La Fiscalía insiste en pedir el archivo del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia plantea un escrito de calificaciones en el que no va a mover apenas un ápice su posición judicial al respecto del caso de las prejubilaciones millonarias y planes de pensiones que suscribieron antiguos altos cargos de Caja Segovia. Esa premisa sobre la que trabaja es favorable al archivo de la causa, en coherencia con lo que ya ha venido defendiendo en anteriores trámites del largo y espeso procedimiento que investiga si hubo o no sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El Ministerio Público no tiene visos de recular ni de desdecirse de los planteamientos que ha venido esgrimiendo hasta ahora. Cabe recordar que en una entrevista concedida hace poco más de dos años a El Norte de Castilla, el fiscal jefe, Antonio Silva, decía que tenía «la seguridad moral, otra cosa es la jurídica, de que habrá sentados en el banquillo en el caso de las prejubilaciones». Silva siempre se ha referido a este caso como paradigmático del dilema entre lo éticamente reprobable y lo legal. La apreciación no es baladí. Guarda cierta consonancia con lo que argumenta el representante legal del expresidente del consejo de administración de Caja Segovia, Atilano Soto. En declaraciones recientes a este periódico, el prestigioso penalista Luis Rodríguez Ramos manifestaba que «unas prejubilaciones jugosas generen envidia no significa que sean ilegales».

La ratificación de la petición de archivo se produce después de que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 notificara, a principios de este mes, el final de la investigación y conminara a las partes a presentar sus escritos de calificación.

Causa 'resucitada'

En dicho auto, el juez instructor sí desanda el camino que en un principio le llevó a dar carpetazo al caso de las retribuciones millonarias. Los recursos por parte de las acusaciones, y en especial de la Fundación Caja Segovia, personada como acusación particular en este procedimiento y en el que investiga la hipoteca del Torreón de Lozoya, han mantenido con vida la causa. La inyección de adrenalina casi definitiva para resucitar la instrucción la aplicó la Audiencia de Segovia en los albores del pasado febrero.

La Sala Provincial resolvió rechazar el sobreseimiento propuesta seis meses antes al apreciar indicios de apropiación indebida y administración desleal. Cuando se daba ya casi por extinguida la investigación judicial, la Audiencia Provincial revocó la decisión del Juzgado número 2 de Segovia, que en junio del año pasado había dictado el archivó la investigación contra los miembros del comité de Retribuciones de la difunta Caja Segovia por un posible delito societario al haber concedido prejubilaciones para los miembros del comité de dirección por un importe superior a los 30 millones de euros, tal y como denunciaba ante la Fiscalía Unión Progreso y Democracia (hoy reconvertida en asociación cultural UPyD-Centrados en Segovia) a finales de 2011.

Ética versus legalidad

Conviene recordar que esta formación tuvo que apearse de la instrucción, aunque los cambios de escenario que invitan a pensar en la apertura de juicio oral contra seis exaltos cargos de la entidad de ahorros pueden devolver a la ahora asociación cultural al estrado de la acusación popular. Mientras tanto, además de la Fiscalía y la Fundación Caja Segovia, Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) han mantenido el pulso en los tribunales contra el archivo.

Aquel auto de junio del Juzgado número 2 establecía que el acuerdo de archivo se basaba en la «atipicidad penal de los hechos denunciados e investigados», es decir, que en el Código Penal la actuación de los altos cargos al otorgarse 34 millones de euros (17 en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones) no recoge ningún tipo que pueda ser aplicado a este caso y que el acuerdo del consejo de la desaparecida caja es legal. Otra cosa es que pueda ser objeto de una reprobación moral o ética, pero esto, afirmaba, no le corresponde al juzgador, sino a la sociedad.

Pocos días después de aquel primer auto de sobreseimiento libre y provisional, el fiscal jefe comparecía ante los medios de comunicación para repasar la situación en la que se hallaba el proceso. Antonio Silva aseveró que el profuso estudio realizado por la fiscal Pilar Orleta había concitado el acuerdo unánime de la Junta de Fiscales, celebrada el 22 de junio del año pasado. En él, mostraba su conformidad con la resolución del juez, por lo que respaldaba la petición de archivo.

Pasó los controles

Según explicó Orleta, «no hay concurrencia de elementos objetivos ni subjetivos» que califiquen de delito penal la conducta de los exdirectivos de Caja Segovia que vieron incrementadas sus indemnizaciones. El fiscal jefe subrayó que el análisis era «puramente jurídico y penal porque no se está valorando una cuestión ética o moral».

En este sentido, matizó que el hecho de que no se hayan encontrado indicios de delito en el marco jurisdiccional «no quita que personalmente uno piense que sea reprobable desde el punto de vista moral». En dicha comparecencia, el Ministerio Público aceptaba que a pie de calle, «tamaño disparate, además en plena crisis, pueda ser ofensivo en el fuero interno», en alusión implícita al modo en que obraron los altos cargos que se repartieron unos 34 millones.

La fiscal asentaba su opinión en la documentación aportada por el FROB y el Banco de España. Según el Ministerio Público, Caja Segovia estuvo sometida a sus controles sin que detectaran irregularidades, por lo que tampoco se tomaron medidas. Esta vez, parece que la Fiscalía no comparte lo dictado por el magistrado que investiga las prejubilaciones y que encausa a seis antiguos directivos de la Caja: Atilano Soto, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias.

Entre tres y ocho años

Terminó el plazo para que las partes presentaran sus escritos de acusación. Y las tres que permanecen en la causa de las prejubilaciones Fundación Caja Segovia, como particular; e Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), como populares han registrado sus documentos en los que fijan las peticiones de penas para los seis encausados: Atilano Soto; Manuel Agudíez; Elena García; Manuel Escribano; Enrique Quintanilla, y Antonio Tapias.

La representación legal de IU es la más severa, al menos en lo que respecta a la petición de cárcel. Para los miembros del comité de Retribuciones (Soto, García y Agudíez) pide ocho años según la responsabilidad en el diseño de las prejubilaciones, con dos agravantes referidos con el supuesto abuso en el ejercicio de sus cargos en la comisión de un presunto delito de administración desleal. Para los otros tres directivos de la Caja, IU solicita seis años de cárcel por un apropiación indebida.

La Fundación Caja Segovia pide para los tres nombres del comité de Retribuciones tres años por supuesta apropiación indebida como cooperantes necesarios, además de una multa de 200 euros diarios durante doce meses. Alternativamente, solicita tres años por posible administración desleal. No se suman las penas. En cuanto a Escribano, Tapias y Quintanilla, pide cuatro años por administración desleal y, en el caso de apropiación, la misma condena y una multa de 300 euros al día durante doce meses.

La CIC pide cuatro años por administración desleal y lo mismo por apropiación indebida para Soto, Agudíez y García; mientras que para Escribano, Quintanilla y Tapias la solicitud es de ses años por apropiación indebida con el agravante de la cooperación necesaria y alternativamente pide tres años por administración desleal.