa, del que pendían los objetos que querían introducir. Así mismo disponían de una emisora de control y dos baterías. Con este sistema, según destaca la Fiscalía, los cinco integrantes de la red «pretendían introducir la sustancia ilegal». Concretamente, dos tabletas de resina de cannabis con un peso de 196 gramos, cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado los 1.300 euros. Ambas estaban unidas por cinta americana y contaban también con un sedal.

La investigación de estos hechos culmibana a comienzos de este año, cuando la Guardia Civil anunció la desarticulación de una orgainización originaria de Ceuta que se dedicadaba a distribuir droga por diferentes puntos del país. Partiendo de la localidad gaditana de Algeciras, sus miembros se desplazaban por carretera a diferentes centros penitenciarios de la península. En el seno de la organización existía un reparto de funciones, entre las que cabe destacar la del especialista en el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones), las cuales adaptaban para el transporte de distintos objetos y que volaban en horario nocturno sobre los distintos centros penitenciarios.

Una vez en el perímero sobrevolaban los centros penitenciarios y se dirigían a las ventanas de las celdas previamente acordadas, procediendo entonces el interno correspondiente a cortar el sedal y hacerse con los efectos transportados. A partir de los datos arrojados en la investigación, los drones realizaban varios vuelos en un corto período de tiempo, haciendo distintas entregas en una misma noche.

La investigación se inició en torno al centro penitenciario de Córdoba, al encontrarse allí interno un integrante de la organización que ocupaba una importante posición en la jerarquía de la misma. En una de las operativas llevadas a cabo por la organización, debió existir algún problema técnico durante el vuelo de un dron y este terminó accidentado en las inmediaciones del centro penitenciario cordobés, el cual fue recuperado posteriormente por agentes de la Guardia Civil.

Fruto de un minucioso análisis policial, fue descubierto uno de los puntos desde los que la organización realizaba los vuelos de drones, ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro respecto del centro penitenciario. Allí, entre la maleza, la organización tenía oculto material para la manipulación de las aeronaves 'in situ', tales como cuerdas, sedal transparente y cinta aislante.

Dentro de la prisión, la organización criminal contaba con infraestructura suficiente como para recibir, ocultar y distribuir los efectos prohibidos entre los internos, contando para ello con reclusos especializados en las distintas funciones, entre las que destacaba el liderazgo del encargado de coordinar con el líder del grupo itinerante la operativa de vuelo, estableciendo la hora óptima para la recepción de la mercancía, haciendo uso de señales lumínicas y sistemas de geolocalización para señalar el punto de recepción de la misma.

Del mismo modo, una vez en el interior de la cárcel, la organización disponía de otros reclusos especializados en la ocultación y distribución final de una mercancía que incrementaría su valor de mercado exponencialmente, poniendo igualmente en grave peligro tanto la salud como la seguridad de los internos y de los funcionarios encargados de su custodia.