IU estrecha con una querella el cerco judicial por las obras de la Diputación

La ofensiva política y judicial contra las sospechosas adjudicaciones efectuadas por la Diputación respecto a las obras para el mantenimiento de las carreteras de la provincia se recrudeció ayer, después de que Izquierda Unida presentara una querella por presunto fraude, prevaricación y alteración del precio en concurso público contra el vicepresidente primero de La Salina y diputado provincial de Fomento, Carlos García Sierra, y el director de la citada área, Manuel Borrego.

La querella abarca 20 contratos adjudicados por el grupo del gobierno del PP, que se repartieron entre cuatro empresas por un importe total de 1.420.000 euros, según explicó el portavoz de IU, Gorka Esparza. El abanico de irregularidades pone de manifiesto que algunas adjudicaciones no se plasmaron con el correspondiente documento administrativo. Todas ellas fueron efectuadas por el controvertido procedimiento negociado sin publicidad, un método de adjudicación pensado para situaciones excepcionales y que en La Salina ha resultado ser una práctica habitual. Para colmo, «solo en uno de los 20 contratos» se llegó a reducir el precio inicial, lo que da a pensar que «los contratos estaban dados de antemano», especificó Esparza. Además, tras esta modalidad de adjudicación subyace un hecho sospechosamente habitual, como era que dos de las tres empresas que habían sido invitadas a cada concurso declinaban al final su presentación al mismo.

La demanda de IUse suma a la querella tramitada por el PSOE por el mismo motivo, y a las diligencias abiertas por la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número uno de la capital. En este sentido, la coalición de izquierdas matizó que, aunque su querella se circunscribe a 20 contratos presuntamente irregulares, intuyen que podría haber muchos más. No en vano, los socialistas calculan que los contratos adjudicados de forma ilegal entre 2007 y 2012 se cuantifican en 12 millones de euros.