Segovia prevé reducir la contaminación ambiental un 50% en apenas cinco años

El concejal de Tráfico, Transporte y Movilidad, Jesús Sanz, aclara que es un proyecto transversal que no solo afecta a su consejería, también a otras como la de Seguridad, la de Obras, Servicios e Infraestructuras, a Urbanismo y a Patrimonio Histórico. Todavía está pendiente delimitar el área concreta de esta zona de bajas emisiones (ZBE), pero Sanz avanza que englobará el recinto amurallado, es decir, unas 50 hectáreas de extensión. Además, el Ayuntamiento ya cuenta con una fecha marcada en rojo en el calendario, el 31 de diciembre de 2023, día límite establecido por el Gobierno para esa reducción de la contaminación ambiental.

El Consistorio se marca el reto adicional de reducir las emisiones en Segovia un 50% en un plazo de cinco años porque «el cambio climático ya lo estamos padeciendo en todo el mundo y para no ir a marchas forzadas tenemos que contribuir a mitigarlo», asevera. Esto supondrá cambios significativos en la ciudad y, en concreto, en el casco histórico, donde el acceso quedará restringido a vehículos autorizados, en los que estarán incluidos los de reparto que podrán parar en la zona de carga y descarga. También podrán acceder resientes y vehículos cien por cien eléctricos o híbridos enchufables. Tal y como ocurre en otras ciudades, el resto solo podrán acceder a los parkings soterrados, pero no podrán ni circular ni aparcar en superficie.

Esto requerirá la implantación de un sistema de control de acceso de vehículos que, según Sanz, «todavía no se ha definido, pero utilizará tecnologías avanzadas para facilitar el proceso. Así se garantizará que el casco histórico siga funcionando con normalidad y que los servicios como Policía o Bomberos puedan acceder sin problema». También contemplará la posibilidad de que accedan por un tiempo limitado y previa autorización particulares que tengan que recoger a algún vecino, que por su avanzada edad o cualquier otra limitación no pueda desplazarse a pie, según detalla. Del mismo modo, incluye la peatonalización de varias calles, que todavía están en estudio y la eliminación de plazas de aparcamiento, en especial, de las ubicadas en las proximidades de los edificios y monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Entre ellos, se encuentran las iglesias de San Martín, San Esteban o la zona del Obispado.

En este sentido, cree que es un acierto fijarse en la experiencia de otras ciudades que ya han llevado a cabo estás políticas, como Pontevedra, donde «han logrado grandes resultados». No obstante, recuerda que tampoco pueden aplicar su proyecto porque la orografía no es la misma, ni es posible ubicar aparcamientos disuasorios sencillos y al aire libre a tan solo 10 o 15 minutos andando del casco histórico como han hecho en la ciudad gallega. «Nosotros no tenemos esa opción porque está la muralla y porque no hay espacio para ello». En Segovia los aparcamientos disuasorios tendrían que estar a las afueras de la ciudad conectados con el centro mediante lanzaderas de transporte público. Una de las zonas que barajan para este fin, gracias a la liberación de suelo, es la de Prado Bonal. Estos aparcamientos también podrían ubicarse en barrios como La Albuera o Zamarramala, aunque admite que «la decisión no será fácil».

El concejal de Tráfico, Transporte y Movilidad asegura que las nuevas tecnologías serán grandes aliadas en esta labor porque prevén la implantación de paneles digitales informativos en diferentes puntos de la ciudad. De este modo, ciudadanos y turistas sabrán en todo momento qué aparcamientos están disponibles. Sanz es consciente de que estas medidas provocarán cambios importantes en la movilidad de la ciudad por lo que insiste en que es fundamental trabajar de forma coordinada con los diferentes grupos políticos y reunirse con los colectivos afectados, desde la hostelería y el comercio hasta los residentes. «Son acciones necesarias y no hay marcha atrás porque reducir emisiones es una prioridad, pero hay que tener empatía». Por ello, su intención es mantener dichos encuentros antes de finalice noviembre.

Por otra parte, recuerda que estos cambios siempre suscitan polémica. Ya ocurrió con la instauración de la zona ORA. «Al principio nadie la quería y ahora barrios como Santa Eulalia nos la piden para calles como la Avenida de la Constitución y otras aledañas a José Zorrilla porque sin ella los vecinos tienen muy complicado aparcar». Además, admite que no es fácil suprimir ciertos hábitos, pero considera que en Segovia «estamos muy mal acostumbrados porque no es normal llevar el coche hasta la puerta del bar».

La Concejalía de Seguridad también está implicada en este proyecto. En concreto, se encargará de la limitación, señalización y control de las calles y accesos a esta zona de bajas emisiones, según explica su concejala, Raquel de Frutos. Asimismo, cuenta que elaborarán de las listas blancas en las que se incluirá a aquellos vehículos que puedan circular por este espacio. También llevarán a cabo mediciones de tráfico antes y después para evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Datos que además servirán para actualizar los registros, ya que son anteriores a la pandemia. Esas últimas mediciones arrojan una densidad de tráfico de 8.000 vehículos diarios por la calle San Juan, unos 6.000 por la calle San Cebrián y 2.000 por el arco del Socorro. Aunque el proyecto todavía está en fase de estudio, de Frutos comenta que estas medidas deberían reducir el tráfico como mínimo un 50% en el recinto amurallado, aunque lo más probable es que se supere este porcentaje. Por otra parte, puntualiza que el estudio tendrá que ir un paso más allá y analizar la circulación en otros puntos de la ciudad. Es el caso de la Vía Roma, por la que circulan 14.000 vehículos diarios y de ellos unos 2.500 llegan a la plaza de la Artillería. «Cuando se implante la zona de bajas emisiones habrá que buscar nuevas fórmulas de circulación porque de estos 2.500 tan solo podrán acceder los que estén en las listas blancas».

La concejala asegura que las ventajas de este proyecto son muchas, además de la reducción de la contaminación ambiental, se disminuirá la contaminación acústica y los peatones ganarán espacio y seguridad con lo que «mejorará la calidad de vida de los ciudadanos». En cuanto al límite de velocidad advierte que no habrá grandes cambios porque ya está restringida a 20 kilómetros por hora. En la misma línea, recalca que en algunas zonas no hay aceras o son muy estrechas y estas modificaciones permitirán crear espacios más amplios para los peatones, que ganarán en seguridad porque «los vehículos tienen que tener su espacio, pero las ciudades son para el disfrute de las personas».

Entre las acciones previstas también se contempla el establecimiento de itinerarios peatonales y la mejora de la accesibilidad en ejes como el formado por las calles Marqués del Arco-Daoiz y la Plaza de la Merced. Otra de las intervenciones será la adecuación de espacios urbanos como itinerarios ciclistas para reducir el uso del vehículo privado y, por tanto, de las emisiones, mejorando así la movilidad.

Con la misma finalidad también se prevén actuaciones encaminadas a «calmar el tráfico rodado», como la renovación de pavimento e infraestructuras en el paseo de San Juan de la Cruz, según Jesús Sanz. Por último, subraya que el Ayuntamiento concurre a otra subvención de 1,4 millones de euros para las obras de adecuación de las cocheras municipales con el fin de adaptarlas al uso de vehículos eléctricos, así como la adquisición de cuatro autobuses eléctricos que se destinarán a las líneas 11 y 12.