Tribunales en Valladolid

Los acusados de vender una tierra contaminada se desligan de los residuos encontrados: «Todo lo vendíamos»

«Todo se vendía para fundiciones y chatarrerías», ha precisado a preguntas de la fiscal, que relaciona los restos encontrados con la denegación de la autorización ambiental de 2006, necesaria para su gestión. «Mi padre la pidió para ampliar los materiales con los que trabajaba», ha justificado, asegurando que desconoce todo de ese asunto y que prosiguieron con la actividad del negocio con normalidad, al contar con licencia del Ayuntamiento, sin tener conocimiento de que hubiera allí «nada peligroso».

Tampoco cree que lo haya, conforme a lo que han defendido dos peritos de parte, que han aseverado que el terreno no estaba contaminado conforme a los parámetros de medición para un suelo industrial, pese a que en el acuerdo de compraventa, tal y como explicaron las denunciantes, figuraba como rústico.

Una compraventa la que accedieron tras recibir «presiones» por parte de las denunciantes, a las que ha acusado de robarles, por no permitirles entrar con posterioridad a recoger una maquinaria antigua «que valía mucho dinero» y que sospechan que han vendido. «Insistieron mucho en la compra de ese terreno, se pusieron muy pesados», ha asegurado, relatando varios episodios de allanamiento a las instalaciones cuando aún eran de su propiedad: «Tuvimos muchos problemas desde que esta gente quiso comprar el terreno, se metían en la finca, saltaban las alarmas, había llamadas».

Pese a los testimonios autoexculpatorios de los acusados y a las periciales con las que han tratado de desmontar el informe del instituto de toxicología bajo acusaciones de contaminación cruzada en la toma de muestras del Seprona, la Fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años y cuatro meses de cárcel por un delito contra el medio ambiente y otro de estafa, así como una sanción de 7.200 euros. Retirando del escrito de calificación la indemnización solicitada inicialmente de casi cuatro millones para la limpieza de los terrenos y la anulación del acuerdo de compraventa. Cuestiones que se han resuelto con el pacto alcanzado con las defensas y la acusación particular, que contemple la devolución de los terrenos contaminados y una indemnización cuya cantidad no ha trascendido.

La acusadora considera probada la implicación de los tres acusados, que regentaron la planta de reciclaje de residuos de aluminio en Renedo de Esgueva entre 2006 y 2018, periodo en el que carecían de autorización ambiental para la gestión de residuos peligrosos como los hallados tras la compraventa. Pues todos ellos eran «sobradamente» conocedores de la carencia de autorización para la gestión de esos residuos, lo que no fue obstáculo para que prosiguieran con el almacenamiento en las instalaciones al menos hasta 2018, «enterrando o dejando abandonados en distintos puntos de la parcela parte de los residuos», según el escrito de calificación que ha elevado ha definitivo en lo relativo a las penas de prisión.

El caso quedará visto para sentencia tras la lectura de los informes finales, que ha tenido que ser pospuesta tras la indisposición de uno de los abogados al termino de esta última sesión.