Layonair amenaza con llevarse el aeroparque tecnológico que plantea en Soria a otra provincia si los ecologistas no ceden

El pasado mes de septiembre la empresa consultora canaria Layonair dejaba en la Diputación Provincial una síntesis del anteproyecto del aeroparque tecnológico industrial del aeródromo de Soria-Garray fechado en marzo de 2019. Son los mismos datos que los responsables de Layonair han trasladado esta mañana en la sede de la institución provincial a la asociación ecologista ASDEN. Estaba citada la Plataforma Soria ¡Ya! también al encuentro, pero ha enviado un comunicado declinando la invitación porque dicen que quienes forman la Plataforma Soria ¡YA!, son un grupo de voluntarios que dedica parte de su tiempo a la Plataforma, que solo son ciudadanos de a pie con una especial implicación personal con el futuro de la provincia, y como tal, no es a ellos a quienes nos corresponde adoptar decisiones que competen a responsables políticos.

No entran a valorar un futurible proyecto que hoy por hoy, a sabiendas de la situación jurídica de la CMA, no es posible. Como Plataforma ciudadana lógicamente dicen que están a favor del desarrollo de la provincia, pero entienden que cada cual debe asumir las responsabilidades que le correspondan en cada momento. Tienen claro que su responsabilidad es reivindicar ante los responsables políticos un futuro mejor para Soria, y la de los políticos no es otra que solventar los problemas de la provincia de Soria, tomando decisiones, gestionando, actuando o llegando a acuerdos, si ello fuera necesario.

Layonair ha declarado que Soria «se encuentra en un enclave de alto interés aeronáutico para la ubicación y desarrollo del Aeroparque Tecnológico-Industrial del Aeródromo de Soria-Garray por su gran atractivo en el mercado operacional aeronáutico», según su presidente ejecutivo Carlos Escobar. Insisten continuamente en aludir a la CMA como «único lugar adecuado para llevar a cabo la propuesta porque el reflotamiento y reconversión de las infraestructuras realizadas en la Ciudad del Medio Ambiente y en el aeródromo permitirían un desarrollo evolutivo inmediato a costos muy reducidos, lo que puede ser un atractivo añadido para la implantación de empresas del sector aeronáutico».

Escobar añade que «la confidencialidad del proyecto no permite ofrecer más datos», y confirma «que otras provincias están interesadas pero no se abrirá negociación con ellas hasta que no se cierre la propuesta de Soria». Las diputaciones de León y de Burgos ya hablan de iniciativas similares. Layonair insiste en «que la CMA es el lugar adecuado porque posee el 75 por ciento de las infraestructuras que necesita el proyecto; el otro 25 por ciento se financiaría a través de fondos estructurales europeos, que habría que pedir y conseguir. Con la depuradora y potabilizadora, la logística construida en la Cuidad del Medio Ambiente, el aeródromo que había que ampliar en 316 hectáreas y planta de cogeneración de biomasa que supondría un ahorro de 3 millones de euros al año, el coste del aeroparque sería mínimo».

Pantean un aeroparque tecnológico-industrial del aeródromo de Garray como un nuevo concepto no realizado aún en España y su carácter pionero permite hacer aeronáutica integradora. Quieren implantar el primer centro integral de formación aeronáutica con una escuela de pilotos profesionales de aviones, helicópteros y drones. Una escuela de controladores aéreos, una escuela de tripulantes de cabina, una escuela de mecánicos, una escuela de técnicos de operaciones y una escuela de técnicos de operaciones en compañías aéreas. 

En el plano industrial, se fabricarían elementos de aeronaves, helicópteros y drones; transformación de menores y mayores de aeronaves y helicópteros; reconversiones y adaptación de nueva normativa al transportes aéreo; reciclaje de aeronaves, sus componentes, motores y electrónica; plataforma de recuperación y desguace de aeronaves; y plataforma de invernaje y estacionamiento de larga duración. En el plano de mantenimiento, se ubicaría aquí el primer centro de hangarización para compañías aéreas.

En el plano de reconversiones, se construiría un centro de transformaciones de aeronaves de pasaje a cargueros; un centro de modificaciones para helicópteros apagafuegos y sanitarios; y un centro de prototipos y construcción de aeronaves a control remoto.

En el plano de tecnología e innovación, se llevarían a cabo proyectos de I+D+i de tecnología para el sector, nuevas tecnologías de construcción para elementos de aeronaves, centro del museo del transporte aéreo, oficinas de empresas de software y sistemas, y oficinas de diseño y control de vuelo. 

Siguen quedando en el aire las principales respuestas al proyecto como a cuánto asciende la inversión, cuántos puestos de trabajo se van a generar, y si las empresas que quiere traer la consultora a Garray ya están interesadas en venir. Carlos Escobar puntualiza que «la confidencialidad del proyecto no permite ofrecer más datos». 

Plantean un plan a desarrollar en cinco años que contempla un primer año de perfil bajo con la incorporación de cinco empresas, el segundo año con diez empresas, el tercer año con quince empresas, el cuarto año con el segundo desarrollo del aeródromo y aeroparque con cinco empresas de medio-gran tamaño; y un quinto año, consolidación del proyecto. «En los dos primeros años no alcanzará demasiada rentabilidad económica en su lanzamiento, pero sí será de gran interés para consolidar empresas aeronáuticas. Esto permitirá crear las sinergias oportunas para su gran expansión al tercer año, el cuarto año con buenos resultados y en el quinto año vendrá su consolidación económica así como empresarial».

Escobar se da de plazo hasta final de año para que la asociación ecologista ASDEN retire el recurso que mantiene contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que da la razón a la Junta de Castilla y León en la transformación del decreto de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) en Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Las hectáreas judicializadas no están disponibles para el desarrollo de ningún proyecto, por lo que habría que esperar al fallo del Supremo. El portavoz de ASDEN Carlos González aclara que «si tanto interés tienen en desarrollar un proyecto que a nosotros no nos queda muy claro porque no nos dan muchos detalles debido a la confidencialidad que alegan, pues que la Junta retire el decreto del PEMA y será la forma más rápida de que puedan construir, nosotros no vamos a dar marcha atrás».

Escobar ha dicho literalmente que «os podéis olvidar de nosotros si no se retira el recurso porque, aunque por superficie podría desarrollarse en terrenos que no están judicializados, lo cierto es que no poseen la infraestructura hecha».