La Plaza Mayor lucirá sin el medallón de Franco 80 años después de su colocación

La controvertida efigie que glorifica la memoria del general ferrolano y jefe del Estado español entre los años 1939 y 1975, Francisco Franco Bahamonde, desaparecerá próximamente de la Plaza Mayor. La insistente reclamación de una parte importante de los sectores vecinales y políticos de la sociedad salmantina de eliminar el medallón de Franco del ágora monumental una reivindicación que arrancó en los años de la Transición y que alcanzaba su cúspide y su punto álgido de mayor conflictividad cada 20 de noviembre con motivo del aniversario de la muerte de Franco tuvo su colofón ayer en la reunión matinal que celebraron los miembros de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

Un escueto comunicado de la Comisión Territorial al término de la sesión zanjaba años de intensa polémica y continuos rifirrafes dialécticos entre los incansables detractores y los nostálgicos partidarios del régimen franquista. En el texto oficial de la nota de prensa se indicaba que los miembros de la Comisión Territorial consideraron «por unanimidad que el medallón de Franco no posee razones que obliguen a mantenerlo necesariamente en su actual ubicación, en el pabellón real de la Plaza Mayor».

El informe aprobado ayer por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural es, en realidad, un dictamen del órgano competente en materia de patrimonio histórico en la provincia de Salamanca. Los miembros de la comisión asumieron en este sentido los contenidos del informe previo redactado por el comisionado de patrimonio, el catedrático de Historia del Arte de la Usal, Antonio Casaseca. En el texto del mismo se señala expresamente que «los deterioros sufridos desde hace años permiten plantear la posibilidad de que sucesivas restauraciones hayan alterado significativamente la obra original, y que los valores artísticos que pueda tener sean en realidad más fruto de estas intervenciones que de los propios artistas que la diseñaron y esculpieron».

La Comisión Territorial estimó que en el medallón «no concurren las suficientes razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas» protegidas por la ley previstas en el artículo 15.2 de la Ley de la Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, por la que «se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la dictadura».

El veredicto de la Comisión Territorial de Patrimonio no deja lugar a posibles dudas o interpretaciones, pues especifica de forma precisa que el medallón de Franco, obra del escultor Moisés de Huerta en el año 1937, no puede encuadrarse dentro de las excepciones que se encuentran recogidas en la Ley de la Memoria Histórica que auspició el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Curiosamente, la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio desbarató las previsiones más pesimistas que habían surgido desde diferentes círculos políticos y sociales, que temían que dicha comisión no diera luz verde al desmontaje del medallón. De hecho, en los últimos días la asociación Memoria y Justicia no ocultó sus temores de que la comisión se pronunciara en contra de la retirada. Incluso el actual coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Rodero, llegó a declarar que sospechaba que la Comisión Territorial de Patrimonio no apoyaría la eliminación del medallón de la Plaza Mayor. Lo hizo después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de la capital dictara sentencia el pasado 26 de octubre en relación a la demanda que presentó Izquierda Unida contra el Ayuntamiento por la obstinación de este último en seguir preservando el medallón.

Un aluvión de reacciones se desencadenó a lo largo de toda la tarde de ayer, después de que se hiciera pública la decisión de la comisión. Alternativa Republicana y Podemos aplaudieron el pronunciamiento de la Junta. El coordinador provincial de la formación morada, Ignacio Paredero, afirmó que «al PP se le acaban las excusas para ejecutar la voluntad de todos los salmantinos», que se materializó en el acuerdo plenario del pasado 1 de diciembre.

En parecidos términos se expresó Ciudadanos. Su portavoz municipal, Alejandro González Bueno, afirmó que «nos alegramos de que se cumpla la ley».