Los abogados de Salamanca piden a Interior asistir por videoconferencia a los detenidos

Los abogados quieren más protección en el ejercicio de su profesión, en especial en la asistencia que prestan a las personas detenidas en las dependencias policiales y de la Guardia Civil y en los juzgados.

La Junta de Gobierno del Iustre Colegio de Abogados de Salamanca (ICASAL) acordó el pasado 26 de marzo, durante la reunión que celebró para analizar la adopción de nuevas medidas ante la crisis del coronavirus, remitir escritos tanto al juez decano de Salamanca, al secretario coordinador, así como a los Ministerios de Interior y Justicia, con el fin de exigir «de carácter inmediato» que las asistencias a los detenidos, siempre que haya medios técnicos que así lo permitan , se hagan por videoconferencia, con el fin de evitar el contacto físico entre letrado y detenido y prevenir de esta forma riesgos en relación a la propagación del virus.

Además, los letrados que integran la Junta de Gobierno también quisieron expresar su apoyo a «los compañeros y las compañeras que prestan los servicios de guardias y asistencias, a quienes hemos procurado dotar de medidas de protección, reconociendo su encomiable labor en estos momentos de dificultad».

El listado de acuerdos de la Junta de Gobierno, que se han hecho públicos con su inserción en la página web del Colegio de Abogados y donde se pueden consultar de forma detallada, abarca también la reiteración en los escritos tramitados ante elConsejo General de la Abogacía Española y del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, instando para que estos organismos, a través de la Comisión de Seguimiento, adopten «todas las medidas de presión» al Gobierno Central «para que se incluya a los profesionales no sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en todas las medidas económicas previstas para los autónomos, equiparando dichas situaciones a estos efectos».

Además de ordenar el cierre físico de la sede que tiene el Colegio de Abogados y de canalizar la actividad profesional de su personal a través del teletrabajo, la Junta de Gobierno valoró la posibilidad de actuar sobre las cuotas colegiales, «entendiendo que en el sentir de la mayoría se encuentra la posibilidad de condonación o suspensión del pago, de forma similar a algún otro colegio que ha implantado dicha medida». No obstante y tras un amplio debate y examen de todas las circunstancias concurrentes, especialmente el escaso margen de tesorería existente actualmente, el ajuste presupuestario necesariamente aprobado en la anterior Junta General y las previsiones para los sucesivos meses tras la crisis impulsaron a la Junta de Gobierno a concluir que no resulta factible afrontar medidas como la condonación de la cuota colegial o parte de la misma, «entendiendo que se adoptan soluciones como la modificación del reglamento de la Obra Social y su dotación extraordinaria de fondos que tienden a dar cobertura a los compañeros y compañeras que así lo necesiten».

En relación a la posibilidad de aplazar el abono de las cuotas por los colegiales, se decidió abordar este asunto mediante la elaboración de un exhaustivo estudio económico para dilucidar si se puede implementar tal medida en este colegio.