Un juez paraliza el desahucio de la familia salmantina a instancias del Ayuntamiento

Según ha comunicado a este periódico el propio A. F., y confirmado posteriormente el Ayuntamiento, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 ha paralizado la orden de desahucio durante un mes, tras decidir el Ayuntamiento asumir la deuda de esta familia.

Inmediatamente después, técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salamanca se habrían reunido de nuevo con ellos para analizar la situación e intentar buscar una situación, que pasaría por ubicarlos en una vivienda de alquiler social.

Por el momento, tras la decisión del Ayuntamiento a instancias de sus técnicos, A. F., su pareja C. R. y sus dos hijos podrán seguir viviendo en la casa de la calle Diego Hurtado de Mendoza en la que residían. Lo que el afectado no ha podido aclarar es si volverán a tener agua y luz, ya que ahora mismo no disponían de ella.

El afectado se mostró muy agradecido por lo que va a hacer el Ayuntamiento, con el que ya había contactado en ocasiones anteriores y seguirá reclamando alguna solución para su familia y para no verse en la misma solución dentro de un plazo de tiempo no muy largo.

Ferreruela y su pareja tienen dos hijos, Adolfo, de dos años y siete meses, y Coral, de un año y dos meses. Ambos están en paro desde hace tiempo y sus únicos ingresos son los 426 euros que cobra ella por el PAE desde el pasado mes de marzo. «Llevo cuatro años sin trabajo y una vez agotada la prestación por desempleo y los subsidios, nos quedamos sin nada; hemos estado dos años sin ningún ingreso y ahora con los 426 euros no podemos hacer frente a los gastos de un alquiler», señaló a este diario cuando decidió recurrir a los medios para dar a conocer su situación. La renta cuesta al mes 350 euros y es «imposible que lo paguemos, tenemos que dar de comer a nuestros hijos y eso es lo más prioritario», afirmaron entonces y mantienen ahora.

Unos niños, bebés, que temen que «se queden sin un hogar», en el que desde hace meses sobreviven sin luz y sin agua. El alquiler comenzó en octubre, mes que pudieron abonar, pero al mes siguiente, al no poder seguir con los pagos, el propietario les cortó la luz y el agua, señalaron los afectados a El Norte.

Su caso cumple los requisitos recogidos en el Real decreto 106/2018 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en otras normativas regionales y locales para poder tener un alquiler social o una vivienda social, pero «nadie nos responde a nuestras peticiones», afirmó.

Además, el turno de oficio del Colegio de Abogados de Salamanca les facilitó el protocolo de actuación en materia de protección a familias en situación de perdida potencial de su vivienda habitual por causa de un procedimiento judicial de ejecución hipotecario o por desahucio de vivienda arrendada; su caso podría acogerse al mismo.

Además, no es la primera vez que les ocurre esto. Ya se han tenido que ir de varias viviendas por impagos.

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