PP y Cs arrastran a IU en su cruzada contra el Gobierno por el uso del superávit municipal en Salamanca

La política no es una ciencia exacta –al fin y al cabo la encarnan y la ejercitan los seres humanos– y arroja en ocasiones estampas sorprendentes, que permiten alinearse en las mismas trincheras, aunque sea de forma absolutamente coyuntural, a fuerzas políticas teóricamente antagónicas. Esto es lo que sucedió en el pleno municipal, mitad presencial y mitad telemático, que celebró ayer la corporación local de la ciudad en el Palacio de Congresos, dado que Izquierda Unida voto al unísono con el PartidoPopular yCiudadanos para que acabaran prosperando finalmente dos mociones, una para exigir al Gobierno que se retracte y no se apropie del superávit de las arcas de las entidades locales, como sucede con las del Consistorio salmantino, y otra encaminada a la agilización de la gestión del Ingreso MínimoVital.

De esta forma, los votos de los concejales populares más los de la formación naranja, sumados al pronunciamiento en solitario de la concejala de Izquierda Unida y miembro del Grupo Mixto, Virginia Carrera, convirtieron en acuerdo plenario la moción abanderada por el portavoz municipal del PP, Fernando Rodríguez, en cuyo texto se rechazaba «el intento del Gobierno de España de apropiarse de los recursos de las entidades locales». Rodríguez, que se encontró, tal como era previsible, con los votos contrarios del PSOE y de la edil de Podemos y miembro también del Grupo Mixto,Carmen Díez, enfatizó que el acuerdo rubricado en este sentido entre la FederaciónEspañola de Municipios yProvincias (FEMP) y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que salió adelante con el voto de calidad del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, constituye «un atropello y un chantaje inaceptable».Frente a ello,Rodríguez apeló a los grupos parlamentarios a que no ratifiquen la medida del Gobierno, instando al Ejecutivo a rectificar y promulgar un nuevo real decreto, con el fin de defender «la autonomía y la suficiencia financiera» de los ayuntamientos. El edil del PPelevó el tono de su discurso cuando tildó de «grosera» la medida promulgada por el Ejecutivo de Sánchez que, para colmo, tampoco la respaldan «ni sus socios independentistas». Otro tanto se puede decir, añadió el portavoz municipal de los populares, del resto de partidos, que tampoco secundan este plan, lo que supone que el Gobierno «se haya quedado solo». De hecho, tampoco la avalan los ayuntamientos de Barcelona y Cádiz, «ni Colau ni Kichi, que no son sospechosos preciosamente de bailar al son que marca Pablo Casado».

Tras la exposición inicial, la concejal de Izquierda Unida, Virginia Carrera, criticó el decreto porque «elimina la autonomía política» de las entidades locales y supone «una intervención con perjuicios» para los consistorios, justo en «un momento de máxima necesidad», cuando los ayuntamientos se encuentran con «necesidades horribles» como consecuencia de la pandemia y sus efectos.Carrera fue tajante cuando proclamó, en términos coloquiales, que «a nadie le puede gustar que le quiten sus ahorros».

Instantes antes, la edil de Podemos, Carmen Díez, exteriorizó su rechazo a la moción auspiciada por el PP por entender que el título de la misma ya resultaba «engañoso y apocalíptico» y estaba dando pie a un texto que «no es cierto».

En cuanto a Ciudadanos, el edil Fernando Castaño derrochó una especial sinceridad cuando confesó que se sentía «encantado» por las palabras verbalizadas por Virginia Carrera, de IU, porque pusieron de manifiesto una decisión del Gobierno «rechazable en el fondo y en la forma» y que «afecta gravemente a todos los municipios».

A continuación, el representante del PSOE, Marcelino García, insistió en que el acuerdo sobre el superávit de los ayuntamientos era «fruto de la negociación con la FEMP», a la que los ayuntamientos podrán acogerse «voluntariamente» y que les permitirá «invertir más, respetando el equilibrio presupuestario». Además, según el edil socialista, la iniciativa «evitará que los ayuntamientos caigan en el déficit», a lo que sumó su crítica al PP por presentar una moción que «solo busca desgastar al Gobierno de la nación y sin más alternativa que la bronca», lo que ponía en evidencia, a su juicio, que la moción era «vergonzosa».

Por otro lado, Izquierda Unida también secundó, aunque puntualizando por boca de su edil Virginia Carrera que sus planteamientos diferían totalmente de los sustentados por el grupo de gobierno, la moción que presentó al pleno la primera teniente de alcalde y concejala de Ciudadanos,Ana Suárez, encaminada a instar al Gobierno de la nación a agilizar los trámites en la gestión y la tramitación de las solicitudes delIngreso MínimoVital.

Ana Suárez aportó, como un palpable ejemplo sobre los decepcionantes resultados que está cosechando la nueva ayuda gubernamental, el caso de una familia salmantina que estaba percibiendo 580 euros mensuales gracias a la Renta Garantizada de la Ciudadanía que promueve la Junta de Castilla y León y que, finalmente, se había visto gravemente perjudicada al perder esta ayuda autonómica viéndose obligada a recibir una irrisoria ayuda de 124 euros mensuales en el marco del Ingreso MínimoVital.

Carmen Díez no compartió en ningún momento las tesis esgrimidas por la edil de la formación naranja y desveló que en Salamanca se contabilizan 6.000 solicitantes del Ingreso Mínimo Vital y, de ellos, 5.000 peticiones ya han sido grabadas con vistas a su resolución. Finalmente, PP yCiudadanos lograron que fuera aprobada su moción, contando también con el respaldo de la edil de Izquierda Unida, Virginia Carrera, quien justificó su postura argumentando que resultaba preciso solucionar cuanto antes todos los problemas administrativos que se han generado en torno a la nueva ayuda.