Palencia

39 cámaras vigilarán los accesos y salidas de la Zona de Bajas Emisiones

Sin embargo, aunque la señalización es válida, no así la advertencia de que el control se efectúa mediante cámaras, puesto que aunque están operativas, no pueden utilizarse con fines sancionadores, puesto que el Ayuntamiento de Palencia no se ha dotado de una ordenanza reguladora a tal efecto, como es preceptivo. Las cámaras disuaden y también ayudan en la investigación de delitos e infracciones, aunque no sirven por el momento como elementos para el control del tráfico de vehículos.

Pero esta situación está próxima a cambiar, dado que el Ayuntamiento de Palencia se encamina ya a la implantación de las denominadas Zonas de Bajas Emisiones, una exigencia europea obligatoria para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, que según las directrices comunitarias ya debería haber entrado en funcionamiento en una capital como Palencia, pero que de momento se encuentra en su fase inicial.

Por el momento, ha publicado ya la licitación del contrato para la implantación de ese sistema electrónico que permitirá la videovigilancia de la zona que se ha definido como de bajas emisiones de gases contaminantes, que según ha sido aprobada comprenden todo el casco histórico de la ciudad. En la memoria elaborada para solicitar los fondos europeos con los que se financiará el proyecto se establecen claramente los límites del espacio que el Ayuntamiento quiere acotar como Zona de Bajas Emisiones: el proyecto se extiende en la zona central delimitada por el anillo interior que delimitan las rondas de la ciudad de Palencia, avenida Castilla, Simón Nieto, Casado del Alisal, Manuel Rivera y el Paseo del Salón, hasta la Plaza Pío XII.

Y es en los puntos de acceso o de salida de ese perímetro en los que se instalarán las cámaras que harán realidad ese proyecto de las bajas emisiones, que «proporcionará beneficios comunes a todos los ciudadanos, por lo que de manera inmediata los ciudadanos y turistas podrán apreciar la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático, el fomento del transporte sostenible, la estimulación de la innovación, la reducción del ruido, los beneficios para la salud pública, y en general una mayor calidad de vida para todos«, se recoge en la memoria justificativa de la intervención.

La propuesta que se encuentra en fase de licitación (el plazo para la obtención de los pliegos y la presentación de ofertas finaliza el 27 de octubre) cuenta con un presupuesto base de 1.724.961 euros, con los impuestos incluidos, y un periodo máximo para la ejecución de los trabajos de nueve meses a contar desde la formalización del contrato.

Ese objetivo que quiere alcanzarse de reducción de los gases contaminantes solo puede llevarse a cabo con medidas como la reducción de los niveles de tráfico en la ciudades, por lo que una de las principales consecuencias que tendrá la implantación de la Zona de Bajas Emisiones es la limitación del número de vehículos que podrá circular por esta área acotada de la ciudad.

El equipo de gobierno municipal, del PSOE, que ha insistido en que se ha visto obligado a asumir el diseño planificado por el PP, para no perder las ayudas concedidas por la Unión Europea para desarrollar diferentes iniciativas de transformación de la movilidad en un modelo más sostenible ambientalmente, ha asegurado también que las limitaciones a la circulación de automóviles en la Zona de Bajas Emisiones serán las mínimas posibles, garantizándose, según explicaron los concejales de Urbanismo, Álvaro Bilbao, y de Hacienda, Carlos Hernández, que el 90% de los vehículos que circulan de forma habitual por esas calles podrán seguir haciéndolo libremente.

Ambos ediles señalaron que se aplicarán algunas restricciones de entrada en la Zona de Bajas Emisiones -«las mínimas posibles»-, puesto que la principal medida será la reducción de la velocidad permitida, de tal forma que al circularse mucho más despacio habrá menos contaminación, además de fomentarse el uso de aparcamientos disuasorios y de extenderse la semipeatonalización de calles mediante la elevación de la calzada hasta el mismo nivel que las aceras, de tal forma que la mayor parte de las vías sean de uso compartido en toda su superficie por los peatones y los vehículos.

Pero al final, todas estas medidas irán acompañadas de un sistema de control de accesos y salidas de la zona acotada mediante el uso de cámaras de videovigilancia, cuyo suministro e instalación conforman el contrato que se encuentra en fase de licitación en estos momentos, por esos 1,7 millones de euros. Esas cámaras no podrán entrar en funcionamiento hasta que el Ayuntamiento apruebe una ordenanza que regulará todo el sistema de la Zona de Bajas Emisiones y en la que se definirá cuáles serán realmente las limitaciones, los accesos permitidos, la velocidad autorizada y también el régimen sancionador por incumplimiento.

En el propio pliego de condiciones de la contratación figuran estos aspectos como elementos inherentes al sistema de bajas emisiones. «Se requiere una plataforma informática que permita gestionar las autorizaciones, exenciones y sanciones de manera ágil y eficiente, para hacer efectivas las restricciones de acceso y la automatización del control de vehículos a la ZBE», se recoge en el pliego de condiciones técnicas, mientras que en la memoria de la licitación se abunda en la importancia de la implantación de estas áreas de tráfico restringido para la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los ruidos, la mitigación de los gases de efecto invernadero y el fomento de la salud público, además de estimularse también la economía vinculada a la producción de sistemas de transporte alternativos al vehículo de motor.

Otro de los planteamientos que se deja entrever en las condiciones previas del contrato es la posibilidad de adaptar el sistema de videovigilancia y control a los cambios que se vayan introduciendo en cuanto a las limitaciones fijadas para la Zona de Bajas Emisiones. El planteamiento final del modelo fijado por la Unión Europea es la práctica desaparición del uso de automóviles de motor de combustión en las áreas acotadas, por lo se insta a los ayuntamientos a ir aumentando esas restricciones del tráfico rodado de forma progresiva, a pesar de que las limitaciones sean mínimas en los primeros momentos.

El contrato establece que el control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones debe hacerse mediante cámaras y sensores, evitando en lo posible la ejecución de medidas urbanísticas. Así, los dispositivos de grabación y control se distribuirán por todas aquellas calles que permiten la entrada y la salida del área acotada, que, como se ha visto, se corresponde con el casco histórico de la ciudad.

En total, según se establece en el pliego de condiciones se plantea la colocación de 39 cámaras. Algunas se corresponden con lugares en los que ya previamente se habían instalado dispositivos de grabación, como en las calles Valentín Calderón o Los Soldados, aunque hay vías en las que existen estas cámaras, que todavía no pueden sancionar, pero que no figuran en el listado de las que se van a implantar con este nuevo plan, como San Pablo o Becerro de Bengoa. Según los datos que maneja el Ayuntamiento en la Zona de Bajas Emisiones residen algo más de 15.500 habitantes, en un área de 764.143 metros cuadrados, en la que se cuenta también con 4.500 plazas de aparcamientos y una previsión de accesos diarios de 27.500 vehículos.

El listado de calles en las que se colocarán cámaras, bien de entrada o bien de salida, en función de su ubicación, es el siguiente: Colón, Mancornador, Mayor Antigua, Pío XII, Panaderas, Marqués de Albaida, Don Miro, Portillo Doña María, Plaza de Puente, Los Gatos, Salvino Sierra, Asterio Mañanós, Juan XXIII, Los Pastores, Agustina de Aragón, Marqués de Santillana, Eduardo Dato, Antonio Maura, Alonso Fernández de Madrid, Obispo Nicolás, Soldados, Valentín Calderón, Martínez de Azcoitia, Burgos, Plaza San Lázaro, Estrada, Rizarzuela y Paseo del Salón.

Se trata de 28 vías públicas del casco histórico (están excluidas las avenidas que forman el perímetro de la zona acotada), en las que se distribuirán las 39 cámaras. Algunas tendrán para controlar tanto la entrada como la salida e incluso en determinados casos podrán disponer de dos cámaras para un mismo cometido.