González-Salamanca señala «resistencias internas» para reformar el área de Urbanismo

La primera de las mociones debatidas fue la presentada por Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, con la que proponía una estrategia integral de industrialización verde para la ciudad. El texto contemplaba cinco medidas: el cierre del anillo de la SG-20 como infraestructura clave para unir los polígonos industriales, la creación de un nuevo vial interpolígonos, el impulso de formación profesional en logística y transporte, cláusulas ambientales en la adjudicación de suelo industrial y la creación de una mesa municipal por la industria. «El desarrollo industrial no puede seguir posponiéndose. El anillo de la SG-20 lleva años cerrado en falso y eso penaliza nuestra competitividad. La única manera de fortalecer nuestra economía es con industria verde, conectada y moderna», defendió San Juan.

Ana Peñalosa, de Izquierda Unida, apoyó la propuesta y advirtió de la dependencia excesiva del turismo: «Segovia necesita una industria del siglo XXI, con redes y estructura, no una economía frágil basada en el sector servicios». Sin embargo, la moción fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, y sin contar con el apoyo necesario del resto de grupos.

El concejal de Vox, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, coincidió con el diagnóstico de fondo pero rechazó de plano el enfoque: «Bajo el término 'industrialización verde' se esconde una agenda ideológica que pretende condicionar la inversión privada. No podemos permitir que se impongan cláusulas comunistas que frenan la libertad económica. Lo que Segovia necesita es industria real, no ingeniería social».

Alejandro González-Salamanca (PP) criticó el contenido de la moción por su falta de concreción: «Podríamos estar de acuerdo en muchas de estas ideas, pero esto es un totum revolutum. Ni está claro qué se pide, ni a quién se le exige. Si quieren que colaboremos, elaboren una propuesta más trabajada», declaró el concejal de Urbanismo. Ciudadanos, a través de Noemí Otero, presentó una enmienda para que la moción instara al Gobierno de España a realizar los estudios técnicos del cierre de la SG-20, pero esta fue rechazada. Otero apuntó además que «no hay déficit energético por falta de placas solares, sino porque no existe una subestación eléctrica adecuada».

Más suerte, aunque también con mucho debate, tuvo la moción presetnada presentada por Izquierda Unida para reforzar durante el verano la línea 4 de autobús urbano y evitar que durante estas semanas se produzcan retrasos de hasta 40 minutos y usuarios que no pueden acceder por exceso de aforo. Ángel Galindo (IU) defendió que «el refuerzo que funciona durante el curso debe mantenerse en verano. Los retrasos y los problemas están generando molestias a los vecinos. Esta medida no es ideológica, es de sentido común». La propuesta incluía además dos medidas adicionales: mejorar el pago con tarjeta en el transporte público y estudiar la colocación de sombra en marquesinas, ya sea directamente o mediante elementos del entorno urbano.

Guillermo San Juan celebró el consenso: «Lo que funciona no se toca. Defender el transporte público es garantizar la libertad de movimiento». Clara Martín (PSOE), por su parte, valoró el impacto social del transporte: «Este modelo ha demostrado ser útil y bien valorado. Gracias a él se reduce el tráfico y se garantiza la movilidad. Reforzar la línea 4 no es una ocurrencia, es una necesidad».

Vox fue el único grupo que no apoyo la propuesta y optó por la abstención. «Reconocemos que hay un problema en la línea 4, pero esta moción está impregnada de un modelo de ciudad que rechaza el coche privado y penaliza al trabajador de la periferia. Apoyamos el transporte público, pero con libertad de movilidad», declaró Esther Núñez.

José Luis Horcajo (PP), concejal de Servicio, insistió en que el sistema está mejorando: «El número de usuarios ha aumentado de 2 millones en 2023 a 2,7 en 2025«, declaró antes de recordar que están trabajando en varios cambios para reforzar el servicio. No obstante, Galindo instó al gobierno local a actuar ya: «El refuerzo puede activarse mañana. Si están trabajando en una modificación contractual más amplia, bienvenido sea, pero mientras tanto resuelvan el problema urgente».

La tercera moción del día, presentada por Vox, proponía una auditoría específica del área de Urbanismo, argumentando que los segovianos han pagado más de 15 millones de euros en indemnizaciones urbanísticas por sentencias judiciales derivadas de una «nefasta gestión». La última de ellas la de la calle Jerónimo de Aliaga.

Esther Núñez señaló al exalcalde Pedro Arahuetes como responsable de varias de estas sentencias. «No queremos culpables, queremos soluciones. No se puede atraer inversión con un urbanismo paralizado y lleno de trabas», dijo.

Ciudadanos respaldó la moción pero recordó que ya existía una auditoría en 2019 y que sus conclusiones no se han aplicado. «La oficina de Urbanismo necesita una transformación profunda. Lo que ocurre es una aberración administrativa», señaló Noemí Otero.

Guillermo San Juan cuestionó la eficacia de una nueva auditoría: «Esto es más un gesto político que una solución real.« Ana Peñalosa, por su parte, advirtió contra la «utilización populista de la fiscalización pública» y Antonio Reguera (PSOE) defendió que muchas sentencias provienen de planeamientos anteriores a gobiernos socialistas y que la solución pasa por «actualizar el PGOU, no por repetir auditorías».

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, defendió la moción aunque reconoció que «el problema es complejo» y que muchas sentencias responden a «fallos del planeamiento urbanístico» y a una gestión «poco eficiente» del pasado. «Estamos tomando medidas, aunque más lentas de lo deseado. Hay incluso resistencia interna dentro del área de Urbanismo. Un funcionario impugna sistemáticamente todos los cambios», reveló.

La penúltima moción en salir adelante fue la presentada por el PSOE para proteger los yacimientos arqueológicos del Abrigo del Molino y el Abrigo de San Lázaro, enclaves declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en abril de 2025 y que contienen uno de los registros neandertales más relevantes de Europa occidental. Con la única abstención de Vox, la propuesta salió adelante tras un debate en el que socialistas y populares discutieron sobre el papel de la Junta de Castilla y León durante los últimos años en materia de protección y conservación arqueológica.

Por último fue aprobada la moción presentada por el Partido Popular para pedir al Gobierno de España que elimine la obligación de aplicar la tasa de residuos municipales por el cien por cien del coste del servicio. Eso sí, no consiguieron el apoyo de ningún otro grupo de la corporación -Vox y Ciudadanos se abstuvieron y PSOE, Izquierda Unida y Segovia en Marcha votaron en contra- en un debate en el que el resto de partidos criticaron al gobierno municipal por no haber tomado medidas este año que hubieran aliviado la subida de la tasa de basuras a vecinos y empresas.