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Vista general de la avenida Fernández Ladreda, renombrada avenida del Acueducto.

El Ayuntamiento de Segovia encarga las placas con los nuevos nombres de calles

La alcaldesa Clara Luquero se ampara en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para rebatir los recursos del PP y del concejal no adscrito Javier Arranz

César Blanco Elipe

Lunes, 16 de febrero 2015, 11:57

Sin esperar al nuevo pleno municipal que volverá a situar el debate en el renombramiento de varias calles de la ciudad que aún mantienen referencias franquistas, el Ayuntamiento de Segovia quiere aplicar cuanto antes lo aprobado en la anterior sesión. Es decir, cumplir con la Ley de Memoria Histórica, según ha dicho la alcaldesa, Clara Luquero (PSOE).

El equipo de Gobierno quiere acelerar las modificaciones a las que dio luz verde en una votación harto polémica por el rifirrafe del concejal no adscrito, Javier Arranz , con el portavoz de IU, Luis Peñalosa; pero sobre todo, por la ausencia del viceportavoz segundo del grupo municipal del Partido Popular, José Antonio Garvía. El edil estaba de viaje en Suiza y su incomparecencia otorgó a la alcaldesa la capacidad de decantar la balanza con su voto de calidad a favor del cambio de denominación de nueve calles.

La que más polvareda ha provocado es la sustitución de Fernández Ladreda por avenida del Acueducto. Más de 200 firmas de vecinos y comercios rechazaron la modificación, al igual que la patronal provincial. Sin embargo, la propuesta del equipo de Gobierno salió adelante.

La alcaldesa ha manifestado que ya están encargadas las nuevas placas que renombrarán el callejero de Segovia. Frente a la lluvia de críticas, Luquero se protege con el paraguas del cumplimiento de la norma vigente. «Los técnicos municipales deciden que se tramite en base a las prescripciones de la ley y no con el reglamento de honores y distinciones». Luquero quiere ser prudente y apunta que «sigue estudiándose».

Recursos

El guardar la ropa está más que justificado porque el grupo municipal del PP ya ha anunciado, en palabras de su portavoz Jesús Postigo, que presentará un recurso de reposición para frenar el cambio de nombre. El plazo concluiría el 11 de marzo y es el tiempo que establece el procedimiento para resolver el citado recurso contra el acuerdo del pleno del 30 de enero. De ser rechazado, los populares irán a la justicia.

Javier Arranz, también ha anticipado que promoverá una moción para ampliar y mejorar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ya que lo vivido en el último pleno fue «una farsa». Así, propone un estudio en profundidad y un informe que defina qué símbolos franquistas han de borrarse del callejero segoviano.

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