Segovia

Un guardia civil se enfrenta a tres años de cárcel por revelación de secretos

Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre julio de 2020 y agosto de 2021. Durante ese periodo, el agente habría accedido en múltiples ocasiones al sistema informático SIGO, una herramienta reservada a la labor policial, con el fin de consultar información sobre personas y vehículos sin relación con investigaciones oficiales. Parte de esos datos fueron posteriormente trasladados a su socio, con el que compartía intereses comerciales.

Las pesquisas reflejan que en julio de 2020 el acusado ya había realizado varias consultas sobre una persona concreta, accediendo a antecedentes policiales y a detalles sobre detenciones. Días después repitió operaciones similares para obtener información de posibles contactos relacionados con esa persona. En agosto de 2021, según la Fiscalía, ambos llegaron incluso a realizar consultas desde el propio acuartelamiento, interesándose por vehículos pesados con domicilio en Las Palmas. Ese mismo mes, el guardia civil efectuó al menos ocho accesos a datos de camiones radicados en Córdoba.

El Ministerio Público sostiene que parte de esa información fue utilizada con fines comerciales y que el agentes usó su condición de funcionario y los medios materiales de la Guardia Civil para extraer datos policiales de interés judicial, con la obligación de mantenerlos bajo estricta reserva.

La investigación incluyó la intervención telefónica del acusado, autorizada en noviembre de 2021, que permitió comprobar la fluida comunicación entre él y su socio, así como con otras personas a las que presuntamente facilitaba datos obtenidos de las consultas irregulares.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de revelación de secretos. Reconoce, no obstante, la existencia de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento, lo que atenúa parcialmente la responsabilidad penal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de tres años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una inhabilitación absoluta de ocho años para el ejercicio de cualquier cargo público.

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Segovia, donde se determinará si el agente, aprovechando su cargo, vulneró el deber de confidencialidad inherente a su función y puso en riesgo la protección de datos sensibles de ciudadanos y empresas.