La Justicia también se moderniza en el medio rural y amplía su abanico de servicios
Los Juzgados de Paz se transforman en Oficinas Municipales de Justicia adaptados a las necesidades de los vecinos
Aun no tienen ni el rótulo en la puerta, pero la transformación de los tradicionales Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en los Municipios ( ... OJM) es inminente y su implantación dotará a los pueblos de una nueva infraestructura pública que ofrecerá a los ciudadanos un abanico de servicios mucho más amplio y adaptado a las necesidades del medio rural.
La transformación, enmarcada en el Plan Justicia 2030, permitirá mantener los servicios tradicionales de las actuales agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, como el Registro Civil o el apoyo a la figura del juez de paz, pero incorporará también otros nuevos vinculados a la digitalización, la eficiencia y la proximidad de la Justicia al territorio.
Esta transformación, recogida en la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, afectará a las doce agrupaciones de Juzgados de Paz que hay en la provincia y que a su vez dependen de los partidos judiciales de Carrión de los Condes (Herrera de Pisuerga, Osorno, Saldaña y Villoldo), Cervera de Pisuerga (Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Guardo) y Palencia (Astudillo, Baltanás, Paredes de Nava, Venta de Baños y Villada).
No se crearán nuevas estructuras, ni desaparecerán las que existen, simplemente se transformarán y modernizarán para acercar la Justicia al ciudadano. Tampoco cambiarán de ubicación, seguirán ocupando instalaciones de los ayuntamientos y no sustituirán las funciones actuales de los Juzgados de Paz, sino que las ampliarán de forma considerable.
«Una persona mayor podrá comparecer en un procedimiento sin tener que ir a Palencia», afirma el decano de los abogados
Para Miguel Hermosa, decano del Colegio de la Abogacía de Palencia, esta reforma es una oportunidad que debe traducirse en una mejora real de servicios para los vecinos del medio rural. «Se trata de acercar la Justicia al territorio, de hacerla visible y accesible», asegura. Sobre todo en una provincia como Palencia, que está dentro de esa España silenciada que existe pero no trasciende, porque «estas oficinas pueden ser un punto de inflexión si se les dota del contenido y los medios necesarios», afirma.
El decano asegura que para una provincia como la palentina, con una geografía marcada por la extensión y la baja densidad de población, esta transformación puede convertirse en una gran oportunidad para acercar la Justicia al territorio, si se las dota de contenido para que haya un mejor acceso al servicio público de Justicia por parte del ciudadano. En provincias despobladas y envejecidas, con entidades locales pequeñas y solo tres partidos judiciales, como la nuestra, es fundamental consolidar los servicios que se ofrecen y también en Justicia, insiste Hermosa.
De entrada, desde estas oficinas se podrán seguir haciendo trámites sencillos como obtener una fe de vida, o una inscripción en el Registro Civil, pero también, otros más complejos como tramitar certificados de antecedentes penales o de últimas voluntades, gestionar solicitudes de asistencia jurídica gratuita, realizar comunicaciones procesales, acceder a expedientes judiciales electrónicos o comunicarse con otros juzgados y administraciones sin necesidad de desplazarse a la capital y, de forma progresiva comparecencias por videoconferencia.
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Todo ello desde la propia localidad, con el acompañamiento de personal especializado y aprovechando la infraestructura ya existente en los ayuntamientos.
El Consejo de la Abogacía de la región ha impulsado un grupo de trabajo sobre justicia rural para mejorar la atención legal
Hermosa destaca también el papel que la abogacía puede jugar en este proceso. De hecho, desde el Consejo de la Abogacía de Castilla y León se ha impulsado un grupo de trabajo sobre justicia rural, que tiene entre sus objetivos precisamente mejorar la atención legal en el entorno rural y apoyar la implantación efectiva de estas oficinas.
«Estas oficinas permitirán, por ejemplo, que una persona mayor comparezca en un procedimiento sin tener que ir hasta Palencia, o que pueda obtener una copia de su expediente con ayuda del personal de la oficina», explica.
Vistas a distancia
Para ello, según el Ministerio de Justicia, estos espacios estarán equipados para realizar una larga lista de servicios hasta ahora solo disponibles en capitales o partidos judiciales. Y en este aspecto, la tecnología será la gran aliada de esta nueva etapa. La conexión telemática con todos los juzgados del país permitirá, por ejemplo, celebrar vistas a distancia, reducir costes y evitar desplazamientos innecesarios. Además, estarán integradas en el sistema de cita previa judicial, actuarán como puntos de acceso al expediente electrónico y se conectarán con los colegios de la abogacía, servicios de mediación y oficinas de atención a víctimas del delito.
«Este modelo nos permitirá ser más eficientes», insiste Hermosa, y será una gran ventaja para las personas mayores que no disponen de certificado electrónico o de ordenador en casa, porque podrán acceder a los servicios de Justicia sin tener que desplazarse hasta la capital.
El reto, señala el decano, estará en la ejecución. «Tenemos el marco legal, tenemos los recursos y tenemos el diagnóstico. Ahora falta que cada oficina se dote bien, que el personal reciba formación, que los sistemas informáticos funcionen y, sobre todo, que la población lo perciba como un recurso útil y cercano», resume.
Los trabajadores se quejan del incremento de la carga de trabajo
Como señalan desde las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz los propios trabajadores, el proceso de adaptación y transformación, todavía en una fase muy inicial, está siendo complejo y costoso. Más allá del cambio de denominación, que ni siquiera ha llegado a las puertas de los despachos, y de la formación 'on-line' que está recibiendo el personal que trabaja en estos Juzgados de Paz, lo único que se ha materializado es la implementación desde el 4 de junio de DIGIREG, la plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, en la que se tramitan los expedientes por medios electrónicos.
Un solo paso que no ha hecho más que incrementar la carga de trabajo y ralentizar los procedimientos, como apuntan los empleados consultados, gestores procesales y auxiliares judiciales, muchos de ellos interinos, que atienden las actuales agrupaciones de juzgados de paz en doce municipios de la provincia. «Esto es una locura, estamos hasta arriba de trabajo, tardamos el doble de tiempo en hacer las cosas, hay que escanear documentos, meterlo en el sistema, estamos desbordados», se queja un trabajador que no quiere dar su nombre. «Si lo que querían era agilizar las cosas, lo que están haciendo es ralentizarlas», añade otro que no tiene tiempo ni para atender el teléfono.
Otros son más pacientes con esta transformación: «Está todo en fase de implantación, nos estamos formando, y poco a poco se irá viendo el impacto real que esto puede tener sobre el ciudadano», sostienen, conscientes de que toda modernización requiere sus tiempos y que adaptarse a nuevas formas de trabajar siempre es costoso. «Es indudable que DIGIREG tiene sus ventajas, pero nos está volviendo locos porque hay que volcar muchos datos», sostiene una empleada de justicia. «Sobre el papel todo es muy bonito y si se hace como está planteado estará muy bien, pero hace falta que todo funcione», comenta otra trabajadora.
Pero de momento, lo único que perciben es que su carga de trabajo está aumentando, sin que se haya pensado en reforzar las plantillas, ya de por sí infradotadas, y se enfrentan al mismo problema que otros trabajadores públicos, las jubilaciones, el personal interino y que no se cubren los puestos de trabajo.
De cada oficina municipal de justicia dependerán también los ayuntamientos que ahora están en cada agrupación, con sus correspondientes pedanías, sus muchos vecinos, y la obligación de seguir prestando apoyo a los jueces de paz.
De forma que, según los datos del Ministerio de Justicia, los dos empleados que hay en cada oficina tendrán que atender a 26 municipios y casi 5.800 habitantes en el caso de Baltanás; a 19 municipios y 6.700 habitantes en Saldaña; a 30 municipios y 9.000 habitantes en Astudillo o a 9 ayuntamientos y 9.600 habitantes en el caso de Guardo. Solo Venta de Baños cuenta con cuatro empleados de Justicia para atender a 4 municipios y 16.500 habitantes, incluida la población reclusa del centro penitenciario, mientras que en el resto de OJM tendrá que seguir funcionando con dos empleados de justicia. Con estas cifras, los trabajadores se quejan de que ya venían soportando una carga que era excesiva y si la modernización prevista no tiene en cuenta un factor tan importante «van a empezar a llover las quejas en el Ministerio», advierte un empleado.
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