Los 280 auxiliares de ayuda a domicilio tendrán mejoras laborales

El contrato del servicio de ayuda a domicilio expira hoy, 1 de junio, pero la empresa concesionaria, Clece, seguirá prestándolo hasta la próxima adjudicación, que ya estará regulada por el nuevo pliego. Actualmente, el servicio atiende a más de 1.500 usuarios de toda la provincia en más de 240.000 horas de trabajo.

«Se trata de un contrato que tendrá una vigencia obligatoria de dos años, con posibilidad de otros dos de prórroga, por anualidades, si se produce un acuerdo llegado el momento. Las principales novedades redundan en una mejora de las condiciones de los trabajadores, aunque el pliego siempre vela por el respeto y el mantenimiento de los derechos de los usuarios. En cualquier caso, no se trata de un convenio que regula las condiciones laborales, sino de un documento técnico-administrativo que prevé campos de mejora para beneficio de usuarios y trabajadores», matiza el vicepresidente de la Diputación y responsable del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente.

En el ámbito laboral, las mejoras son numerosas. El documento reconoce 60 minutos de prestación efectiva e incluye los 5 minutos adicionales, que correrán a cuenta de la empresa. «Hasta ahora, por una hora de servicio, el trabajador percibía 50 minutos, pues se entendía que los 10 minutos restantes correspondían a un desplazamiento que no se pagaba. Ahora se reconoce la hora de servicio efectiva, además de 5 minutos más que correrán a cuenta de la empresa», explica el portavoz del grupo provincial socialista, Alberto Serna, razonablemente satisfecho por el grado de consenso alcanzado.

«El usuario recibirá un servicio por el tiempo que le ha sido asignado y el profesional cobrará la totalidad de su tiempo de servicio, incluyendo los desplazamientos entre domicilios», señala De Vicente.

Otra de las mejoras que introduce el pliego tiene que ver con la formación de los trabajadores, pues prevé la implantación de un plan anual de formación continua y retribuida con un mínimo de 40 horas anuales. Igualmente se garantiza el derecho de huelga del trabajador «sin que el usuario note detrimento alguno en la calidad del servicio», y en caso de ausencia del usuario sin que exista aviso previo, el auxiliar desplazado cobrará el tiempo efectivo de la prestación del servicio.

«Este supuesto supone un avance muy significativo para los trabajadores, pues, hasta ahora, los profesionales no cobraban después de haberse encontrado la vivienda del usuario cerrada. Por lo tanto, si el trabajador no puede prestar ese servicio por una causa ajena a su voluntad, tiene derecho a percibir el dinero que le corresponda, como si lo hubiera prestado», explica De Vicente.

También recoge el pliego la constitución de una comisión de seguimiento a tres bandas: Diputación, concesionaria y trabajadores. El objetivo es evaluar periódicamente la prestación del servicio. «Hemos notado que ha habido tensiones entre los trabajadores y la empresa y que los trabajadores acudían a la Diputación a trasladar inquietudes y recelos. Lo mejor es crear una comisión que vele por el cumplimiento del servicio», añade Serna.

El pliego observa un presupuesto superior a los 4 millones de euros por año (el precio de salida de la hora es de 17,41 euros frente a los 16 euros que ahora se están pagando). Para el diputado responsable del Área de Asuntos Sociales, el documento tiene especial importancia «por el montante económico que conlleva, el compromiso social que la institución provincial adquiere con los usuarios y la salida laboral que supone para más de 280 trabajadores de la provincia.

Tanto Miguel Ángel de Vicente como Alberto Serna destacan que el documento se ha fraguado a partir del consenso político, lo que ha posibilitado cambios sustanciales con respecto al anterior. «Sin duda, en este caso, el debate político ha enriquecido una política pública, como es el servicio de ayuda a domicilio, que siempre ha sido un servicio puntero en la provincia», puntualiza el diputado del Partido Popular.

Tras su aprobación en el pleno (el documento contó con 23 votos a favor y una abstención, la de UPyD-Centrados en Segovia), al texto le espera un trámite prolijo: por su montante económico –más de 8 millones de euros en los dos años obligatorios–, debe ser publicado en el Boletín de la Unión Europea, según exige la nueva ley de contratos del sector público. «Esperemos que la empresa que resulte adjudicataria puede estar prestando el nuevo servicio después del verano», puntualiza De Vicente, que ayer aprovechó la sesión plenaria para «agradecer el esfuerzo a todos» y muy especialmente al portavoz del Partido Socialista, señor Serna, «por su tiempo, sus aportaciones y por acceder a que la confección haya sido un espacio de encuentro entre los pareceres políticos».

Para Miguel Ángel de Vicente, el pliego incluye mejoras «en función de la implantación del servicio en el territorio, que es a lo que deben responder las políticas públicas de las administraciones».

También Serna se mostró contento con el documento pactado: «Hemos llegado a un pliego de condiciones en el que progresamos en muchas cuestiones. Evidentemente, siempre hay margen para las mejoras y aspectos importantes que se quedan fuera, pero hemos conseguido un grado de consenso importante y tanto trabajadores como usuarios salen beneficiados».