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Las administraciones tropezaron el año pasado en Segovia al sacar adelante la contratación de obra pública. Los ecos de la inflación y de unos costes ... de los materiales que subieron, se multiplicaron pero ya no descendieron, han hecho que los concursos y los presupuestos de ejecución, demasiado bajos, no fueran todo lo atractivos que quisieran las promotoras públicas para captar las ofertas de las empresas.
A mayores, el sector de la construcción insiste en su llamamiento de más mano de obra. El paso de optar a la licitación de una obra requiere de cuadrillas cualificadas; sin embargo, no todas las potenciales aspirantes a la adjudicación disponen de trabajadores suficientes para competir por determinadas concesiones, cuyos pliegos se vuelven objetivos descartables si no se vislumbra un rendimiento. Esa escasez de personal que echa de menos la actividad está cifrada entre ochocientos y mil obreros, a tenor de los cálculos que maneja el presidente de la Asociación de Industrias de la Construcción de Segovia y Provincia (APIC), Javier Carretero.
Esta conjunción de factores ha desinflado el ímpetu por concurrir a los procesos abiertos de contratación. Si a ello se añade que la provincia, además, quedó relegada en 2024 a la cola de Castilla y León en lo que se refiere a la licitación de obra pública, no ha de extrañar que varias convocatorias quedaran desiertas. Las empresas las dieron la espalda y las inversiones previstas en los presupuestos de licitación se quedaron en el aire y sin adjudicar a la espera de una nueva oportunidad.
En concreto, las estadísticas publicadas con motivo del balance anual que elabora la Cámara de Contratistas de la comunidad autónoma ponen de relieve que, a lo largo del último ejercicio, en Segovia se quedaron sin adjudicar una docena de obras en el global de los tres ámbitos competenciales -estatal, regional y local-.
Si se suman todos los importes económicos por los que salieron a licitación esos proyectos, en la provincia se dejaron de invertir más de 1,3 millones de euros en infraestructuras civiles. Ese dinero -y por tanto, esas iniciativas- se quedó guardado en las arcas de las administraciones públicas a la expectativa de gestionar un nuevo intento para su contratación. Segovia no es el territorio de Castilla y León en el que más procesos quedaron desiertos, pero tampoco fue el que más propuestas tramitó y sacó a concurso para su adjudicación, como ponen de manifiesto los datos del organismo cameral.
Dicho informe, que recaba información desde enero a diciembre de 2024, señala que el recorte sufrido en la cuantía total licitada en esos doce meses fue del 9,6%. Este cómputo incluye los procedimientos de adjudicación correspondientes a proyectos de edificaciones y las tramitaciones de obras civiles en, por ejemplo, carreteras o infraestructuras como depuradoras o canalizaciones.
Así pues, la inversión conjunta que sí se contrató para su ejecución se quedó en 107,9 millones de euros, lo que supone un tijeretazo de 11,5 millones frente al monto con el que bajó la persiana el curso precedente, cuando el valor de las contrataciones abiertas ascendió a 119,4 millones de euros. El listón estaba alto. La inversión en obra pública alcanzó en 2023 un máximo desconocido desde hacía al menos cinco años en la provincia. Fue el mayor presupuesto manejado desde 2018.
Al repasar los números que bosquejan el escenario conjunto de la región, sobresale un rasgo común en los distintos territorios: las corporaciones locales son las que al cierre del ejercicio acumularon los mayores volúmenes de proyectos a los que no se presentó ninguna empresa. En Segovia, el reparto de los procesos de contratación que quedaron desiertos evidencia ese denominador común. Ocho de los doce concursos los promovieron entidades locales; dos correspondían al ámbito autonómico, y los otros dos restantes se circunscribían a la órbita de la Administración central.
Sin embargo, el presupuesto más abultado que se quedó sin adjudicar en la provincia en 2024 se refiere a la iniciativa regional de la Dirección de Educación para licitar la segunda fase de la urbanización y la pista polideportiva en el instituto Hoces del Duratón de Cantalejo, cuyo valor ascendía a algo más de 289.747. Por el importe de la inversión, le sigue en la lista una obra impulsada por el Ayuntamiento de la localidad de Nieva, consistente en los trabajos de urbanización y renovación de la red de saneamiento, incluyendo un nuevo pavimento drenante y la remodelación de las aceras en la calle Nieva de Cameros. Su coste de salida era de 155.478 euros.
Tres convocatorias más de las doce a las que no se presentó ninguna constructora superaban la barrera de los 100.000 euros en el presupuesto de salida. Una, con un importe de 142.064 euros, buscaba empresas que se encargaran de acometer la reforma del antiguo matadero para Centro Social, Cultural y Exposiciones en Matabuena.
Otra, con una base de licitación de 140.562 euros, atañe a los intereses de la Diputación Provincial de Segovia, que convocó, sin recibir ninguna oferta, la licitación del diseño, acondicionamiento y señalización de las rutas en bicicleta en Riaza y su entorno. Esta propuesta estaba incluida en el denominado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia con cargo a los fondos europeos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El último de los proyectos públicos con un presupuesto superior a los 100.000 euros que quedó desierto estaba promovido por otra entidad de ámbito local, en este caso el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La adjudicación de las obras de arreglo del vestuario y servicios del campo de fútbol de La Mina, con un importe de 120.712 euros, espera un nuevo concurso, según el informe de la Cámara de Contratistas.
También quedó desierta la contratación de los trabajos de reforma de las instalaciones deportivas de la piscina municipal de Aguilafuente. La inversión por la que salió a concurso era de 69,310 euros.
Por su parte, las dos iniciativas de la Administración central en la provincia de Segovia que carecieron de ofertas por parte de empresas son las de Paradores de España, que sacó a concurso público por 56.870 euros la reparación de los pesebrones de cubierta de los tres patios interiores en la asa de los Infantes del complejo de turismo de La Granja; y la promovida por Tragsa para ejecutar los forjados y estructuras de hormigón en la rehabilitación de la casa forestal Los Cerrillos, en el núcleo de San Rafael, dentro del término municipal de El Espinar.
La inversión programada era de 83.103 euros. Estos trabajos, a los que no concurrió ninguna empresa cuando se abrió la convocatoria, forman parte del proyecto de creación de un centro de información del Parque Nacional de la sierra de Guadarrama y su área de influencia.
La lista de primeros procesos desiertos continúa con la sustitución de redes de fibrocemento en Rinconada de la Tahona y en el cruce entre la carretera CL-601 con el callejón de las Posadas y el reemplazo de las conducciones obsoletas hechas con ese material que discurren bajo varias calles de la urbanización Caserío de Urgel, así como su posterior asfaltado. El licitador es el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, que valoró la realización en 88.756 euros.
Otra contratación que quedó desierta fue la de la primera fase de las obras de reforma del centro cultural Fuenteblanca de Hontalbilla, cuyo importe era de 48.314 euros, según el informe de la Cámara de Contrastistas de la comunidad autónoma al cierre del pasado ejercicio. Lo mismo le ocurrió al Ayuntamiento de Turégano, ya que no se presentaron ofertas para los trabajos de rehabilitación de dos viviendas destinadas a alquiler social, con un presupuesto de más de 96.000 euros.
El análisis de la Cámara de Contrastistas de Castilla y León deduce que, en 2024, las inversiones en obra pública por parte de las tres administraciones (central, autonómica y entidades locales) sufrieron un freno. Asimismo, el hecho de que hubiera una docena de concursos que quedaron desiertos en sus convocatorias iniciales sugiere que los presupuestos asignados por los organismos licitadores están desfasados y no se amoldan a los precios que marca el mercado en la actualidad. Muchos de esos importes de adjudicación no tienen en cuenta el encarecimiento que han experimentado las materias primas y los costes energéticos que han de afrontar las empresas constructoras, como viene advirtiendo el presidente de la patronal provincial del sector.
Recientemente, Javier Carretero ya se había pronunciado sobre esta circunstancia y cuestionaba el «bajo» porcentaje de ejecución de las inversiones contempladas en los proyectos de presupuestos municipales. En la capital, ese nivel está entre el 60% o el 65%, lo que la relega en la comunidad autónoma como una de las ciudades donde el valor de las licitaciones abiertas de obra pública es menor.
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