La «ambición» de Segovia invita a redimensionar la ampliación del hospital

Interrogantes como cuándo estará aprobado definitivamente, si hay más o menos servicios o especialidades que las que se contemplaron al comienzo de la tramitación, cuál será la capacidad de hospitalización o las líneas maestras sobre las dotaciones que necesita el futuro complejo asistencial siguen en el aire. La Consejería de Sanidad centraliza las notificaciones sobre la reforma, se encarga de los tiempos y los datos que quiere difundir. Salirse del guion sería «imprudente», comentan en los equipos directivos de Segovia, quienes confían en que más pronto que tarde haya más concreciones sobre el plan funcional.

Sanz Merino declina fijar una fecha. El delegado repite que «las aportaciones pedidas están terminadas» y que la aprobación del documento está «muy cerca». «Una obra de esta magnitud y complejidad merece ser elaborada con el máximo cuidado». No debe caerse en la urgencia, subraya.

En su discurso de cautela, señala que «la ambición de la gestión del hospital» por conseguir un aumento «acorde con los tiempos que corren y de cara al futuro» ha derivado en un «debate interno» de carácter «técnico», en el que ha habido petición de información por parte de la Gerencia Regional de Salud. Lo que no aclara es si el dilema se refiere a la financiación o a los servicios y equipos pensados al inicio.

«El proyecto será más ambicioso de lo que iba a ser en un principio», desliza el delegado territorial de la Junta, quien a su vez deja entrever la opción de un posible «redimensionamiento» y una nueva forma de organización derivados del citado debate.

Después de insistir y repreguntar, la cerrada prudencia encontró un resquicio cuando Sanz Merino avanzó el deseo de que la aprobación del necesario plan funcional pueda producirse «este mismo mes de marzo». Por otro lado, admitió que «no vamos en plazo» a la hora de tener disponible el documento sobre el que se redactará el proyecto de la expansión y reforma de las instalaciones actuales. El retraso es ligero.

El representante autonómico llama a la «tranquilidad» porque «no estamos fuera de la ventana de plazo». La intención de la Junta es avanzar con seguridad y constancia sin que luego haya sobresaltos que trastoquen los planes y el cronograma. Muestra del compromiso del Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco es la dotación presupuestaria asignada en este 2024 al proyecto conjunto de ampliación del Hospital General y de construir la Facultad de Enfermería en los terrenos ocupados, en los que a día de hoy se ejecuta la urbanización del entorno del futuro complejo.

La expropiación forzosa de la superficie elegida, anexa al actual hospital, también sigue su curso administrativo, afirma el delegado. Sin embargo, la propiedad de las aproximademente 49.000 hectáreas discrepa de las formas. La titularidad ha trasladado su hoja de aprecio con el importe que pide; pero hasta ahora «no se ha visto un duro». El representante autonómico reconoce que las cifras manejadas por ambas partes «están alejadas». «Parece que no va a haber acuerdo», deduce Sanz Merino.

Cabe recordar que la evaluación inicial del plan, publicado en mayo de 2022, el coste inicial del que parte la valoración de la ocupación de las seis fincas implicadas en el proyecto es de 352.790,75 euros.

Por lo tanto, una vez pasado el trámite de la junta de valoración, todo apunta a que la propiedad denunciará la expropiación en los tribunales, ya que el justiprecio suele quedarse en la cuantía más baja propuesta, con lo que la Administración regional se expone a que, con el paso de los recursos y los años, tenga que pagar una indemnización millonaria, como ocurrió con el talud de Padre Claret y el Ayuntamiento de la capital.

Los dueños del suelo critican «la arbitrariedad» con la que actúa la Junta. «Es una injusticia», claman. En su argumento se aferran a que hace años ya hubo una expropiación en «la misma finca». En concreto, la ocupación afectó a una franja de terreno necesaria para ampliar la carretera que sube hacia Urgencias. Entonces, ese suelo estaba calificado como urbanizable y se abonó un precio que puede ser entre cinco o seis veces superior al que ahora baraja pagar la Junta.

La propiedad muestra su indignación porque la superficie ha sido recalificada como «rústica». «Se han hecho un traje a medida de manera arbitraria», recrimina la titularidad, que lamenta la «indefensión que sienten los ciudadanos» al ver devaluados sus bienes y «las expectativas que pueda tener en ese suelo».