La zona de bajas emisiones de Segovia tardará alrededor de un año en empezar a funcionar

Mazarías explicó que el Consistorio ha optado por adelantarse a la tramitación judicial derivada de la sentencia del pasado mes de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que anuló la ordenanza del Ayuntamiento de Segovia que regulaba la ZBE por no estar recogida de manera expresa en el Plan de Movilidad Urbana de 2014. «Lo que hemos hecho ha sido introducir esa modificación puntual que nos pedían en el Plan de Movilidad. Ya está en exposición pública y, una vez aceptada, podremos llevar a cabo la implantación de la ZBE tal y como estaba previsto», señaló.

El regidor insistió en que la corrección del plan se limita a incluir de forma explícita la creación de la ZBE, requisito indispensable para que la ordenanza que la regule tenga validez jurídica. «El PMUS de 2014 no contemplaba una zona de bajas emisiones, y si no lo contemplaba, nos la han tumbado. A la espera de que pudiera haber otros procesos judiciales con distinto resultado, hemos decidido tomar la delantera y proceder nosotros mismos a esa modificación para poder implantar la ZBE lo antes posible», apuntó.

Aunque la ordenanza inicial preveía una entrada en vigor progresiva con el inicio de las sanciones para los infractores a partir del próximo 1 de octubre, la anulación judicial ha obligado al Ayuntamiento a retrasar los plazos. Según Mazarías, aún no se ha fijado una nueva fecha exacta para el inicio de la ZBE, pero el retraso rondará «casi un año», tiempo que se ha perdido por la paralización administrativa.

Preguntado por el régimen sancionador, el alcalde recordó que en el calendario anterior se contemplaba el inicio de las multas este otoño tras un periodo transitorio en el que se informaría a los segovianos de las restricciones de acceso al recinto amurallado (coincide con la ZBE). Sin embargo, reconoció que ahora será necesario «hacer una revisión de esos plazos». En cualquier caso, defendió que Segovia mantendrá una planificación similar a la prevista inicialmente y no seguirá modelos más laxos como el de Salamanca, que ha fijado la entrada en vigor del régimen sancionador en 2029.

El alcalde insistió en que la prioridad ahora es lograr que la modificación del PMUS sea aceptada en el proceso de consulta pública, que permanecerá abierto hasta mediados de septiembre. Una vez incorporadas las posibles aportaciones ciudadanas, el Consistorio confía en disponer del respaldo normativo necesario para aprobar una nueva ordenanza y retomar con garantías el proceso de implantación. «Estamos convencidos de que, una vez superado este contratiempo judicial, Segovia podrá contar con una ZBE adaptada a la normativa y beneficiosa para la salud y la habitabilidad de nuestra ciudad», concluyó.