Piden doce años de inhabilitación especial para Santiago Bayo, exalcalde de Maderuelo
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son legalmente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa
el norte
Segovia
Sábado, 5 de marzo 2022
La Fiscalía propone 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ... el mismo tiempo para Santiago Bayo, exalcalde de Maderuelo (PP), y para el secretario del Ayuntamiento, por un delito de prevaricación administrativa.
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal dice que los acusados, siendo alcalde y secretario del Ayuntamiento, construyeron y gestionaron desde el año 2006 un Centro de Interpretación de la naturaleza, bar-restaurante, tienda. Y para ello obtuvieron un préstamo a cargo del fondo del Estado para la modernización de infraestructuras turísticas por valor de 300.000 euros, disponiendo de cuatro años para ejecutar la obra. La Fiscalía continúa exponiendo que el Ayuntamiento también recibió una ayuda de zonas de influencia socioeconómica en espacios naturales protegidos por un valor de 71.980 euros, solicitando una prórroga en la ejecución, que fue concedida.
Añade en el escrito que llegado el momento de presentar la memoria justificativa de la actuación no se aportó documentación por el ayuntamiento, por lo que se declaró el incumplimiento y el reintegro del préstamo, llegándose a la conclusión de que solo se había ejecutado la obra relativa al bar-restaurante. Además y así consta en el escrito, la construcción no cumplía la distancia mínima correspondiente a la línea de edificación en relación a la carretera, lo que supuso un nuevo proyecto de ejecución para modificar el trayecto de la misma, sin atender a los requisitos legalmente establecidos. La obra no se consideró viable financieramente, pero el 14 de diciembre de 2016 se resolvió ejecutar la citada obra por 45.000 euros, sin el permiso correspondiente, con la única finalidad de favorecer la construcción y posterior acceso al bar-restaurante.
El bar se construyó en parcelas teniendo la consideración de suelo rústico con grado de protección 2, y en el momento de la construcción no se contaba con licencia ni autorización excepcional, a pesar de que en enero de 2015 se autorizó el uso excepcional, advirtiendo que no se podía ejecutar construcción alguna en dichas parcelas. A partir de ese momento, la gestión se realiza directamente por el Ayuntamiento, contratación de empleados, pago de nóminas... no realizando ninguna licitación, contrato o adjudicación del mismo, ni ofertas de empleo público para el contrato de sus trabajadores. Sostiene que los acusados han venido percibiendo cantidades a costa del Ayuntamiento, propias de su gestión del bar-restaurante, a pesar de saber que carecían de autorización para esta actividad. El juicio tendrá lugar el 8 de marzo.
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